No es extraño que los Consejos de Ministros se alarguen por el volumen de temas a aprobar o porque los socios de Gobierno encallen en alguna discusión. En algunos las deliberaciones, secretas por ley, se demoran horas. No fue el caso del de este martes. En escasa media hora de reloj se despachó el cónclave ministerial de la Moncloa que venía precedido por un choque frontal entre las dos alas de la coalición a cuenta de la reforma de la ley de libertad sexual. Pese a que todo el Ejecutivo asume que es el principal problema del gabinete, ni un solo miembro del Gobierno hizo mención al tema. Ni en la reunión, ni en las charlas informales de los prolegómenos, ni en los corrillos de después. Nada.
El orden del día ayudó a pasar rápido el trago. Apenas unos trámites burocráticos de los departamentos de Presidencia, Hacienda y Justicia y la retirada de las mascarillas en el transporte público anunciada por el Ministerio de Sanidad. Ninguna intervención de ministras de Unidas Podemos ni ningún tema espinoso que abordar que fuera propicio para el rifirrafe. Todos los miembros del Gabinete sabían, además, que el presidente y líder del PSOE tenía programado para el mediodía un discurso abierto ante sus grupos parlamentarios.
“Mejor así”, resume aliviada una ministra el perfil bajo del Consejo de este martes, aunque recuerda que hubo otros consejos de ministros “mucho peores”, como cuando antes del verano Pedro Sánchez invitó a sus socios en mitad de la reunión a abandonar el Ejecutivo si mantenían su postura respecto a la entrada en la OTAN de Suecia o Finlandia.
En esta ocasión no hizo falta que se prolongara el Consejo mucho más tiempo ni que se verbalizaran los roces in situ para que todo el mundo percibiera a las claras la tensión que flotaba en el ambiente después de un cruce de declaraciones subidas de tono entre el Ministerio de Justicia y Podemos. A primera hora de la mañana, Pilar Llop había acusado a Podemos de intentar “confundir a la opinión pública”. La propia Belarra le contestó acusándola de defender “el Código Penal de 'la manada'”. Antes, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, había asegurado en público que la propuesta de Justicia estaba encaminada a provocar otra oleada de revisiones de penas. “Tendrá que preguntar en Igualdad por qué han dicho eso”, replicó Pilar Llop durante una entrevista en la Cadena SER.
A varios asistentes no les pasó desapercibido el gesto muy serio del propio Pedro Sánchez y de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales, Ione Belarra. El presidente no tuvo interacción alguna con Montero ni con Belarra. Desde el PSOE admiten que, tanto en el Consejo de Ministros como en la reunión a puerta cerrada de la interparlamentaria socialista que presidió Sánchez más tarde en el Congreso, se encontraron a un líder circunspecto, con un rostro grave, más de lo normal. “Es de las veces que más enfadado lo vi en toda la legislatura”, describe otra ministra que prefiere no alimentar la hipótesis de una ruptura precipitada de la coalición, algo que descartan formalmente tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos.
En la Moncloa explican que el profundo malestar del presidente se ha vuelto palpable dos meses después de que encargara explícitamente a las ministras Pilar Llop e Irene Montero trabajar en una salida pactada al embrollo jurídico del ‘solo sí es sí’, cuya aplicación ha posibilitado la rebaja de condenas a centenares de agresores sexuales, incluidas una veintena de excarcelaciones. La orden de Pedro Sánchez entonces fue zanjar cuanto antes un asunto que en el núcleo del presidente ven como una amenaza grave, un golpe en la línea de flotación del Gobierno. Tras constatar la imposibilidad de un acuerdo durante semanas, la instrucción de Sánchez este domingo fue que el propio PSOE diese un paso al frente al margen de sus socios haciendo suya la propuesta de Pilar Llop como proposición de ley en el Congreso.
No esconden en la Moncloa que las comparaciones de Podemos de los últimos días equiparando al PSOE con el PP entre acusaciones al presidente de “temblor de piernas” frente a la derecha han escocido y mucho en el ala socialista del Ejecutivo. Como tampoco están muy satisfechos con las declaraciones públicas de la ministra de Justicia este martes cuando salió a defender su reforma. En la citada entrevista en la cadena SER, Pilar Llop sostuvo que su propuesta garantiza el respeto al consentimiento como eje de actuación a pesar de recuperar los conceptos de violencia e intimidación para sustentar la subida de las penas. En una de las preguntas, Llop llegó a afirmar que “con una herida basta” para demostrar violencia en los casos de agresión sexual. Una explicación que encaja en la postura defendida por Podemos e Igualdad desde el pasado lunes.
“Que todas las mujeres sepan que sabemos que no es fácil probar la violencia, más bien al contrario, supone un calvario probatorio con el que la ley del sí es sí acabó porque todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual”, aseguró en los pasillos del Congreso Irene Montero. La ministra de Igualdad alertó de que, en su opinión, las declaraciones de Llop demuestran que se atraviesa “un momento difícil, enfrentándonos a un posible retroceso en los derechos de las mujeres”. E insistió en que el anterior modelo “supone tener que probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual”. En el Senado, Montero defendió la ley pero solo le aplaudió Yolanda Díaz, ya que en la Cámara Alta Unidas Podemos no tiene senadores, mientras ministros como Bolaños miraban hacia otro lado.
En el PSOE lamentan que, con sus palabras, Llop haya desbaratado en gran medida el discurso del PSOE en su pulso con Unidas Podemos. Varios dirigentes coinciden en que la ministra de Justicia ha dado alas al socio minoritario del Ejecutivo, que desde que el fin de semana el PSOE anunció que presentaría una proposición de ley para endurecer el código penal ha considerado que, con su propuesta, los socialistas tiraban por tierra el consentimiento.
Tras las palabras de Llop, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno se intentó esquivar la polémica para volver a poner el foco en la verdadera razón que mueve a la reforma, que ante la imposibilidad de poner punto y final a la revisión de condenas a agresores sexuales intenta que las sentencias que juzguen hechos nuevos no rebajen esas penas. “Vamos a defender el gran avance que supone la ley y también a corregir el problema para que en el futuro no se vuelva a producir ninguna rebaja de condenas”, dijo en su intervención en el Congreso Pedro Sánchez. “Digo efectos indeseados y me quedo corto. Porque nadie, ni el Ejecutivo ni los grupos parlamentarios que la apoyaron, tuvimos como objetivo que se rebajara ninguna condena a ningún agresor”, apuntó para mandar un mensaje a su grupo, pero también a sus socios.
En un afán de rebajar la tensión, al menos públicamente, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiso abrir la puerta a un acuerdo in extremis durante la tramitación parlamentaria. “El PSOE está abierto a incorporar las enmiendas que persigan preservar el consentimiento y evitar la rebaja de penas”, dijo en el Senado ante los periodistas. Minutos después, Yolanda Díaz se manifestó en la misma línea. “Hago un llamamiento a encontrarnos, a la serenidad”, expresó antes de asegurar que, en su opinión, sigue siendo viable un acuerdo.
Las dos alas de la coalición coinciden en que, por el momento, los cauces de diálogo están rotos entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad y en que las posibilidades de una salida pactada son, a día de hoy, remotas. Desde el PSOE restan importancia a la posibilidad de acabar sacando adelante la reforma con el apoyo del PP porque creen que lo urgente es cerrar la herida que está provocando el goteo de rebajas penales y la sangría que puede suponer en un año electoral.
Los esfuerzos se centran ahora en intentar acotar el choque en la coalición a la reforma de la ley de libertad sexual y en impedir que el ambiente tenso que impregnaba este martes el Consejo de Ministros acabe llevándose por delante el final de legislatura y lastrando las posibilidades electorales de la izquierda. Sobre la mesa del Gobierno quedan aún asuntos importantes por sacar adelante, como la ley de bienestar animal, la de vivienda o la reforma de la ley mordaza. El nivel de acuerdo que los socios consigan alcanzar en todas ellas servirá de termómetro para comprobar hasta qué punto el deterioro de la convivencia es o no pasajero, a tres meses de las municipales y autonómicas.