En pleno arranque de los actos conmemorativos del cuarenta aniversario de la Constitución, con el ruido de ida y vuelta sobre la necesidad de su reforma, un artículo del texto de 1978 ha condicionado la actualidad judicial y parlamentaria de forma inusual. Letrados del Congreso, Fiscalía Anticorrupción y un juez de la Audiencia Nacional han esgrimido el punto 3 de su artículo 56 para recordar esta misma semana que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.
El magistrado de refuerzo de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivó este viernes una pieza separada de la investigación al comisario Villarejo en la que figuran unas grabaciones a la examante del rey Corinna zu Sayn Wittgenstein describiendo posibles actividades ilegales del hoy rey emérito. La decisión judicial llega tres días después de que PP, PSOE y Ciudadanos bloquearan la creación de una comisión de investigación en el Congreso que había propuesto Unidos Podemos. Uno y otros recurren a la imposibilidad de investigar al monarca que recoge la Norma Fundamental.
Horas antes de que el juez De Egea dictara su auto, la Fiscalía Anticorrupción se pronunció en el mismo sentido y lo hizo saber con una nota de seis páginas en la que explica el escrito presentado al juez. En dos ocasiones menciona la “inviolabilidad” del monarca.
La comisionista alemana sostiene en las cintas, entre otras acusaciones, que ella tiene una finca en Marruecos que le cedió el rey porque la princesa tributa en Mónaco. “Los datos, más allá de su posible trascendencia tributaria, no son suficientes para iniciar una investigación penal que tendría naturaleza prospectiva y que, en todo caso, remite a fechas en las que el rey Juan Carlos gozaba de inviolabilidad”, escriben los fiscales.
En otro punto de la conversación con el comisario Villarejo y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, la mujer habla de una comisión de 80 millones de euros por la construcción del conocido como AVE a La Meca y que el rey fue el receptor de una parte.
“En lo que atañe a la eventual intervención del rey emérito, los indicios son extraordinariamente débiles, pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco manifiesta la razón de su conocimiento. Al margen de ello, atendiendo a la fecha del supuesto pago, también en este caso, el entonces Rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad reconocida al jefe del Estado en el artículo 56.3 de la Constitución”, dice la nota de Fiscalía.
En la Cámara Baja, este artículo de la Constitución ha servido también para vetar preguntas en la próxima sesión de control de Unidos Podemos. El diputado Rafael Mayoral iba a cuestionar al Ejecutivo por la presencia del embajador español en una de las reuniones de Corinna con la familia real saudí, en la época en la que mantenía una relación sentimental con Juan Carlos I, según desveló eldiario.es. Durante la reunión se abordó la creación de un fondo en el que 14 empresas españolas acabaron perdiendo los 21 millones que invirtieron, entre ellas, Técnicas Reunidas, actual destino profesional del diplomático presente en el encuentro, Manuel Alabart.
Los Letrados de la Cámara han advertido al grupo parlamentario que la inviolabilidad del monarca impide el contenido de esa pregunta. El mismo argumento está detrás de la negativa y otra que iba a formular la diputada Noelia Vera a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre qué medidas ha tomado su Ministerio ante las informaciones relativas a la existencia de cuentas en paraísos fiscales de Juan Carlos de Borbón. Los letrados han propuesto al grupo que modifique la formulación de las preguntas y Unidos Podemos ha optado por retirarlas y no formularlas en el próximo pleno, informa Aitor Riveiro.
El pasado julio, Unidos Podemos intentó que la ministra de Hacienda compareciera en el Congreso por el mismo motivo, pero se encontró con la negativa de PSOE y PP, ya entonces con un informe de los Letrados, y la abstención de Ciudadanos, que se debatió entonces entre la imposibilidad asumida de que la Cámara investigue al monarca y la necesidad de “transparencia”.
Corinna tampoco puede ser investigada
La Ley Orgánica del Poder Judicial viene a echar una mano en este caso a los intereses del Monarca sin que la redacción de ninguno de sus artículos se refiera al jefe del Estado. Corinna Zu Sayn Wittgenstein es ciudadana alemana, los delitos fueron cometidos supuestamente en el extranjero y la ley solo permite investigar en estos casos previa presentación de una querella de la Fiscalía o el perjudicado y solo en algunos casos muy puntuales. La consecuencia es que Corinna no puede declarar en la Audiencia Nacional para que ratificar lo que dijo en la reunión con comisario encarcelado por dirigir una organización criminal.
Más allá va el juez De Egea en su auto de archivo cuando atribuye la conducta de Corinna al despecho. Así, el magistrado estima que sus comentarios contra el rey pudieron estar motivados por “la ruptura de la relación de amistad en el año 2009, según las propias manifestaciones de D. Corinna”. El juez añade que no hay “corroboraciones periféricas” que respalden tal testimonio y que la ley también dice que la “incriminación debe ser reiterada en el tiempo”, pero que la grabación es de 2015 y que la mujer no ha denunciado en el juzgado desde entonces ningún delito.
En su auto, el juez De Egea deja constancia de sus preferencias lectoras al citar como argumento que las afirmaciones de Corinna ya figuraban en un libro de la periodista Ana Romero del que el magistrado no aclara que figure en el sumario. En otro pasaje del auto, el magistrado asegura que la versión que defiende Villarejo de que acudió a entrevistarse con Corinna por indicación del CNI “quedó desmontada” por el general Félix Sanz Roldán en una comparecencia en el Congreso declarada secreta y de la que se desconoce su contenido.
Es la Fiscalía la que desmonta el argumento de Villarejo al recordar que Villalonga insta a Corinna en un momento de la grabación que a lo que habían ido a hablar, “lo importante”, es un encargo de la mujer al policía en relación con unos problemas fiscales de un político británico.