Noelia López
Madrid, 1 may (EFE).- Con solo dieciséis de sus veinte vocales, con sus competencias recortadas y con un presidente interino, tras dimitir Carlos Lesmes y jubilarse su sucesor, el actual Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) ha superado con creces los cinco años en funciones, duplicando su mandato constitucional ante la negativa del PP a llegar a un pacto con el PSOE para su renovación.
Más de diez años después, el bloque conservador sigue siendo mayoritario en el órgano de gobierno de los jueces, fiel reflejo de aquel Parlamento de 2013.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado esta semana que, si el PP mantiene su bloqueo, el Gobierno asumirá su responsabilidad y el CGPJ será renovado, pero las vías para lograrlo no están exentas de problemas.
Ya lo intentó en el pasado y, ante los mensajes de alerta que llegaron desde Bruselas, todo quedó aparcado.
¿Rebajar las mayorías para elegir a los vocales?
En octubre de 2020, cuando el CGPJ se acercaba a los dos años con el mandato caducado, PSOE y Unidas Podemos impulsaron en el Congreso una reforma para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales de ese órgano y sortear así el bloqueo que mantenía el PP de Pablo Casado, una iniciativa que despertó las suspicacias de la Comisión Europea.
Proponían que los doce vocales de extracción judicial, que ahora son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, pudieran ser designados en segunda votación por mayoría absoluta.
Ante el toque de Bruselas, Pedro Sánchez decidió dejar esa reforma en suspenso y meses después el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, prometió a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, que iba a ser retirada de forma definitiva.
Para entonces ya se tramitaba en el Congreso el plan B del Gobierno para intentar presionar al PP y forzar la renovación del Consejo: recortar sus competencias para impedir que realice nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales mientras esté en funciones.
Esa reforma entró en vigor en marzo de 2021 y un año después la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP propició la apertura de nuevas negociaciones entre socialistas y populares, pero todas las conversaciones han resultado infructuosas.
Incluso con la mediación durante casi dos meses del comisario europeo de Justicia, condición impuesta por el PP, el acuerdo ha resultado imposible.
Ante la imposibilidad de realizar nombramientos se acumulan las vacantes. Solo en Tribunal Supremo hay 25, lo que representa más del 31 % de la plantilla.
De Guilarte a Sumar
A pesar de las advertencias europeas, primero Unidas Podemos y después Sumar no han abandonado la idea de renovar el CGPJ con mayorías menos exigentes ante situaciones de bloqueo sostenidas e incluso se han mostrado a favor de recortar aún más las competencias de ese órgano si sigue “secuestrado”.
Convencida de que el PP de Feijóo no tiene voluntad política de renovar, la líder de Sumar, Yolanda Díaz apostó este martes por buscar una mayoría de tres quintos durante un tiempo y que, superado ese plazo, se vaya a la mayoría absoluta.
Según ha avanzado el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, su idea es presentar enmiendas a proyectos que ya se tramitan en el Congreso, incluyendo otros cambios, como una reforma del acceso a la carrera judicial para “democratizarla”.
Podemos se les ha adelantado y este mismo martes presentó una proposición de ley para limitar el papel del Senado en la elección de los vocales y permitir su elección por mayoría absoluta en segunda vuelta.
Tras el Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no quiso hablar de ese “segundo escenario”, pero dejó claro que si el PP persiste en su bloqueo, se valorarán “nuevos mecanismos”.
Pedro Sánchez ha asegurado que estudiarán todas las propuestas que se planteen, también la que ha enviado a las Cortes, a título personal, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.
Su propuesta incluye varias opciones para cambiar el modelo de elección de los vocales, pero en todo caso con medidas para diluir el perfil político de las designaciones, como, por ejemplo, vetar a quienes hayan tenido alguna responsabilidad política.
En su modelo, los vocales tendrían además menos responsabilidad en los nombramientos judiciales, ya que las presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores y salas gubernativas, además de las plazas del Tribunal Supremo, serían designadas por los miembros de esos mismos tribunales.
Europa ante el bloqueo: renovar y después reformar
En 2020, en su primer informe sobre el Estado de derecho en los veintisiete países miembros de la UE, la Comisión Europea situó la renovación del CGPJ como uno de los “desafíos” más importantes de España.
Pero nada más presentarse el proyecto para rebajar las mayorías necesarias para elegir a sus miembros, esa misma institución advirtió de que seguía “de cerca” el proceso y recordó la importancia de que ese órgano no se perciba como “vulnerable a la politización”.
Para la CE es clave garantizar que la independencia judicial no se ve comprometida.
Desde entonces el mensaje de Bruselas es claro: el CGPJ debe renovarse de manera urgente y después hay que reformar el sistema de elección de vocales para que la mayoría sean elegidos por los propios jueces, el modelo por el que también apuesta el Consejo de Europa.
El PP esgrime que no puede fiarse de un Gobierno que indultó a los dirigentes del procés, eliminó el delito de sedición e impulsa la ley de amnistía y exige que esa reforma sea previa a la renovación.
El PSOE, por su parte, promete mejoras, aunque defiende el sistema de elección parlamentaria de todos los vocales como la fórmula más democrática.