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La Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza' que el PP aprobó en solitario en 2015 cuando gobernaba con mayoría absoluta, amenaza con abrir una nueva brecha en el Tribunal Constitucional. Tras una jornada de “debate intenso”, el pleno acordó este miércoles aplazar la decisión sobre la limitación de las devoluciones en caliente de inmigrantes y otros artículos de esa norma que ponen trabas al derecho de manifestación o avalan los cacheos 'preventivos'.
El debate evidencia de nuevo –como ya ha pasado con los recursos de Vox sobre las manifestaciones en estado de alarma o la nulidad de 29 diputados por su forma de jurar el cargo– el abismo que existe entre las dos corrientes del tribunal, progresista y conservadora.
Fuentes del tribunal confirman a eldiario.es que el consenso “está muy lejos” y no creen que pueda haber acuerdo en la sesión de este jueves. Los magistrados tienen sobre la mesa la propuesta de sentencia del magistrado progresista Fernando Valdés, a quien correspondió por reparto. Sin embargo, su proyecto no convence al resto de progresistas, que lo consideran insuficiente; ni tampoco a los conservadores, que no son partidarios de hacer grandes retoques al que fue proyecto estrella de Jorge Fernández Díaz en su paso por el Ministerio del Interior.
Esa ponencia, que es solo un punto de partida, prevé limitar el alcance del artículo que ampara las devoluciones en caliente –la vuelta inmediata a Marruecos de los inmigrantes que entran en España– y propone que únicamente estén autorizadas en caso de entradas masivas y violentas. La 'ley mordaza' avala las expulsiones de migrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla sin identificación ni procedimiento administrativo. Y, por tanto, sin la posibilidad de solicitar asilo.
El proyecto de Valdés también propone dejar de sancionar con carácter general las concentraciones pacíficas frente al Congreso. El argumento del ponente es que si no se está celebrando un pleno en ese momento y, por tanto, no hay riesgo de que se ponga en peligro el ejercicio de la labor parlamentaria no hay elementos para prohibir un derecho fundamental.
También está en discusión el articulado que sanciona la grabación o difusión de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin su consentimiento o la parte de la norma que avala los cacheos 'preventivos'. Sobre estos últimos, la propuesta es que estén supeditados a criterios de “necesidad” y “proporcionalidad”. Otros artículos que han sido objeto debate son los relativos a las multas por ocupar la vía pública para la venta no autorizada y al régimen sancionador en su conjunto.
En total, seis puntos sobre los que ha habido un “debate intenso” y en los que el acuerdo está lejos de ser inminente. De hecho, fuentes del tribunal aseguran que todo apunta a que se acabará produciendo una votación “por puntos” con el objetivo de facilitar un futuro acuerdo.
Recurso de la oposición de 2015
La 'ley mordaza' fue aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP en 2015 como respuesta a las movilizaciones que discutían en la calle los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. El debate en el Constitucional se produce a raíz de un recurso sobre los artículos más restrictivos de la citada ley presentado por las formaciones que estaban en la oposición a principios de 2015: PSOE, PNV, CiU, UPyD e IU.
El Constitucional retomó esta semana el debate sobre esta norma tras un primer intento el año pasado. Entonces, la deliberación se detuvo para esperar a la doctrina de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que tenía pendiente pronunciarse sobre una condena a España por la expulsión inmediata de dos jóvenes que habían saltado la valla de Melilla en 2014. La decisión llegó el pasado 13 de febrero. El TEDH avaló las devoluciones en caliente y anuló esa condena al considerar que los migrantes denunciantes “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla”.
El magistrado Fernando Valdés, que planeó en un primer momento calificar como inconstitucional las devoluciones en caliente, moduló su propuesta tras ese fallo. Con esta propuesta de limitar esas expulsiones exprés a los casos de entradas masivas y violentas, el magistrado pretendía evitar hacer una interpretación de máximos de esa sentencia. Pero tampoco así ha conseguido convencer al sector progresista. Ni al conservador, que es mayoritario en el tribunal.
Choque entre sectores
El debate sobre la 'ley mordaza' evidencia una vez más la ruptura total que existe entre los dos sectores del Constitucional, el progresista y el conservador. Este último es el que quiere abrir el debate sobre la nulidad de la condición de diputados de 29 miembros de formaciones independentistas y de Unidas Podemos que usaron fórmulas innovadoras para tomar posesión de su cargo durante la Constitución de las Cortes el pasado 3 de diciembre. Este lunes, la Sala Primera tomó la decisión formal de pasar la pelota al pleno tras solicitarlo seis magistrados.
Aunque esa Sala ya había tomado la decisión de archivar recursos similares presentados por el PP y Ciudadanos respecto a la legislatura corta de 2019, las normas que rigen el funcionamiento del Constitucional dicen que, para llevar un asunto al pleno, basta con que lo pidan tres o más magistrados. Y eso es lo que ha sucedido en este caso convirtiendo en papel mojado la propuesta de archivo de la Sala.
El debate tendrá que reiniciarse desde cero en el pleno, donde los magistrados próximos al PP y a Vox son mayoría. Solo las firmas que piden impulsar el debate suponen la mitad de los miembros que configuran el pleno. Toda la presión sobre el presidente del organismo, el conservador Juan José González Rivas, partidario inicialmente de archivar las reclamaciones de las tres derechas.
Los choques entre el sector conservador, que es mayoritario, y el bloque progresista se han incrementado en las últimas semanas también a propósito de asuntos como la resolución contraria a las manifestaciones durante el estado de alarma. González Rivas usó su voto de calidad para avalar la prohibición de una manifestación en coche en Vigo con motivo del 1 de Mayo con el argumento de que no había garantías que evitaran la propagación del virus.
El Constitucional, cuyo mandato con la actual composición de mayoría conservadora concluyó el pasado noviembre, afrontará en las próximas fechas otros asuntos clave. Entre ellos, los recursos de los políticos independentistas condenados por el procés o el recurso que presentó Vox que impugna el estado de alarma y, por tanto, todas las decisiones que han limitado la movilidad adoptadas por el ejecutivo de Sánchez en su condición de mando único.