El independentismo prepara su primera gran victoria parlamentaria frente a un PP en minoría
La minoría parlamentaria del Gobierno va a dejar a Rajoy sin una de sus principales armas para contener el proceso soberanista catalán: la posibilidad de inhabilitar a aquellos cargos que incumplan las resoluciones del alto tribunal. Los nacionalistas catalanes y vascos quieren revertir la reforma exprés que los de Rajoy sacaron adelante en 2015, apoyados en la mayoría absoluta que disfrutaban entonces. Será la primera victoria parlamentaria del independentismo, frente a un PP en minoría.
La propuesta que este martes se vota en el Congreso no es más que una toma en consideración, pero abre el camino al diseño de un nuevo modelo de relaciones entre el alto tribunal y el Gobierno de la Generalitat. Sus efectos en el corto plazo parecen mínimos pero el valor simbólico del debate es indiscutible en un momento en el que Moncloa busca tender puentes con la Generalitat.
El Pleno del Congreso debatirá dos propuestas similares presentadas por el PNV y la antigua Convergencia. El texto de los nacionalistas vascos es el que cuenta con más posibilidades de éxito ya que será apoyado por Unidos -En Comú Podem-En Marea y también por el PSOE.
En el ámbito independentista catalán está asumido que cargos como Carme Forcadell o Francés Homs serán apartados de sus cargos. En una entrevista en eldiario.es, el portavoz de ERC Gabriel Rufián aseguraba: “Partimos de la base de que por ser independentistas estamos inhabilitados de facto”.
Los cambios que ahora se pretenden introducir limitarían esa capacidad del Constitucional de expulsar a los políticos que incumplan sus resoluciones.
El debate se produce en medio de la “operación diálogo” a la que se ha entregado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. La número dos de Rajoy se ha puesto como objetivo el de tender puentes para evitar el referendum en Cataluña.
El Constitucional acaba de avalar a finales de octubre la norma que le permite suspender a políticos y cuya reforma se inicia ahora. Fuentes jurídicas aseguran que, mientras no haya una nueva ley, se seguirá aplicando ese criterio. Dicho de otro modo, la reforma no llegaría a tiempo para evitar que el alto tribunal tenga la potestad de quitar presidentes, diputados y consejeros.
