El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), ha afeado a España en sus últimos tres informes la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial. Entre ellos, de los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).
En el primero de esos documentos, publicado en enero de 2014, ponía en valor la importancia de que el poder legislativo no se implicara en ninguna fase de estos procesos de selección precisamente en un contexto de “aumento” de los casos de corrupción. En los siguientes, difundidos en octubre de 2016 y enero de 2018, destacó la ausencia de “criterios objetivos” y “requerimientos de evaluación” en el modelo vigente en España.
En esta última semana ha resultado polémica la publicación del candidato pactado por los dos principales partidos para presidir el órgano de gobierno de los jueces, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, antes incluso de decidirse quiénes son los veinte vocales que, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen que elegirlo. Ambas formaciones también se han repartido esos veinte puestos con once candidatos propuestos por el PSOE y nueve por el PP. Ciudadanos, que evitó participar en el proceso ha denunciado un “vergonzoso” cambio de cromos.
La citada norma detalla que las Cortes Generales son las encargadas de designar, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a los veinte vocales de este órgano. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial. En el caso de estos últimos, la norma establece que los diputados “tomarán en consideración” el número de jueces y magistrados “no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales”.
En su último informe, publicado el pasado enero, el organismo con sede en Estrasburgo criticó precisamente el incumplimiento por parte de las autoridades españolas de la recomendación realizada en 2016 en materia de nombramientos de altos cargos judiciales. En concreto, había indicado que las “autoridades políticas” no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ. La cuestión no es menor porque esos vocales son los encargados, entre otras funciones, de negociar la elección de magistrados integrantes de los principales tribunales del país.
De hecho, el organismo también amplió esta recomendación a la elección de los presidentes de las Audiencias provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo al entender que esta es una medida imprescindible para garantizar que los nombramientos no arrojen ninguna duda sobre la “independencia, imparcialidad y transparencia” del proceso por el que han resultado elegidos.
A juicio del Consejo de Europa, esta modificación es necesaria no solo para remediar las críticas vertidas actualmente en el mismo seno de la carrera judicial, sino también para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema en su conjunto.
Sin cambios en el sistema de elección
En sus últimas alegaciones a las consideraciones del Consejo de Europa, las autoridades españolas explicaron que la cuestión de los nombramientos de altos cargos judiciales estaba siendo objeto de estudio de una subcomisión impulsada en el Congreso por el exministro de Justicia Rafael Catalá (PP) con el objetivo de buscar una Estrategia Nacional de Justicia.
Sin embargo, la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respaldada por PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, ha ignorado las críticas a la politización de la justicia y no cambia el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Ese texto, al que el Congreso dio luz verde el pasado 30 de octubre, está a la espera de que finalice el trámite parlamentario para entrar en vigor. Ahora está en el Senado.
Por otro lado, el Consejo de Europa también ha instado a España de manera reiterada a reformular el modelo de elección del fiscal general del Estado, que actualmente es designado por el Gobierno tras oír al CGPJ, con el objetivo de darle más autonomía. Además, considera que el Gobierno debería potenciar la transparencia de sus comunicaciones con el máximo representante del Ministerio Público. En concreto, propone que sean siempre por escrito y que se hagan públicas “de forma adecuada”. En todo caso, y a pesar de los citado reproches, el organismo deja clara su confianza en la calidad del sistema judicial español.