Preguntar en el Congreso o en el Senado sobre los negocios, viajes o cualquier otra actividad relacionada con el rey Juan Carlos es estrellarse contra un muro de burocracia. Más de medio centenar de preguntas dirigidas al Gobierno desde 2015 y referidas al rey emérito han sido vetadas por las mesas de las Cámaras, según cálculos de grupos parlamentarios consultados por eldiario.es.
Aunque la cifra exacta de todas las iniciativas presentadas es difícil de precisar, el número de vetos, según se calcula, está cerca del centenar si se echa la vista atrás a la última década.
Los intentos de conocer e investigar en el Parlamento las actividades del anterior monarca durante sus casi 40 años de reinado en España siempre han partido de parlamentarios de ERC, PNV, IU y ahora de Podemos. En épocas pasadas, también de UPyD. Pero nunca del PP, del PSOE o de la antigua CiU, pese a que ahora su grupo heredero, el PDeCAT, se ha sumando a alguna que otra iniciativa.
Socialistas y populares, con la ayuda ahora de Ciudadanos, se han encargado de rechazar todos esos intentos de fiscalizar la actividad del anterior Jefe del Estado gracias a su mayoría absoluta en las mesas de ambas Cámaras. En el Congreso, la unidad que han demostrado estos tres grupos ante todo lo que que se refiere al rey emérito les ha valido que el resto de partido los hayan bautizado como el “bloque monárquico”, a pesar de que los socialistas se proclaman republicanos.
La “inviolabilidad” del rey la recoge la Constitución
El argumento principal para esos vetos es que el artículo 66 de la Constitución limita las funciones de control del Parlamento a la acción de Gobierno y muchas preguntas parlamentarias sobre don Juan Carlos o sobre los negocios realizados por su familia bajo su amparo, se salen de ese ámbito por ser “algo privado”, por lo que no se admiten por esta cuestión.
Además, el artículo 56.3 proclama la “inviolabilidad” del monarca con lo cual no tiene que rendir cuentas ante la Justicia por ninguna acción presuntamente punible que haya cometido durante su mandato. Al dejar de ser Jefe del Estado en 2014, se convirtió en aforado.
Apelando precisamente a ese artículo 66, PP, PSOE y Cs rechazaron el pasado mes de julio los intentos de Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu de abrir una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer las supuestas prácticas ilegales e irregulares que la empresaria alemana y expareja de Juan Carlos de Borbón, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, desveló en unas conversaciones grabadas por el comisario Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. En esa charla, difundida por Ok Diario y El Español, la amiga del exJefe del Estado revelaba que don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
El propio Gobierno se negó a dar trámite a esa investigación. “No vamos a aceptar ningún chantaje al Estado”, se limitó a decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La comparecencia en una comisión secreta y a puerta cerrada en el Congreso del director del CNI, Félix Sanz Roldán, para hablar de esas grabaciones fue suficiente para los socialistas. No contentó, sin embargo, a Unidos Podemos cuyo diputado, Rafael Mayoral, salió de aquella comparecencia “con más dudas que nunca”.
La 'ley del silencio' continúa imperando
Al margen de esa petición de abrir esa comisión de investigación, los grupos de la oposición siguen quejándose de la “ley de silencio” que el PSOE, PP y Ciudadanos han decretado en tono al rey.
ERC y Unidos Podemos han sido los grupos que en los últimos meses han capitaneado la mayor ofensiva contra sus andanzas. El último ejemplo está aún caliente. El diputado Rafael Mayoral registró la semana pasada una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la información que destapó en exclusiva eldiario.es para conocer “¿por qué el ex embajador de España, Manuel Alabart, acompañó a la ciudadana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, durante la reunión oficial que mantuvo con la familia real de Arabia Saudí en junio de 2007?”. Y qué medidas se estaban tomando “ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas en paraísos fiscales de Juan Carlos de Borbón y Borbón?”.
En el Pleno también su compañera Noelia Vera inquirió al Gobierno mientras el coordinador de IU, Alberto Garzón, pedía la comparecencia en el Congreso del ministro del Exteriores, Josep Borrell.
Las preguntas no fueron admitidas a trámite y tampoco la comparecencia del ministro. Pero la formación de Pablo Iglesias intentó sortear el veto dejando de mencionar de forma expresa a don Juan Carlos, para conseguir que el Gobierno diera explicaciones en la sesión de control de ese miércoles.
No obstante, a finales de abril la mesa del Congreso tampoco admitió otra batería de cuestiones presentadas por el coordinador de IU, Alberto Garzón y su compañero de UP, Miguel Ángel Bustamante, que se centraban principalmente en las finanzas y el patrimonio del rey emérito Juan Carlos. Pedían saber, entre otras cosas, por qué sus finanzas no son fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas.
