Políticos con el mando de la tele: dirigentes sin experiencia y periodistas afines controlan los canales autonómicos
La elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha vuelto a poner de manifiesto una circunstancia que ni es nueva ni es exclusiva de esta corporación pública: los partidos acostumbran a colocar al frente de las televisiones públicas a periodistas afines y a dar asiento y sueldo a miembros de sus propios equipos que, de paso, les permiten controlar los medios públicos.
“Los partidos políticos quieren tener mecanismos de colocación de personas en ámbitos muy directos, a las que se pueda convocar de forma regular y darles directrices. El número de personas que tiene un carné político o una vinculación directa porque toda su vida han vivido gracias a recomendaciones de los partidos es muy alto y son muy fáciles de controlar”, explica el experto en regulación de medios de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Joan Barata.
“En el seno del consejo de Europa hay ya muchos documentos y estándares que establecen cómo se garantiza la correcta prestación del servicio público y cómo se garantiza una gobernanza que sea autónoma respecto a los intereses políticos. Un elemento fundamental es la elección de las personas que tienen que formar parte del máximo órgano rector”, desarrolla.
Un elemento fundamental que no se tiene en cuenta en España, donde las diferentes normativas autonómicas otorgan a los grupos parlamentarios la capacidad de proponer a sus candidatos. La idea original de que las televisiones públicas fuesen fiscalizadas por el Parlamento ha derivado en agencias de colocación sin demasiados controles.
“Los requisitos son muy laxos y pueden entrar muchos tipos de personas sin que podamos garantizar el carácter técnico. El procedimiento acostumbra a ser bastante opaco y acaba dando lugar a una votación parlamentaria y, en el mejor de los casos, una comparecencia que se toma como puro trámite con preguntas amables. En algunas comunidades se establece una mayoría de dos tercios para la elección, pero luego se dice que si no se consigue, vale la absoluta”, explica Barata, que considera que “si existe cierto manoseo político, al final hay acuerdo para nombrar a quien les interesa”. Para él, “más allá de las deficiencias de las leyes, estamos en un país donde no existe una madurez política que permita entender que un servicio público es algo que pertenece a los ciudadanos y no a los políticos”.
En el caso andaluz, solo Ciudadanos ha elegido a profesionales independientes que, a priori, encajan con el cargo que van a desempeñar. Inmaculada Trenado es la jefa de prensa de la Universidad Internacional de Andalucía e Iván Tarín es director de la agencia de publicidad Arena. Salvo el exdirector de El Mundo Andalucía, Rafael Porras, que dirigirá el ente a propuesta del Partido Popular, el resto de formaciones han aprovechado el consejo para colocar a miembros de sus propios equipos.
El PSOE ha propuesto a su diputado por Sevilla Antonio Pradas, a la exdiputada por Granada Olga Manzano y al secretario de organización del partido en Almería Antonio Martínez. Por el PP entrará la exdiputada Mariví Romero. Adelante Andalucía, que inicialmente había propuesto al secretario de organización de IU, Francisco Javier Camacho, ha rectificado para dar paridad al ente y se ha decantado por la periodista Esther Fernández, que forma parte del gabinete de prensa del grupo en el parlamento. Vox ha confiado para el puesto en el director de comunicación del partido, Carlos Morillas.
“Profundo malestar”
Se trata de nombramientos que han despertado un “profundo malestar” e “indignación” en las asociaciones profesionales andaluzas. “Nos preguntamos qué tipo de credibilidad pretenden tener nuestros responsables políticos ante la ciudadanía que les ha votado si su mayor preocupación del día es colocar los intereses de partido frente a los de la sociedad andaluza”, denunció el Colegio de Periodistas de Andalucía. “Las expectativas creadas con el desbloqueo en la renovación de estos órganos no han sido correspondidas con las personas elegidas para sustituir a los anteriores representantes ya que, una vez más, los intereses políticos han pesado más que la salvaguarda de un derecho fundamental como el de la información”, lamentan desde el Sindicato de Periodistas de Andalucía. El Consejo llevaba sin renovarse desde 2008 y también estaba formado en gran parte por representantes políticos.
Basta dar una vuelta por el resto de televisiones públicas autonómicas para comprobar cómo la colocación de personas vinculadas directamente con los partidos que las proponen es la tónica habitual. El presidente del Consejo de Administración del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, nombrado en agosto de 2015, es José Francisco Rivas, que había sido alcalde de Talavera de la Reina con el PSOE de 1999 a 2011, y la vicepresidenta es Carmen Martín Abellán, que cerró la lista del PP para el ayuntamiento de Albacete en las municipales del 26M.
