El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones ha aprobado una declaración institucional que sostiene que la hipotética ley de amnistía —de la que todavía no se conoce su contenido— supone la “abolición del Estado de derecho”, informan a elDiario.es fuentes del órgano. La votación ha salido adelante por nueve votos a cinco. Ha contado con los votos a favor de los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador que forzaron la convocatoria de un pleno con este único punto en el orden del día y, finalmente, también se ha sumado el conservador Wenceslao Olea, que no había firmado la petición. El presidente interino, Vicente Guilarte, ha votado en blanco. Los cinco progresistas que han asistido se han posicionado en contra.
El vocal Álvaro Cuesta, elegido en su día a propuesta del PSOE, ha cumplido su órdago y se ha ausentado de una convocatoria que considera “improcedente e ilegal” y donde, a su juicio, se ha debatido lo que considera un “panfleto político”. Su ausencia ha rebajado el número de votos necesarios para que la iniciativa saliera adelante —de nueve votos a ocho— aunque no ha alterado el resultado el final. La declaración habría salido adelante igualmente al contar con el respaldo casi unánime del bloque conservador.
Los vocales elegidos a propuesta del PP han conseguido que la institución más importante del tercer poder del Estado haga un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que negocian desde hace semanas el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tiene ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático. Y, sin duda, será utilizada por PP y Vox en sus apocalípticas predicciones sobre el futuro de España y la democracia si el acuerdo de investidura finalmente se consuma. La iniciativa llega después de días de pronunciamientos públicos contra la amnistía de otros sectores conservadores de la judicatura y de las fuerzas del orden.
El presidente interino ha anunciado un voto explicativo en el que cuestionará la posible amnistía al sostener que la “actividad” de los tribunales “no puede verse cuestionada por una hipotética normativa futura”. Pero expondrá, no obstante, que hasta que no se conozca un texto prelegislativo el debate debería mantenerse “en el terreno estrictamente político”, según un comunicado difundido por el CGPJ.
Las progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda han justificado su voto en contra con el argumento de que con esta declaración se “corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados” sobre una norma que, de aprobarse, estarán obligados a aplicar. Añaden, además, que el texto “daña” la imagen de los tribunales y sitúa al CGPJ “en un campo de batalla política al que nunca debe bajar”. Por su parte, el vocal Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV, ha argumentado su voto contrario manifestando que siempre se ha opuesto a la aprobación de declaraciones institucionales de este tipo.
“Abolición del Estado de derecho”
El texto aprobado acusa al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirman que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.
En los últimos días, algunos de los vocales firmantes de la propuesta reconocían a elDiario.es que se refieren a una norma de la que no conocen su contenido. No obstante, consideran que su movimiento está justificado desde el momento en el que Sánchez argumentó que la amnistía es la única forma de “no dar una segunda oportunidad a Feijóo y Abascal”. También aludió, no obstante, a la “convivencia entre españoles” y la necesidad de cerrar la fractura causada por el procés.
La declaración afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Considera, además, que es inconstitucional, obviando el hipotético pronunciamiento que pueda hacer en su día el Tribunal Constitucional, la instancia que tendrá la última palabra sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017.
El texto incluye estas consideraciones “incluso al margen del debate general sobre la viabilidad” de las amnistías en el marco constitucional. Y lo hace en base a tres argumentos principales. Primero, porque sostiene que “no es compatible con el principio de Estado de derecho (...) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales” para “conseguir el beneficio personal y político” de un aspirante a presidente. Segundo, “porque supone generar una clase política jurídicamente irresponsable e impune”. Y, tercero, porque “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”.
Los vocales que han respaldado la declaración son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y el citado Wenceslao Olea.
El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas.