El Pleno del Congreso ha convalidado de forma unánime el decreto ley que prorrogaba durante cuatro años más la suspensión de desahucios de la vivienda habitual hasta el 15 de mayo de 2028 y ha acordado que la norma se tramite como proyecto de ley, lo que abre la puerta a introducir cambios durante su tramitación parlamentaria.
La medida, que tuvo su origen en el llamado 'escudo social' promovido por el Ejecutivo durante la pandemia, se ha ido ampliando periódicamente mediante decretos gubernamentales. La última prórroga, que hoy ha avalado el Congreso, fue aprobada en Consejo de Ministros un día antes de que caducara y afecta a casos de “especial vulnerabilidad”.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido el texto desde la tribuna y, en su intervención parlamentaria, ha explicado que la medida que aprueba este decreto es “necesaria” en un escenario de incertidumbre sobre los tipos de interés que pueden encarecer las hipotecas.
“El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el propio Banco Central Europeo cuando señala que no puede comprometerse de antemano a ninguna senda concreta de tipos”, ha indicado Rodríguez.
En este sentido, la titular de Vivienda ve necesario prorrogar la suspensión de los desahucios para evitar posibles situaciones de exclusión social de personas que podían verse abocadas a perder su vivienda si no pueden afrontar la subida de la hipoteca. “Confío en que ese real decreto ley sea convalidado en el pleno del día de hoy con el voto de sus señorías”, ha zanjado la ministra.
Durante el debate del decreto, tanto Sumar como varios socios de investidura han avanzado el voto favorable a la medida, pero han advertido de que se trata de un “parche” temporal.
El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha advertido a la ministra que hacen falta más medidas para garantizar el derecho a la vivienda, entre las que ha destacado subir un 3% el IPREM para adaptarse al encarecimiento de la vivienda y que exista la obligación de escribir en el registro de la propiedad que hay una moratoria en esa vivienda, para que cuando un banco o un “fondo buitre” quieran comprar la casa, sepan que dentro hay una familia protegida por el Estado.
Por parte de Podemos, Ione Belarra también ha avanzado que apoyaría la medida, pero ha incidido en que se trata de una “tirita” en el gran problema de la vivienda que hay en España, por lo que ha instado a expropiar el uso de la mitad de las viviendas en manos de grandes fondos de inversión y bancos que, según sus cálculos, aportarían al Estado 92.000 viviendas.
A su vez, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha garantizado apoyo a la medida, pero ha advertido que su alcance es limitado porque la suspensión solo afecta en supuestos de “especial vulnerabilidad”, mientras que en Euskadi más del 87% de desahucios que se producen se deben a impagos de alquileres de familias que no necesariamente tienen que estar en esa situación.
En su turno de palabra, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha cuestionado que la medida, que también ha apoyado, sea temporal y no definitiva, ya que en su opinión se deja la decisión de una futura prórroga en manos del “gobierno de turno”.