En Euskadi, el Parlamento vasco designó al nuevo órgano de gobierno de la EiTB en marzo de 2017. Es uno de los más numerosos: está formado por 19 miembros que, en su mayoría han ostentado u ostentan cargos políticos. En Murcia, este órgano consta de ocho miembros, que se relevan en la dirección cada tres meses. La mayoría son periodistas o catedráticos, pero entre los nombres también aparece Diego Avilés Correas, que pertenece al grupo Popular en el ayuntamiento de Murcia, donde dirige la oficina de comunicación.
En Asturias, el consejo de administración de la radiotelevisión pública (RTPA) fue elegido en 2015 por el Parlamento regional con ocho miembros propuestos proporcionalmente por los grupos políticos. Ya entonces algunos nombres provocaron suspicacias, al tener poca relación con el mundo audiovisual. Era el caso de la militante socialista y licenciada en ADE Jessica Castaño; la jefa del departamento económico-financiero del Puerto de Avilés, Mercedes Fernández-Tresguerres; o el licenciado en derecho empresarial Jorge Fernández Álvarez, que había ido en el número cuatro de las listas de Foro para las municipales de Oviedo en 2015.
Jefes de prensa en el Consello de CRTVG
En Galicia el actual Consello de Administración de la CRTVG está compuesto por seis miembros, pactados por PP y PSOE, que dejaron fuera a En Marea y el BNG en 2015. Luis de la Matta ha sido durante años la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en comunicación; y Ana Peón e Higinio Meijide llevan vinculados al PP desde la época de Fraga; Leticia Vilar fue responsable de comunicación de la Diputación de Lugo con el PSOE y de este mismo partido cuando lo dirigía José Ramón Gómez Besteiro; y Beatriz Soler fue jefa del gabinete de prensa en la Diputación de A Coruña con el PP. Xosé Antón García Ferreiro es el sexto miembro del consejo y, en su caso, sí es trabajador de la corporación.
En 2011 el Parlamento gallego aprobó una nueva ley con la que pretendía dar “pluralidad” y “desgubernamentalizar” la radio televisión pública. En la práctica ha quedado en papel mojado. En 2015 el PSdeG sacó adelante una propuesta para que se cumpliera aquella ley. “En relación con la actual conformación del Consello de Administración, es especialmente relevante porque la disposición actual de mayorías mantiene una demora injustificada en medidas que promueven la despolitización del medio y figuran recogidas en la ley 9/2011 de medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia, como son la elaboración de un Estatuto Profesional y la creación de un Consello de Informativos, herramientas que tiene que aprobar el Consello desde 2011”, explica Alberto Vázquez, del sindicato Central Unitaria de Traballadoras.
Pero el bloqueo afecta también a la dirección general de la CRTVG. Nada más hacerse con la presidencia de la Xunta en 2009, Feijóo designó para este cargo al periodista Alfonso Sánchez Izquierdo, protagonista de un sinfín de polémicas. En 2016, Feijóo coló en los presupuestos una norma para poder seguir controlando la dirección de la televisión pública, al permitir que Sánchez Izquierdo continuase en el cargo hasta que se consensúe un nuevo nombre. La ausencia de pluralidad ha sido el detonante del movimiento #defendeagalega con el que los trabajadores denuncian “unos medios al servicio de la Xunta y el PP”. En concreto, llevan ya 59 viernes negros de movilizaciones y protestas. Cuando #defendeagalega fue reconocido con el premio José Couso del Colexio de Xornalistas, TVG no informó de ello. Lo había hecho en todas las ediciones anteriores pero en esta ocasión lo evitó, según su director general, porque se trataba de anteponer la protección de la marca al derecho a la información.
Seis miembros, dos periodistas
En el Parlament catalán lleva años coleando una ponencia para modificar la ley audiovisual que regula el sistema de nombramiento de los representantes del consejo de gobierno, pero que parece estar estancada. En 2012 ya se modificó la ley de 2007. Entre los cambios, que el Consell de Govern estuviera integrado por seis miembros con méritos profesionales relevantes, elegidos por el Parlament por mayoría de dos tercios en primera votación o absoluta en segunda. En la práctica, esta medida anula la necesidad de una mayoría cualificada. “Queremos que los nombramientos sean transparentes, que se trate de gente de reconocido prestigio dentro del sector, que se requieran mayorías cualificadas y que los nombramientos de las diferentes ramas (radio, televisión y agencia) se hagan por concurso público”, explica el presidente del Consejo Profesional de Informativos de TV3, Lluis Caelles. Precisamente, el director general de TV3 está imputado por impulsar el 1-O.
