El conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, considera un “155 digital” y un “golpe de Estado digital en Cataluña” el decreto aprobado por el Gobierno para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como “república digital” catalana.
En declaraciones a la prensa, Puigneró ha asegurado que este jueves asistimos a la prueba de la “deriva antidemocrática en la que ha entrado el Gobierno del PSOE”, ha asegurado que los socialistas, igual que hiciera el PP, gobiernan “contra Cataluña” y que “el Estado es un lastre y un freno para Cataluña”.
Puigneró ha lamentado que en las últimas semanas Cataluña ha asistido a “cierres de webs y de aplicaciones” así como a la filtración del tráfico en internet “aplicado por el Estado” y “ahora quieren ilegalizar una república que decían que no existía”.
“Pues existe -ha continuado el conseller- y es imparable porque la república digital es, en el fondo, el nacimiento de un quinto poder, la ciudadanía digitalmente apoderada”.
Por ello, considera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha desconectado no solo de Cataluña, sino también “del progreso social y digital del siglo XXI”.
Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprueba este jueves un decreto de seguridad digital para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce la “república digital” catalana.
Según ha explicado Sánchez, el real decreto ley servirá para que el Estado garantice la seguridad digital y obliga a que todos los servidores de internet que utilicen las distintas administraciones en España -incluida la Generalitat- estén localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales.
Puigneró se ha preguntado si con este decreto el Gobierno quiere ilegalizar el apoderamiento digital de la ciudadanía porque les da miedo, si quiere ilegalizar el despliegue de la fibra óptica para que llegue a todas las capitales de comarca de Cataluña o pretende que los ciudadanos de Cataluña no dispongan de ancho de banda vivan donde vivan.
También se ha preguntado si “quieren ilegalizar un derecho que tienen los ciudadanos a tener una identidad digital”, si “les da miedo que avancemos digitalmente o si quieren que este país (Cataluña) sea vulnerable a ciberataques”.