El encuentro tendrá lugar así seis días después de la pasada reunión en la que el conseller presentó a los comités de huelga un documento con diferentes medidas con las que el Govern pretende recuperar los derechos educativos perdidos durante la pasada legislatura.
Éste, entre otras cosas, incluye la convocatoria de oposiciones en primaria y secundaria en los años 2017 y 2019 de más de 400 plazas cada una con el objetivo de “recuperar lo perdido en educación”.
No obstante, en el anterior encuentro no fue posible el acuerdo entre la administración y los sindicatos para desconvocar la huelga educativa iniciada durante la pasada legislatura, por lo que March dijo que no comprendía “que con esta situación no se haga una desconvocatoria de la huelga”.
En declaraciones a los medios tras la reunión, March explicó el jueves que la “gran discrepancia” con los sindicatos y la Assemblea de Docents se encuentra en la temporalización de las medidas y el conseller indicó que estos plazos se han marcado en función de los recursos económicos de los que dispone la comunidad. “No es por falta de voluntad política sino por disponibilidad económica”.
Por su parte, los representantes de los comités de huelga dijeron que la Conselleria se había comprometido a remitir a los comités de huelga el documento de las medidas con una memoria económica y destacaron la necesidad de derogar el conocido como decreto de mínimos.
En este sentido, el secretario general del STEI, Biel Caldentey, indicó que estaban pendientes de que les remitiesen una propuesta “más definida” que incluya esta memoria económica. También, subrayó la importancia de recuperar “al menos el profesorado perdido” durante la legislatura de José Ramón Bauzá.
Según el representante del STEI, “no tenemos un documento final que permita decir que estamos en buena línea pero se ha iniciado un proceso que puede llegar a plantear un documento de salida q permita cerrar el conflicto”, manifestó en relación a la huelga educativa.
Caldentey también reiteró la necesidad de derogar totalmente el decreto de mínimos, y no parcialmente, al igual que Iñaki Aicart, de la Assemblea de Docents, quien dijo no comprender cómo se prorroga esta normativa pese al cambio político que ha habido en la comunidad.
Aicart también lamentó que no se hubieran dado los “pasos adecuados” para minimizar los efectos de la Lomce a nivel autonómico y que la reunión no se hubiera convocado “con más tiempo”.