San Salvador, 17 dic (EFE).- El Congreso de El Salvador, mediante una resolución vinculante, ordenó este jueves la destitución del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, por su participación en el supuesto intento de “golpe de Estado fallido” el 9 de febrero pasado, cuando el presidente Nayib Bukele ingresó al órgano Legislativo con militares y policías armados.
Los diputados aprobaron el dictamen, en el que se da cuenta de una investigación realizada por una comisión especial, con 58 votos de los 84 diputados del Congreso, de mayoría opositora.
La Constitución salvadoreña establece que las resoluciones de la Asamblea Legislativa serán de carácter “vinculante” cuando se refieran “a los jefes de la seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves violaciones a derechos humanos”.
“Debe entenderse entonces que para el caso del comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil, la presente resolución es de carácter vinculante y, por lo tanto, queda destituido de dicho cargo”, reza el documento aprobado.
Los diputados también recomendaron al mandatario la destitución del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, pero en este caso la resolución no es vinculante.
Los diputados concluyeron que las acciones realizadas por la Policía, el Ejército, el presidente Bukele y algunos de sus funcionarios “constituyeron una afrenta al sistema democrático”, con lo que se consumó “aunque en una temporalidad limitada, un verdadero golpe de Estado”.
Bukele ingresó al recinto legislativo acompañado de policías y soldados armados con fusiles de asalto, se sentó en la silla del presidente del Congreso para orar y simular el inicio de una sesión plenaria para la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad.
Después de orar por unos minutos, el mandatario salió y dijo: “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón” y pidió paciencia a cientos de sus seguidores, quienes gritaban “¡insurrección, insurrección, insurrección!”.
Esta fue la primera vez que soldados y policías irrumpen armados al Congreso desde que El Salvador dejó atrás una dictadura militar de décadas y finalizó la guerra civil (1980-1992).
Los legisladores recordaron que el mandatario publicó en días previos mensajes en la red social Twitter en los que hacía referencia al derecho a la insurrección, “agitando a los sectores que lo apoyan”.
BUKELE NO ACATARÁ ORDEN, SEGÚN DIPUTADO
El legislador de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha) Guillermo Gallegos manifestó en la sesión plenaria que el mandatario no acatará la resolución de destitución de Arriaza, pese a su carácter vinculante.
“No hay violación a los derechos humanos, por lo tanto la orden que ustedes están emitiendo no la va a cumplir el señor presidente de la República por ilegal e inconstitucional”, sostuvo Gallegos.
Señaló que el 9 de febrero asistieron al recinto legislativo varios diputados supuestamente para atender una convocatoria hecha por el Consejo de Ministros del Gobierno y que “en ningún momento se nos dijo que iba a haber un golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa”.
Dicha convocatoria, que era para que se aprobaran los referidos fondos, fue declarada posteriormente inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a Bukele no utilizar a los cuerpos de seguridad para fines ajenos a los establecidos en la Constitución.
Por otra parte, lo legisladores pidieron a la Fiscalía General de la República que abra una investigación contra Bukele, Arriaza, Merino y otros miembros del alto mando militar por los delitos que pudieron cometer.