El Consejo Fiscal ha rechazado hoy la propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de apartar a Manuel Moix de la Fiscalía Anticorrupción. Los tres fiscales de esta asociación han pedido que el organismo plantease al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, “la conveniencia de remover al actual Fiscal Jefe de Anticorrupción”, pero el resto de los nueve miembros se han opuesto. El Consejo también ha rechazado dar amparo a los fiscales denunciados por coacciones por un empresario imputado en la Operación Emperador.
Aunque no figuraba en el orden del día, los tres fiscales han hecho esta propuesta al término de la reunión. De haber salido adelante, supondría que la cúpula de los fiscales se pronunciaba a favor del cese de Moix cuando este aún no ha cumplido dos meses en el cargo.
Los tres fiscales de la UPF son Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodriguez Rey. En un comunicado que han hecho público, estos fiscales recuerdan que ya se opusieron a la elección de Moix en un primer momento. El actual jefe de Anticorrupción aún no ha cumplido dos meses en el cargo.
En ese escrito, los fiscales argumentan que no pueden permanecer ajenos a lo que está ocurriendo en la Fiscalía. “No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad”, escriben.
Se refieren a las conversaciones telefónicas intervenidas en la Operación Lezo, en las que Ignacio González y Eduardo Zaplana hablan sobre la conveniencia de colocar a Moix frente a la Fiscalía Anticorrupción, en un momento en el que el expresidente Madrileño sabía ya que estaba siendo investigado: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”.
Su credibilidad “se ha visto seriamente comprometida”
“La forma en la que ha ejercido hasta ahora sus funciones como Fiscal Jefe, su gestión del principio de jerarquía en el conocido como caso Lezo y el trato dado a uno de los Fiscales encargados del asunto tras la invocación del art 27 del EOMF -Estatuto Fiscal- reflejan una concepción de la Jefatura que no solo no compartimos (sino que rechazamos)”, dicen los tres firmantes.
Así, la UPF pide el cese de Moix por oponerse a un registro de la Operación Lezo y por sus maniobras para intentar apartar del caso al fiscal Carlos Yáñez. “La confianza que los ciudadanos deben tener en que desde el Ministerio Fiscal no se busca otro fin que no sea cumplir y hacer cumplir la ley y perseguir el delito y a quienes lo cometen pasa inexorablemente por la remoción del Sr. Moix, cuya credibilidad y por ende la de la Fiscalía Anticorrupción se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos”, concluye el comunicado de la UPF.
Los tres fiscales han intentado conseguir el respaldo del Consejo Fiscal pero no lo han conseguido. Los seis miembros de la Asociación de Fiscales -mayoritaria y de corte conservador- y los tres miembros natos del organismo, entre los que está el Fiscal General José Manuel Maza, se han pronunciado en contra.
Sin amparo para los fiscales denunciados
El Consejo Fiscal también ha rechazado conceder amparo a José Grinda, Juan José Rosa y Fernando Bermejo, los tres fiscales denunciados por coacciones por un empresario imputado en la Operación Emperador. La razón es que no es “oportuno” en este momento de la tramitación de esa denuncia. Se trata de una cuestión técnica, dicen desde el máximo órgano consultivo de la Fiscalía.
Los tres fiscales habían pedido amparo ante la denuncia del empresario Rafael Pallardó, quien asegura que los Grinda, Rosa y Bermejo le amenazaron con retirarle las “ventajas procesales” prometidas si no implicaba a Jordi Pujol y dos de sus hijos en el caso que estaban investigando. “Me sentí francamente coaccionado por cuanto que tenía miedo de perder promesas de favores procesales que me habían hecho”, aseguró en su denuncia.
El pasado 5 de abril, Moix firmó un decreto que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al apreciar indicios de delito de coacciones y contra la Administración de Justicia en estos tres subordinados. Fuentes fiscales indicaron a eldiario.es que Moix debería haber buscado la versión de sus fiscales antes de proponer investigarlos.
Unos días más tarde, el 21 de abril, Moix relevó a Grinda y Bermejo del caso del 3%. Tras tres años investigando el cobró por parte de CDC de mordidas a empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública, el jefe de Anticorrupción les apartó para entregar la causa a Teresa Duerto y Fernando Maldonad, fiscales de Anticorrupción en Cataluña.
Esta decisión también se ha tratado en el Consejo Fiscal. Maza ha decidido aplazar el cambio de fiscales del caso hasta que no recabe más información.