El Consejo de Europa pone en cuestión la independencia del órgano de gobierno de los jueces y se hace eco de las críticas por la “politización” que sufre. Por ello, la institución insta a España a evaluar la ley que rige el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus efectos sobre la “independencia real y percibida respecto a cualquier influencia indebida”. Esta una de las principales conclusiones del informe de evaluación sobre la corrupción que ha elaborado el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
En el informe relativo a los miembros del Parlamento, jueces y fiscales en España (en inglés), GRECO alerta de las críticas referentes a la “influencia política” que sufre el CGPJ: “Mientras que la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales a nivel individual han sido indiscutibles hasta la fecha, una gran controversia rodea la cuestión de la independencia estructural de los órganos de gobierno del poder judicial y de la Fiscalía”.
Así, destaca que la “principal preocupación” derivada de las dudas sobre la independencia del CGPJ es la “apariencia de que intereses partidistas pueden penetrar en la toma de decisiones en los procesos judiciales”. “Esto es particularmente peligroso en un momento en que los casos de corrupción política están en aumento”, recrimina el Consejo de Europa, que considera que España debe dar pasos para asegurar que el sistema judicial “no solo es libre, sino también percibido como libre, de influencias impropias”.
En concreto, el informe explica que la “politización” se atribuye a la manera en que se eligen los miembros del Poder Judicial, “que permite a los partidos políticos dividir los asientos entre quienes les apoyan”. Así, recuerda que el Comité de Ministros del COE recomienda que “no menos de la mitad de los miembros sean jueces elegidos por sus compañeros a todos los niveles y con respeto a la pluralidad”.
Igualmente, se muestra favorable a evitar que el Parlamento esté inmerso en este proceso y considera que la necesidad de tener el respaldo de tres quintos de las Cámaras para la elección de los candidatos puede permitir que “un partido político con una mayoría parlamentaria pueda colocar a su candidato en el puesto”. “GRECO teme que la percepción de la politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el proceso, no podrá ser resuelta en los ojos de los ciudadanos”, concluye el informe, que también denuncia la “excesiva carga de trabajo en los juzgados, que pone en riesgo la capacidad del sistema de abordar todos los casos que recibe”. Entre ellos, destaca los de corrupción: “Hay una gran preocupación por su prolongación en el tiempo”.
Imparcialidad económica de la Fiscalía
Los responsables de la evaluación no encuentran “satisfactorio” el hecho de que el presupuesto de la Fiscalía esté incluido en el del Ministerio de Justicia. Así, sostienen que debería tener un presupuesto propio o bajo otro epígrafe dentro del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. “En cualquier caso, debería saber la cantidad que se le asigna y poder elegir cómo gastarla”, recomienda.
Otro de los aspectos en los que el Consejo de Europa encuentra lagunas se refiere a la relación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno, fundamentalmente la posibilidad legal de que el Ejecutivo pueda pedir al Fiscal General que rinda cuentas por una investigación en concreto: “Es clave que la comunicación se produzca de manera transparente, por escrito y publicándola de la forma adecuada con sujeción a que se retrase la publicación si es necesario para proteger el interés de la justicia”.
Al igual que en el caso del gobierno de los jueces, el Consejo de Europa pide a España que haga “esfuerzos adicionales” para asegurar que la “investigación es –y aparenta ser- imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de fuentes externas, así como para mejorar su autonomía funcional”.
El Gobierno tendrá hasta junio de 2015 para implementar las recomendaciones del Consejo de Europa antes de enviar a Estrasburgo un informe con las medidas ejecutadas para que el GRECO lo someta a una nueva evaluación, tal y como fija el procedimiento de la institución.