El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta el próximo lunes las deliberaciones sobre la petición del Partido Popular para suspender de urgencia la tramitación de la reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías. En la práctica, esta ausencia de decisión ha implicado que el Congreso ha podido votar y aprobar esta tarde sin trabas la tramitación de esta reforma.
Cinco de los once magistrados del pleno han alegado que no estaban en condiciones de tomar una decisión hoy y el presidente, Pedro González-Trevijano, ha optado por trasladar las deliberaciones al lunes. Los cinco magistrados progresistas han pedido “el tiempo indispensable” para acometer “el estudio completo” de la documentación, ante “la complejidad” del asunto y la “relevancia” de la decisión. Esto, afirman en una carta, les imposibilita para participar en el debate.
La formación de Alberto Núñez Feijóo anunció ayer este recurso contra la decisión de la Comisión de Justicia de la cámara baja de admitir a trámite las enmiendas con las que el Gobierno pretende desencallar la renovación del Tribunal Constitucional. Las enmiendas proponen que cambie el sistema de mayorías para sortear el bloqueo de varios vocales conservadores del CGPJ y que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados que les corresponden.
Un recurso al que se han opuesto tanto el PSOE como Unidas Podemos. Los dos grupos parlamentarios en la cámara baja se han dirigido esta misma mañana al Constitucional solicitando que se rechacen las cautelarísimas y que, además, se les tenga por personados para hacer alegaciones en el trámite de medidas cautelares. El partido de Ione Belarra, además, ha solicitado que dos de los magistrados se aparten del procedimiento.
Las deliberaciones del Constitucional sobre la medida cautelarísima han empezado con más de dos horas de retraso sobre el horario previsto para analizar y rechazar estas recusaciones planteadas por Unidas Podemos.
Un Constitucional por renovar
En el fondo del asunto, al margen del debate jurídico concreto que han tenido los magistrados este jueves, están los efectos de la onda expansiva del bloqueo del Partido Popular a renovar el CGPJ, que llega hasta el Tribunal Constitucional. Los vocales conservadores designados por el PP en este organismo, caducado desde hace cuatro años, se han negado hasta ayer miércoles a sentarse a votar candidatos y eso implica que, por ahora, hay cuatro magistrados del Constitucional sin renovar.
Dos de ellos corresponden al Gobierno y dos al CGPJ, pero parece claro que en el Constitucional no hay planes de dar el visto bueno a los dos candidatos del Ejecutivo si no están preparados también los del órgano de gobierno de los jueces, al menos de momento.
En el Consejo del Poder Judicial la situación está lejos de desencallarse. La última reforma legal obligaba a los vocales a ponerse de acuerdo para designar a sus dos candidatos en septiembre, pero varios meses después eso no ha ocurrido. No ha ocurrido porque varios vocales del sector conservador se han negado, hasta este miércoles, a poner a sus candidatos encima de la mesa y votar.
La aparición de esta última modificación de las mayorías necesarias les ha llevado a exigir, ahora sí de urgencia, un pleno para votar a sus dos candidatos: César Tolosa y Pablo Lucas Murillo. Una oferta que, en la práctica, neutraliza y veta la propuesta del sector progresista, el magistrado José Manuel Bandrés. Una propuesta destinada al fracaso y que ya tiene fecha para la deliberación: el martes 20 de diciembre.
Una mayoría progresista bloqueada
Un Consejo caducado desde hace cuatro años, cuya renovación está bloqueada por el PP, bloquea también por tanto la renovación de una parte clave del Tribunal Constitucional. Una parte clave porque estos cuatro puestos pendientes de renovación son los que garantizarán una mayoría progresista durante los próximos años tras una década de mayoría conservadora.
El Gobierno ya ha designado a su propio exministro Juan Carlos Campo y a la catedrática Laura Díez, dos de perfil progresista, mientras que el Consejo no saca los suyos adelante, pero que tradicionalmente suele aportar un magistrado a cada sector del pleno.
La sustitución de dos conservadores nombrados bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy por dos progresistas invertiría esa proporción con varias decisiones clave por delante: el recurso del PP contra la Ley del Aborto y recursos contra normas más actuales como la de Eutanasia, la Ley Celáa de educación y tantas otras.