Los conservadores del Poder Judicial en funciones intentan forzar una declaración contra la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde hace casi cinco años, entra de lleno en el debate sobre la hipotética amnistía a los encausados por el procés. Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitarán este jueves la celebración de un pleno extraordinario en el que piden la aprobación de una declaración institucional muy crítica con la posibilidad de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía.

El texto propuesto carga contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. Todo ello, a pesar de que por el momento no hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público— sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

Los vocales que suscriben esta petición, a la que ha tenido acceso elDiario.es, son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. El reglamento del CGPJ establece que basta con que el presidente lo decida o cinco vocales lo pidan para que haya que convocar un pleno en los tres días siguientes a la solicitud. La voluntad de los vocales conservadores es que esta reunión se celebre el próximo lunes, aunque la determinación de la fecha corresponde al presidente, el también conservador Vicente Guilarte.

El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas. 

Para que la citada declaración institucional sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo dependen de que pueda conciliar algún apoyo más dentro del bloque conservador e incluso del minoritario sector progresista.

El argumento que esgrimen los conservadores para exigir la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que Sánchez ya se refirió públicamente a la amnistía. Lo hizo el pasado 28 de octubre, cuando defendió la medida “en nombre de España y de la convivencia” ante el Comité Federal del PSOE.

Los vocales firmantes creen, sin embargo, que la amnistía tendrá “consecuencias en perjuicio del interés real de España” y acusan a Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”. Añaden, además, que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.

La propuesta de declaración hace estas consideraciones “incluso al margen del debate general sobre la viabilidad” de las amnistías en el marco de nuestra Constitución, que también niegan. Y lo hacen en base a tres argumentos principales. Primero, porque consideran que “no es compatible con el principio de Estado de derecho (...) que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales” para “conseguir el beneficio personal y político” de un aspirante a presidente. Segundo, “porque supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune”. Y, tercero, porque “se violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico”. 

El movimiento de estos ocho vocales coincide con las reacciones críticas que ya han expresados en las últimas semanas los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. También el presidente interino del CGPJ, que no firma esta petición, ha cuestionado la amnistía “sin otra justificación que la mera coyuntura electoral”.