Manuel es un cabo del Ejército de Tierra de 44 años. Tiene 22 años de servicio a sus espaldas, la mayoría de ellos como mecánico de vehículos ligeros. Ha participado en las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas en Afganistán, Irak y, más recientemente, en Letonia. El año que viene, justo cuando cumpla 45 años, finalizará su contrato. Le gustaría continuar trabajando, pero no ha logrado acceder a uno de los pocos puestos de militar permanente que oferta el Ejército. Tras más de dos décadas como militar de base, saldrá despedido sin formación homologable a la civil ni documento alguno que acredite su experiencia como mecánico.
Manuel es un nombre ficticio, pero su caso ejemplifica la situación en la que se encuentran miles de soldados y marineros cuyo compromiso con las Fuerzas Armadas finalizará cuando cumplan los, en virtud de la Ley de Tropa y Marinería de 2006. Ahora, el Congreso de los Diputados reconoce que los Gobiernos que se han sucedido desde entonces han fallado a estos militares al no facilitarles su paso al mundo civil con formación, títulos de experiencia o pasarelas para seguir trabajando en el sector público. Todo ello estaba previsto en la Ley de Tropa y Marinería, pero no se ha cumplido. La única contraprestación que reciben es una asignación no contributiva de 7.200 euros al año.
El PP y el PSOE, formaciones encargadas de dirigir el Ejecutivo, han desoído este mandato legal durante más de una década. Así se refleja en el borrador del informe final de la subcomisión del Congreso creada para estudiar este problema, al que ha tenido acceso eldiario.es. El documento ha sido elaborado por los letrados de la cámara poniendo en conjunto las conclusiones remitidas por cada partido y las exposiciones de los 31 expertos (representantes de asociaciones militares, del Ministerio de Defensa y altos mandos de las Fuerzas Armadas) que han comparecido ante los diputados.
Aunque el texto aún debe ser votado por los partidos, los letrados del Congreso que resumen los trabajos de la subcomisión dan cuenta de que los “incumplimientos” tanto de la Ley de 2006 como de otras normas de menor rango que detallaban medidas para facilitar la reintegración de estos militares “muestran las preocupaciones en las que comparecientes y miembros de la subcomisión han coincidido sustantivamente”.
A raíz de ello, parte de los trabajos de la subcomisión se han centrado en discernir “cómo han de incentivarse las diversas promociones (a otras Escalas, de oficiales y Suboficiales) y a distintas especialidades que den a la Tropa y Marinería mayor versatilidad, sobre todo de cara a su situación laboral posterior a cumplir 45 años”, así como determinar “ayudas que deben provenir -existentes o a conseguir por medio de convenios, etc.- de las diversas Administraciones Públicas de los tres niveles estatal, autonómico y local, en las cuales es posible colocar a un no pequeño número de militares de Tropa y marinería que finalizan sus compromisos”.
Un problema de hace una década que aflora hoy
Aunque la Ley de Tropa y Marinería que estipulaba el tope legal de 45 años para los militares de la escala básica se promulgó en 2006, no fue hasta 2012 cuando los primeros afectados comenzaron a abandonar el Ejército. La pirámide de edad de esta escala derivó en que el problema se agravara en 2016, cuando los despedidos empezaron a contarse por centenares. Hoy superan los 800 y las asociaciones militares advierten que lo peor está por llegar, puesto que a partir de 2022 habrá cientos de despedidos cada año y, de no actuar, el número de soldados y marineros en la calle sin formación civil sobrepasará los 10.000.
La subcomisión constata en el borrador de su informe final “las enormes dificultades que plantea la inexistencia de homologación -ni lineal ni automática- de titulaciones/experiencia profesional, de manera que Educación o Formación Profesional, a pesar de la voluntad normativa de que Tropa y Marinería tengan una mínima formación al respecto durante su permanencia en las Fuerzas Armadas”, así como “el coste que para el erario público representa la salida de esta Tropa y Marinería y su conversión también temporal en Reservistas”.
Desacuerdo en las soluciones
Los diputados han mostrado menos consenso en las posibles soluciones que el diagnóstico de los problemas de los militares de base. Están de acuerdo en “huir de los extremos”: “La subcomisión es conocedora de que no sería profesional de verdad un ejército que se renovase íntegramente cada tres o seis años, por lo que a priori resultan igualmente rechazables la integral permanencia y la total renovación en período corto en nuestros Ejércitos y Armada”. Entre esos dos extremos, sus propuestas varían y deberán ser consensuadas para el documento final.
Todos los partidos han planteado una batería de medidas para facilitar el acceso de los militares de la escala básica a formación profesional homologable a la civil, así como títulos que acrediten las labores que han desempeñado en las Fuerzas Armadas. No obstante, mientras PP y PSOE no ven motivos para acometer una reforma general de la escala de Tropa y Marinería, Unidos Podemos y Ciudadanos creen que se debería modificar por completo.
Es el partido morado el más tajante en esta posición, al instar al Gobierno a derogar la presente Ley de Tropa y Marinería para desarrollar “en seis meses” una nueva que integre a los soldados y marineros en la Ley de Carrera Militar general, de la que ahora están excluidos. El portavoz de Unidos Podemos en la subcomisión, Juan Antonio Delgado, ha explicado que su grupo no aceptará que no se emprenda este cambio normativo y esta dispuesto a defenderlo con un “voto particular” en caso de que el informe final no lo recoja. “Es necesario hacer una ley que englobe a todos, no puede haber militares de primera y de segunda”, expone Delgado.
A la voluntad de sumar a los militares de base a la ley general se ha sumado finalmente Ciudadanos, representado en la subcomisión por el diputado Javier Cano. “El diseño de la carrera profesional del soldado y marinero debe contar con la flexibilidad que permita un flujo dinámico de entrada y salida del sistema, todo ello garantizando el retorno de la inversión pública efectuada”, resume el partido naranja en sus conclusiones, que también pide mayor adaptar la edad máxima a cada puesto de las Fuerzas Armadas y no cerrarla a los 35 años.
Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos piden además paralizar los despidos de militares de 45 años hasta que el Gobierno ponga en marcha el dictamen final de la subcomisión. El objetivo es evitar que el limbo de los RED siga aumentando. No obstante, la comisión de Defensa del Congreso ya aprobó a principios de año una PNL de Unidos Podemos que instaba al Ejecutivo a esto mismo a la que, de momento, Mariano Rajoy y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han hecho caso omiso.