De los seis miembros del consejo, que se reparten por cuota, actualmente permanecen en el cargo cuatro. Se trata de la vicepresidenta y presidenta en funciones, Núria Llorach, vinculada a CiU, cuya “relación con los medios es más bien escasa”, indica Caelles; la periodista Rita Marzoa; Antoni Pemán, de la órbita de Unió; y Armand Querol, propuesto por el PP y sin relación con los medios.
Los dimitidos son Brauli Duart, que dejó la presidencia para convertirse en el número dos de Interior, y el periodista Josep Vilar, propuesto por el PSOE. “Cuando estaban los seis, teníamos a dos periodistas de radio y televisión, que cumplían con las expectativas de conocer el medio. El resto, no. Esa es una de las grandes reivindicaciones del comité de empresa”, denuncia Caelles. Con todo, el Consell está ya con el mandato caducado. En diciembre de 2018 el Parlament estuvo a punto de llegar a un acuerdo, pero a última hora Ciudadanos, que había propuesto al exdirector de TVE Eladio Jareño, se echó atrás. “Para desencallar la renovación del consejo tienes que sentarte y pactar. Se pactó, pero luego se dieron cuenta de que si estás sentado en el consejo de administración pierdes la posibilidad de seguir dándole palos a un medio que Ciudadanos ha convertido en el malo oficial”, lamenta Caelles.
Un falso “bálsamo de independencia”
El sistema de elección del Consejo de Administración de la radiotelevisión pública madrileña es sustancialmente diferente aunque, en esencia, continúa dependiendo de la Asamblea. En 2015 se aprobó una reforma de la televisión pública, que incluía medidas como que el director se eligiese por convocatoria pública y que necesitase del respaldo de la mayoría del parlamento. En cuanto al consejo, consta de nueve miembros y tienen un mandato de seis años. Cuatro son elegidos en proporción a la representación parlamentaria, que en aquel momento fue de uno por grupo, y los otros cinco eran elegidos por asociaciones profesionales. El quid de la cuestión está en que las asociaciones deben presentar sus propuestas a la comisión de control de RTVM y esta decide, lo que en la práctica se traduce en que la Asamblea también debe dar el visto bueno y aprobar a estos representantes.
“Es un tema muy polémico, porque a lo largo de este tiempo hemos visto cómo unas asociaciones son tenidas en cuenta y otras no. Nosotros siempre hemos defendido que los miembros del consejo de administración deben ser profesionales del sector, conocedores del sector, con experiencia en el sector. Según en qué tipo de organizaciones, no sabemos cómo se eligen los miembros. Este tipo de cosas parece que les da un bálsamo de independencia cuando realmente no sabemos en muchas ocasiones quién está detrás de esas organizaciones”, explica el presidente del comité de empresa de CCOO, Luis Lombardo. En concreto, en el consejo están presentes dos miembros de la Asociación de Trabajadores Autónomos y otros tres de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid (APRT).
En cuanto a los miembros propuestos directamente por los partidos políticos están Elisa Blanco, en sustitución de Carmen Caffarel, propuesta por el PSOE; Pepe Oneto, por el PP; Elsa Gonzalez, en sustitución de Mari Pau Domínguez, por Ciudadanos; y Mae Lozano, por Podemos. “En la experiencia pasada, a veces metían a alcaldes de no sé dónde o miembros de no sé qué. Ahora si los partidos tienen capacidad de elegir y eligen a profesionales... Si eligen a Oneto o a Caffarel, o a Mari Pau Domínguez, son gente que conoce el medio y perfiles que no generan ningún tipo de duda, pero hay casos en el pasado en los que no ha sido así”, explica Lombardo.
En el caso de la televisión pública valenciana, la nueva corporación, puesta en marcha en 2016 tras la quiebra del anterior ente en 2013, durante la presidencia del popular Alberto Fabra, lleva apenas tres años en marcha. En la norma que regula la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) se hace hincapié en la “independencia” de este órgano, que está regido por la presidencia del Consejo Rector. Para su nombramiento se abre una convocatoria pública y se selecciona un máximo de tres candidatos o candidatas, que deben comparecer ante la comisión de Les Corts cuando sean requeridos para exponer su programa. Finalmente, la comisión elige un candidato, que deberá contar con el visto bueno de al menos dos tercios de la Cámara en primera votación o de tres quintos en segunda. Actualmente, este cargo lo ostenta Enrique Soriano. No obstante, el Consejo Rector está formado por otras nueve personas, de las que cinco son propuestas por la propia Cámara.
