Los diputados del Congreso están obligados por ley a hacer públicos todos sus bienes o las actividades económicas que puedan entrar en conflicto con su quehacer político. Tienen que dar cuenta de esos datos y de otros regidos por las normativas de transparencia al tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja y, también, al dejar de ser diputados, para conocer si han tenido un enriquecimiento irregular durante su paso por el Parlamento.
Todo ello está establecido por el reglamento de las Cortes Generales, que está en consonancia con uno de los principios básicos de la cámara, cada vez con mayor peso en las instituciones públicas: la transparencia. Sin embargo, el texto no es específico y, en la mayoría de las ocasiones, los parlamentarios utilizan esta ambigüedad para no compartir con la ciudadanía información de interés, como en qué empresas están depositadas sus acciones o de dónde reciben ingresos extra.
La obligación viene recogida en el Estatuto de los Diputados y en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y por el Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020. En los textos se especifica que sus señorías “están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad” y de otras “que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”.
La declaración de sus actividades económicas, señala el texto, debe incluir cualquier actividad desarrollada en los cinco años anteriores a obtener el puesto de parlamentario y que pueda constituir incompatibilidad con su labor como diputados porque exista un conflicto de intereses, así como en general cualquier tarea que pueda suponerles ingresos, los posibles regalos recibidos o las donaciones. Esta es la manera que tienen los ciudadanos de conocer esta información, pero todo depende del nivel de detalle que quieran ofrecer los políticos, puesto que esas declaraciones no las coteja después la Agencia Tributaria ni ningún otro organismo público de control.
El pasado 24 de julio, la Oficina de Conflicto de Intereses del Congreso llamó la atención a 52 diputados de Vox por omitir en sus declaraciones las actividades que pudiesen influir en su actividad política. La entidad indicó entonces que el objetivo de estos ejercicios de transparencia no era “detectar irregularidades”, sino informar sobre los intereses de los diputados que pudiesen suponer un conflicto en el desempeño de sus funciones.
La institución pública también especificó en su informe que los parlamentarios incluían en sus declaraciones de bienes respuestas tipo no “creíbles”, que no detallaban sus empleadores ni el sector al que pertenecen si trabajaban por cuenta ajena ni la información de su actividad cinco años antes de ocupar el cargo. Con todo esto, la Oficina propuso una nueva redacción del Código, ya que no se trata de la primera vez que los representantes del Congreso aprovechaban los recovecos de la ley para no cumplir con la transparencia exigida.
De Granados a Abascal
Uno de los casos más sonados que pusieron de nuevo sobre la mesa el debate de la transparencia en el Congreso fue el de Francisco Granados, exdirigente del Partido Popular madrileño condenado por el chivatazo de la trama Púnica, que ocultó que tenía una cuenta en Suiza con un millón y medio de euros que no había declarado en la web. Entonces, cuando se destapó el escándalo, el PSOE planteó medidas para sancionar a aquellos parlamentarios que no cumpliesen con su deber de transparencia.
Sin embargo, los representantes siguen sin recibir represalias por saltarse el código ético. Y este no es el único caso, son muchos los ejemplos de parlamentarios que no completan sus declaraciones. De hecho, la mayoría de ellos, de una manera u otra, incumplen la normativa.
El líder de Vox, Santiago Abascal, a pesar de que sí declara sus bienes y patrimonio, no entra al detalle. Como en otros casos, en el apartado correspondiente a los bienes inmuebles tan solo pone “vivienda”, sin especificar el valor catastral de la misma. Lo mismo sucede con el detalle de las cuentas corrientes, un apartado que deja en blanco a pesar de que tiene un préstamo por valor de más de 365.000 euros. Mientras, el documento que corresponde con los intereses económicos está vacío, solo acompañado de un texto que se repite en otros diputados de la formación de extrema derecha.
En esta declaración se suelen especificar, por ejemplo, puestos de funcionarios anteriores o cargos en empresas. “Ninguna de las actividades desarrollada por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente”, recoge la declaración firmada.
Esta misma respuesta aparece también en la declaración del portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. En su caso, además, el documento de actividades económicas está totalmente en blanco y ni siquiera especifica su actual puesto dentro del partido –como sí hace Abascal–.
Las imprecisiones se dan en prácticamente todas las formaciones políticas con representación parlamentaria. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí especifica sus intereses, continúa con algunas respuestas tipo como “vivienda” en el apartado correspondiente al tipo de vivienda, pero no especifica, por ejemplo, el valor catastral. Lo mismo sucede con otro tipo de bienes, como los vehículos. Es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que en la sección donde debe especificar qué tipo de coche tiene se limita a poner “vehículos”.
Reuniones con lobbies
Las sucesivas quejas por la falta de transparencia en las dos cámaras llevó a la actualización de las normas de conducta en 2020. Ahora, los miembros no solo deben publicar sus bienes o sus actividades económicas, también tienen que exponer “su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. Esto es lo que se conoce como lobbies, por su nombre en inglés. Como sucede con el resto de datos, son los propios parlamentarios los que tienen que responsabilizarse de la “veracidad, exactitud y actualidad de la información publicada”.
Y ¿cuántos diputados informan a la ciudadanía sobre las reuniones que tienen con estos grupos? Según el último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de este mismo año, solo siete de los 349 parlamentarios que componen la Cámara Baja. Estas reuniones deberían estar especificadas en el apartado ‘Agenda’ de la página web del Congreso, una sección con la que cuenta algo más de la mitad de la cámara –198 diputados–.
Acciones en bolsa
Otro de los aspectos polémicos que muchas de sus señorías esquivan es la publicación de las acciones en bolsa. En algunos casos directamente se deja en blanco ese apartado; en otros, de nuevo se vuelve al terreno de la imprecisión y las respuestas tipo. Uno de los ejemplos más sonados es el del exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que en 2019 declaró más de 10 millones y medio de euros en acciones. En la casilla donde debía especificar la empresa y el concepto, de Quinto se limitó a registrar “acciones cotizadas en Bolsa”. En aquel momento, elDiario.es intentó conocer de qué empresa eran las papeletas y contactó con el partido, que se negó a aportar detalles. En la actualidad, Pedro Sánchez cuenta con más de 5.000 euros en acciones pero de nuevo no indica en su declaración a qué compañía corresponden. Lo mismo sucede con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que tiene más de 3.000 euros en acciones correspondientes a la empresa “Acciones”.