El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la mayoría de los grupos de la oposición contra la Ley de Seguridad Ciudadana en una providencia en la que da 15 días al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que presenten alegaciones.
De esta forma es admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, que fue promovido por más de cincuenta diputados, de PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai.
El TC aclara en una nota informativa que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, que el tribunal resolverá en próximas fechas.
Representantes de los grupos recurrente definieron la norma como “ley mordaza” al estimar que su objetivo es “frenar los recortes del PP” y que la voluntad del Gobierno es evitar las protestas sociales.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mostró entonces convencido de la constitucionalidad del texto que, a su juicio, es “más garantista” que el actual en vigor de 1992, la llamada “ley Corcuera” o de “la patada en la puerta”.
Tras registrar el recurso, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, explicó que está respaldado también por numerosas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos y resaltó que la ley conculca derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
Antonio Hernando aseguró que el PP tiene “miedo” y, por ello, ha impulsado esta la ley con el objetivo de “frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones de los ciudadanos” en contra de los recortes de derechos y libertades y que conculca la dignidad de las personas.
Entre las cuestiones que la oposición considera inconstitucional figura la disposición adicional que modifica la Ley de Extranjería para legalizar las denominadas “devoluciones en caliente” en las fronteras de Ceuta y Melilla, lo que, según Hernando, conculca el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.
Por su parte, Caridad García, diputada de la Izquierda Plural, opinó que con esta norma se “atacan” derechos como el de reunión o de manifestación, incluso estimó que “quizás el mismísimo Franco no la habría considerado mejor” y comentó que retrotrae a tiempos que ya se creían superados.
Desde UPyD, Andrés Herzog, consideró la ley “desproporcionada” e “innecesaria”; Joan Baldoví, de Compromís, la tildó de “inútil” y “dirigida para que la gente no pueda expresarse”.