El Congreso da el primer paso para quitarle al Constitucional el poder de inhabilitar políticos
El Partido Popular se queda en minoría, con 165 votos en contra, para defender una reforma del Constitucional que aprobó en solitario en 2015. La votación se ha saldado con 176 votos a favor.
“Señorías, si se quiere salir del agujero lo mejor es dejar de cavar”. Con esta frase defendía el diputado del PNV, Mikel Legarda la propuesta de su grupo para reformar la ley y quitarle al Tribunal Constitucional sus competencias para inhabilitar políticos. El éxito de la iniciativa lo es a medias ya que no tendrá efecto alguno sobre la posible inhabilitación de diputados como Carme Forcadell o Francesc Homs.
Legarda argumentó que la cuestión catalana o la vasca son “un problema político” y pidió “que no se use lo judicial para su abordaje”.
Desde Esquerra Republicana de Cataluña, su portavoz Ester Capella acusó al PP de haber convertido al TC “en un verdugo de la democracia”. “No acataremos leyes injustas”, advirtió la diputada de ERC.
De las dos propuestas presentadas (PDCat y PNV) para tomar en consideración la reforma legal ha salido adelante la de los nacionalistas vascos. El texto propone que el Constitucional pierda la capacidad de expulsar a políticos por el incumplimiento de resoluciones. Se plantea además eliminar la figura de recurso previo de inconstitucionalidad que supone un arma imbatible para el Gobierno a la hora de tumbar leyes aprobadas en los parlamentos autonómicos.
El triunfo de la iniciativa se debe al apoyo recibido por PSOE y Podemos. El debate ha demostrado que hay un polo en el que la fuerza de los nacionalistas sumadas a las de la segunda y tercera fuerza son suficientes para vencer al PP en los debates parlamentarios.
El diputado del PP Carlos Rojas ha cargado contra los socialistas a los que ha acusado de “dar bandazos”. Frente a la línea emprendida por Moncloa para tender puentes con Cataluña, Rojas ha mostrado el lado más duro del PP para con el mundo independentista: “Aquellos que quieren corromper la ley tendrán que asumir sus consecuencias”.
Nadie del Gobierno ha seguido el debate desde los escaños. El absentismo de los ministros ha sido total mientras el resto de formaciones abordaban la toma en consideración de una reforma que no tendrá efectos prácticos a corto plazo.
Si el PP, como es previsible, veta la iniciativa en el Senado la segunda votación en el Congreso exigirá mayoría absoluta. El Congreso ha dado un primer paso, pero el segundo parece prácticamente imposible.
