La querella de Izquierda Unida y el Partido Comunista contra Juan Carlos I terminará en Estrasburgo. El Tribunal Constitucional ha decidido inadmitir el recurso que los dos partidos interpusieron contra la decisión del Tribunal Supremo de no abrir una investigación penal sobre las finanzas del rey emérito y el siguiente paso que darán ambas formaciones es llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En un escrito del pasado 13 de octubre, el tribunal de garantías decretaba la inadmisión del recurso de amparo promovido por ambos partidos. Un escrito en el que los magistrados explican que “la Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional” requerida para llegar a ser estudiado de cara a una sentencia.
Los dos partidos políticos reclamaban que el Tribunal Constitucional obligase al Supremo a admitir a trámite su querella y abrir una investigación. Los dos partidos, junto con el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, impulsan desde 2018 una querella contra el rey emérito desde la publicación de unas grabaciones en las que Corinna Larsen, examante del monarca, reconocía el cobro de comisiones por parte de Juan Carlos de Borbón. Con el tiempo la querella fue apuntando a nuevos indicios investigados tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Fiscalía del Tribunal Supremo: posibles delitos fiscales, el uso de tarjetas opacas desvelado por elDiario.es y finalmente las regularizaciones fiscales por valor de 4,5 millones de euros.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha inadmitido las diversas querellas y peticiones de reactivación de la causa. Los jueces de la sala que preside Manuel Marchena entienden que las alegaciones de IU y el PCE se basan en noticias conocidas a través de la prensa y han llegado a denunciar “una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular”. En ese mismo auto el Supremo también decretaba el archivo de otra querella similar presentada por Òmnium Cultural.
Ambos partidos y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas llevaron el caso en amparo al Constitucional alegando que las sucesivas negativas del Tribunal Supremo habían vulnerado el derecho a una resolución motivada y a una investigación “eficaz y efectiva”, denunciando “parcialidad y animadversión” por parte de los jueces en base a sus afirmaciones tan críticas con el ejercicio de la acusación popular. El recurso, ahora rechazado por el Tribunal Constitucional, aseguraba que los hechos conocidos de la investigación al monarca en el último año daban “verosimilitud” a su querella y que por tanto las expresiones del Supremo deben ser calificadas “como un indicio objetivo de su pérdida de apariencia de imparcialidad”.
Fuentes de los partidos que impulsan la querella entienden que ahora es el momento de llevar el caso a Estrasburgo al tratarse de un asunto de “gran importancia” por la “sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad” el hecho de que el Supremo no haya querido, por ahora, investigar al rey emérito. Entienden que estas decisiones de la sala de lo penal han lesionado el derecho fundamental de estos partidos a la tutela judicial efectiva.
La Fiscalía archivará el caso
Mientras tanto la triple investigación al rey emérito y su fortuna va camino del archivo en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los representantes del Ministerio Público entienden que la combinación de la inviolabilidad que protegió a Juan Carlos I hasta su abdicación y sus regularizaciones ante Hacienda le parapetan ante cualquier tipo de acción por la vía penal. Las primeras pesquisas surgieron hace tres años en la Fiscalía Anticorrupción y pasaron en 2020 a manos de la Fiscalía del Supremo y un equipo liderado por Juan Ignacio Campo, actualmente teniente fiscal del alto tribunal.
La primera fase de la investigación abordó el cobro de decenas de millones de euros en comisiones por parte de Juan Carlos I por su intervención en la adjudicación de las obras de construcción del AVE a La Meca a empresas españolas. Unas comisiones que, supuestamente, fueron ocultadas al fisco español. En este caso desde el principio la Fiscalía dejó claro que el cobro de las comisiones estaba fuera de su ámbito de actuación al ser anterior a 2014 y por tanto cuando todavía estaba protegido por su inviolabilidad.
La siguiente investigación abierta fue desvelada por elDiario.es: el uso por parte del monarca y más miembros de su familia de tarjetas de crédito opacas y a espaldas del fisco. Para hacer frente a la deuda con Hacienda derivada del uso de estas tarjetas, su defensa presentó una primera regularización de más de 600.000 euros. La tercera y última ramificación de la causa está relacionada con un fondo millonario en la isla de Jersey supuestamente vinculado al monarca emérito según un informe remitido por los servicios antiblanqueo.