El Comité europeo de Derechos Sociales pidió hoy a España que modifique la normativa que excluye a los extranjeros en situación irregular de la asistencia sanitaria para cumplir con el artículo 13.1 de la Carta Social europea, relativa al derecho a la asistencia apropiada para toda persona en estado de necesidad.
El presidente del citado Comité europeo, Luis Jimena Quesada, declaró a Efe que la actual normativa española “debe ser modificada por el Gobierno o el Parlamento, desatendida por las Comunidades Autónomas, no aplicada por los órganos jurisdiccionales nacionales y anulada por el Tribunal Constitucional”.
Coincidiendo con la publicación de las Conclusiones de 2013 del Comité, Jimena añadió que ello no supone “un acto de rebeldía”, sino “de responsabilidad y de coherencia con los compromisos internacionales sobre derechos humanos suscritos por España”.
Según las Conclusiones, España incumple ese punto de la Carta junto a Francia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Finlandia, Lituania, Letonia, República Checa, Bulgaria y Macedonia.
Según el Comité, ese “trato discriminatorio” se produce por la “duración excesiva de los requisitos de residencia antes de poder recibir asistencia”, aunque en algunos casos “se debe a la retirada automática del estatus de residencia para extranjeros en necesidad de asistencia social”.
Las Conclusiones de 2013 analizan los artículos correspondientes a Salud, seguridad social y protección social. De las 570 conclusiones sobre 28 países adoptadas el pasado mes de diciembre, en 180 de ellas se concluyó violación de la Carta.
Las conclusiones también inciden en que no pudo probar que en España “el acceso efectivo a los servicios sociales está garantizado”.
De los 17 artículos analizados, España incumple seis. Aparte de los ya mencionados, son los relativos al acceso a la seguridad social, al estímulo u organización de los servicios sociales y al derecho de las personas mayores a una protección social.
El Comité dice que las medidas de austeridad adoptadas en Europa por la crisis económica “han tenido un impacto negativo en el respeto efectivo de los derechos humanos y, en particular, en los derechos sociales y económicos”.
Además, anima a ratificar la Carta Social revisada a los diez países que aún no lo han hecho, entre ellos España, Alemania y Reino Unido para posibilitar las reclamaciones colectivas contra el estado, y derechos, entre ellos contra el acoso sexual.