Tampoco se ha podido conocer nada relativo a sus viajes y cacerías y negocios con su amante como mediadora. Esa relación entre el rey y Corinna ya fue objeto de preguntas en 2013 por parte de la líder de UPyD, Rosa Díez, que registró varias pregunta al Gobierno sobre “quién encargó a la princesa un vídeo protagonizado por el Rey y dirigido a inversores de los Emiratos Árabes Unidos”.
“Hay punto oscuros de los que no nos han dado explicaciones y nos las tienen que dar”, dijo entonces Rosa Díez.
Una de las pocas respuestas que han recibido los diputados sobre temas relativos al rey la obtuvo a finales de 2014 el exdiputado de IU, Gaspar Llamazares que había interesado por los “secretos” del golpe del Estado del 23F y el papel jugado por don Juan Carlos. El Gobierno esgrimió el carácter secreto de los encuentros con distintos mandos militares que el Rey Juan Carlos mantuvo las semanas previas al 23 de febrero de 1981, cuando tuvo lugar el frustrado golpe de Estado, para no hacer comentarios sobre esas reuniones.
Su entonces compañero de filas, Ricardo Sixto, registró un año antes una batería de preguntas al Gobierno para saber si su yerno, Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina de Borbón o Diego Torres aparecían en la lista de defraudadores a Hacienda robada por Hervé Falciani.
Con todo, el portavoz de ERC, Joan Tardá, es uno de los que acumula más vetos a sus reiteradas preguntas sobre el Jefe del Estado. El hartazgo por tanto veto le llevó a presentar hace un año una batería de socarronas preguntas sobre el accidente que acababa de tener la Infanta Elena con su caballo en las instalaciones hípicas del Palacio de la Zarzuela.
Además de preguntar por el coste y las razones por las que el monarca construyó un picadero en Zarzuela, Tardá se interesaba por saber si el caballo del que cayó la infanta era “propiedad pública o privada”. La iniciativa fue vetada por la mesa del Congreso pero su curiosidad le valió que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) le diera aquel año el premio a la 'Pregunta del millón'.
El historial de Tardá en cuanto a vetos sobre el rey se remonta a mucho más atrás. En 2004 pretendió que el Ejecutivo se pronunciara por escrito sobre la participación del monarca en una cacería de osos protegidos en Rumanía. En octubre de 2006 vio también tumbadas todas sus preguntas sobre la cacería de don Juan Carlos en Rusia de un oso que, según desveló un diario local, había sido emborrachado previamente con vodka y miel.
El exportavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, abrió la veda
Con todo, y remontándonos a mucho más tiempo atrás, el exparlamentario que abrió la veda sobre las preguntas sobre el entonces Jefe del Estado, acumulando todo un récord de rechazos, es Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV en el Congreso entre 1986 y 2004 y senador hasta 2015.
Según comenta en conversación con eldiario.es “la censura entorno a la figura del rey ha sido y sigue siendo brutal”, como relata en los dos libros que ha escrito a propósito de este asunto.
Durante su larga trayectoria parlamentaria, Anasagast intentó -casi siempre sin éxito- preguntar a los gobiernos de turno, tanto del PP como del PSOE, sobre las actividades del rey emérito, sus oscuros negocios y sus famosas cacerías en varios países del mundo. Entre otras cosas, se interesó por saber quién sufragaba los gastos de todo el séquito de amigos que le acompañaban. La princesa Corinna ya figuraba en sus preguntas.
También quiso saber en diversas ocasiones “los motivos de los otorgamientos de títulos nobiliarios por parte del Jefe del Estado” a diversas personalidades. Las respuesta eran siempre las mismas: “Es un control indirecto de un organismo constitucional no sujeto a control parlamentario”.
Según desvela el exportavoz del PNV, en tiempos de Rodríguez Zapatero un veterano fontanero de Moncloa, le llegó a llamar por teléfono para pedirle que no siquiera registrando preguntas por escrito ni preguntando oralmente en los Plenos al Gobierno sobre la Corona, “porque nos pones en un brete”.
Anasagasti no cejó. Y en 2012 a raíz de la fractura de la cadera derecha que sufrió el rey cuando se encontraba en Botswana cazando elefantes -una noticia levantó una gran polvareda - quiso saber “cómo pudo poner su rubrica en los nombramientos de los nuevos embajadores en Estados Unidos y en la India”, “teniendo como lugar de la firma de ambos decretos Madrid” mientras se encontraba en esas tierras africanas.
Tras su recuperación, el rey se vio obligado a pedir perdón públicamente. “Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”, exclamó ante una nube de periodistas. Aquel episodio marcó el inicio del final de su reinado. De hecho, abdicó en favor de su hijo Felipe en junio de 2014 con su prestigio por los suelos.
Ese paulatino deterioro de su imagen que fue cosechando don Juan Carlos llevó al CIS a dejar de preguntar sobre la monarquía. La última vez que lo hizo, en abril de 2014, con Juan Carlos aún en el trono, la institución sacó un suspenso clamoroso: una nota de 3,73, en una escala del 0 al 10.