El Congreso de los Diputados ha reprochado este lunes al conjunto de los parlamentarios –diputados y senadores– que solo el 10% de ellos hayan publicado sus agendas al completo, incluyendo otras reuniones “institucionales” además de las que tienen que ver con el cumplimiento de sus funciones ordinarias. El Informe anual de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales del año 2022 pone así el foco sobre las reuniones que los diputados y senadores mantienen con los grupos de interés, los conocidos como lobbies, por su nombre en inglés. En esta categoría incluye a “personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo a favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas”.
En octubre de 2020 se aprobó el código de conducta de las Cortes Generales que establece la obligación de diputados y senadores de hacer públicos sus encuentros con estos grupos. Pero la obligatoriedad sigue sin cumplirse por parte de la mayoría de los parlamentarios. “Son una minoría los/as diputados/as y senadores/as que incluyen en su agenda reuniones y actividades distintas de las puramente orgánicas de la Cámara a la que pertenecen que tengan relación con el ejercicio de sus funciones parlamentarias (esto es, que no sean puramente privadas o personales)”, reza el interior del informe. El Congreso rechaza este dato porque, asegura, parece “altamente improbable” que sea una cantidad tan pequeña de personas las que llevan a cabo estos encuentros.
La Cámara Baja, no obstante, indica que si esa suposición de que solo ese 10% mantuviese estos encuentros fuese “correcta” se habría producido “un claro punto de mejora” por parte de los parlamentarios a la hora de cumplir con sus obligaciones, pues en su Código de Conducta, se pide expresamente que se dé cuenta de las citadas reuniones con estos grupos de interés.
Además, una vez más el informe incluye otra serie de recomendaciones para mejorar la eficacia del Código de Conducta de los diputados. Entre ellas, les invita a evitar las respuestas-tipo, que definen como las que ya están redactadas “en términos muy amplios” como para “poder ser utilizadas” por los miembros de un mismo grupo. Especialmente esto se refiere a aquellas actividades que han desarrollado los parlamentarios en los cinco años anteriores al inicio del mandato: “No resulta creíble, ni compatible con el sentido de la norma, el que haya una coincidencia total entre las actividades desarrolladas durante un período de tiempo extenso por un elevado número de parlamentarios”, expresa la nota.
Evitar respuestas-tipo y huecos en blanco
El Congreso también recomienda a los diputados ser “lo más precisos que puedan” al referirse a declaraciones de intereses económicos o a “donaciones, obsequios, regalos, viajes e invitaciones, que hayan recibido, o a contribuciones a fundaciones o asociaciones que hayan realizado”. La Cámara repite: deben identificarse “unas y otros en la medida de lo posible”. Así, en esta línea les insta a no dejar nada en blanco en caso de no haber este tipo de actividades: “Es mejor y más claro escribir 'ninguno', 'nada' o incluso trazar una raya”, zanjan.
En 2022, según el Informe anual de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, se presentaron once nuevas declaraciones de intereses económicos en el Congreso y 26 el Senado por parlamentarios que acababan de adquirir su condición. En ambos casos, el 100% de estas declaraciones respondían por escrito al apartado sobre las actividades que puedan condicionar actividad política o hayan proporcionado ingresos económicos. El porcentaje baja considerablemente respecto al apartado de donaciones, obsequios y beneficios –36,06% para la Cámara Baja y 23,08% para la Alta–.
Finalmente, más de la mitad de las declaraciones –54,55% de las del Congreso y 84,62% de las del Senado– respondían a contribuciones a fundaciones u otras asociaciones y solo un 27,7% y un 15,38% daban información sobre otros intereses u observaciones.