Cómo salvar la unidad de España llevándose por delante a la Constitución

No es esto. No es esto. El Partido Popular dice estar molesto por la piñata de Sánchez montada por las juventudes de Vox en la Nochevieja. Ahí ha faltado respeto y finura. Pero las ideas de Vox no le provocan sentimientos tan negativos. El debate parlamentario sobre la ley de amnistía le ha permitido lanzar una propuesta no muy diferente a las exigidas por la extrema derecha en la anterior legislatura. El conflicto catalán se arregla ilegalizando partidos independentistas. Sólo hay que esperar a que den un paso más en esa línea.

Su grupo parlamentario presentó el miércoles su enmienda a la totalidad a la proposición de ley de amnistía. Un paso previsible. Pero la enmienda no es un simple rechazo, sino que propone una reforma del Código Penal que cree un nuevo delito, el de “deslealtad constitucional”. Un concepto difuso que no ha aparecido en ninguna sentencia del Tribunal Constitucional y que ahora sirve para eliminar de raíz el problema independentista. Lo hace suprimiendo a los partidos que promuevan un referéndum ilegal, por tanto sin valor jurídico, o declaren la independencia.

Si hubo un momento en que la derecha pensó que todo se resolvía metiendo en prisión a políticos, una medida que dejó perplejos a jueces alemanes y belgas, ahora ha puesto en un papel una idea no menos efectiva desde su punto de vista. El independentismo desaparecerá en Catalunya si se elimina a los partidos y organizaciones independentistas. 

La idea fue anunciada por Alberto Núñez Feijóo en el discurso de su investidura fallida. No causó una gran controversia por parecer un alarde retórico con el que satisfacer a sus bases. ¿Cómo se define la lealtad hacia una Constitución que no tiene un carácter militante, como se ha recordado en muchas ocasiones?

“Proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan inobservancia de leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad de nuestro país”, explicó este miércoles su portavoz parlamentario, Miguel Tellado.

La referencia a la “inobservancia de leyes” podría dar lugar a alguna paradoja. El PP se niega a negociar la renovación del CGPJ aplicando la ley orgánica de 1985 que establece el sistema de elección de sus vocales. No lo hará a menos que se reforme esa ley, cosa que no puede hacer por sí solo por carecer de mayoría parlamentaria. 

Será que piensa que eso no perjudica “la unidad de nuestro país”. Sólo daña gravemente el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial. Pero eso parece ser un detalle menor si la prioridad es cumplir el programa electoral del PP.

Los periodistas preguntaron a Tellado en la rueda de prensa si la propuesta del PP incluía de forma específica la ilegalización de partidos como Junts y Esquerra. Optó por no responder a la duda. La pregunta se respondía por sí sola. Si propones “la disolución de asociaciones o personas jurídicas”, está claro que incluyes a partidos políticos.

La constitucionalidad de esa medida es dudosa como mínimo. El PP lo entenderá muy bien. El partido ha aparecido en varias sentencias condenatorias en los juicios de la trama Gürtel y a ningún tribunal se le ocurrió reclamar su ilegalización al Supremo. Tampoco en el caso de la sentencia que declaró probado que se utilizó dinero negro para pagar la rehabilitación de su sede de Génova, el mismo edificio en que Tellado dio su rueda de prensa.

El lector con buena memoria recordará que en España existe una ley de partidos políticos –la Ley Orgánica 6/2002– que establece las razones por las que un partido puede ser ilegalizado. Se encuentran en su artículo 9. Todas ellas tienen que ver con el apoyo a organizaciones terroristas o la legitimación del uso de la violencia. La ley establece que “no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional”.

En otras palabras, es legal en España defender ideas que cuestionen el marco constitucional, y eso incluye todo lo que aparezca en la Carta Magna, siempre que se haga de forma pacífica. A eso se refieren los que afirman que la Constitución no es “militante”.

El PP rechazó en el Senado una propuesta de Vox que reclamaba la ilegalización de los partidos independentistas con el argumento de que “no prosperaría en el Tribunal Supremo”. Ahora sabe que su enmienda a la totalidad será rechazada en el Congreso, con lo que no cree tener la obligación de considerar su viabilidad. 

Se trata de comunicar a los votantes de Vox que el PP es capaz de llegar tan lejos como el partido de Santiago Abascal en la defensa de la unidad de España. Ni siquiera la Constitución les va a frenar.

Es difícil superar a Vox en esa carrera hacia la forma más represiva que uno pueda imaginar para impedir algún día la independencia catalana, un horizonte que hoy sabemos que está más lejos que nunca en la última década. Su enmienda a la totalidad incluye considerar como delito “negociar con personas condenadas judicialmente, o procesadas o sustraídas a la acción de la justicia”. ¿Qué clase de democracia es una en que es delito hablar con políticos de otros partidos con independencia de su situación judicial?

Lo que es indudable es que es más fácil ganar las elecciones si consigues ilegalizar a los partidos que están en el bando opuesto. Ese es un método difícil de superar.