En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Buch ha expresado que su Conselleria se da por comunicada sobre estas acciones --no debe autorizarlas-- y que su decisión “no puede ser ninguna otra que la que se ajuste a la ley, y la ley aquí es muy clara: el derecho a reunión y manifestación es un derecho protegido por la Constitución española”.
Ha indicado que no les corresponde dirimir si estos cortes de tráfico pueden suponer un uso abusivo del espacio público porque eso depende de la Justicia, y ha asegurado que una vez reciben la comunicación, “si no hay riesgo para las personas y los bienes”, no pueden poner ninguna objeción a que se realice.
Así se ha pronunciado Buch después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya reclamado al Govern la prohibición de las protestas, al haberse producido “alteraciones de orden público y daños a bienes públicos y privados”.
El consistorio ha enviado informes de la Guardia Urbana a Interior, en los que se avisa de que desde el 24 de enero han cambiado las circunstancias en las que se desarrollan dichos cortes de tráfico, produciéndose “alteraciones del orden público con peligro para las personas y los bienes”.