La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha acudido este lunes a Madrid para denunciar frente a la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol, que el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley autonómica de víctimas del terrorismo a aquellas personas afectadas o familiares de estas que sufrieron atentados en el País Vasco y Navarra, al no estar entonces empadronadas en Madrid. Esta circunstancia, denuncia Ordóñez, les excluye de poder recibir las indemnizaciones pertinentes, lo que supone para su asociación “una grave injusticia” y “un agravio comparativo” con respectos al resto de la víctimas de ETA.
Según ha explicado, esta situación afecta tan solo a una decena de familias que pertenecen a Covite pero cree que aunque sea una minoría eso no justifica que sean excluida de la ley, algo que a Ordóñez le parece “indignante”, como también el hecho de que el consejero de Justicia del ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, no les quiera recibir para manifestarle sus quejas y ver qué solución podía darle. “Le pedimos una reunión el pasado mes de junio y no hay manera”, ha lamentado Ordóñez. La petición a ser recibidos la extendió también la propia Ordóñez, el pasado mes de septiembre de 2023, a la Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Rocío López González, pero igualmente sin éxito.
La presidenta de Covite ha cargado por ello contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Estamos hartos ya, empezando por la presidenta del Gobierno madrileño que se ceba y se ensaña con las víctimas que son las que han pagado las peores consecuencias del terror etarra”, ha señalado.
Según ha explicado Ordóñez, la primera versión de la Ley que se aprobó en 2018 convertía a la ley madrileña de víctimas del terrorismo en la “peor ley de todas las leyes autonómicas de víctimas existentes”. Principalmente, según Covite, por dos motivos: “excluía del ámbito de aplicación de la ley a todas aquellas víctimas que hubieran sufrido un atentado en la Comunidad de Madrid, pero que no estuvieran empadronadas en la Comunidad en el momento de sufrir el atentado”. Y también porque “excluía a todas aquellas víctimas que hubieran fijado su residencia en Madrid como consecuencia de los atentados que sufrieron principalmente en el País Vasco, y Navarra, y que llevan viviendo desde entonces aquí, y son madrileños a todos los efectos”.
Finalmente, 25 de octubre de 2019, “después de mucho pelear, ya de la mano de las dos asociaciones del 11M”, consiguieron que se eliminara el requisito del empadronamiento. De este modo la ley fue modificada y entró en vigor el uno de enero de 2023. Entonces, según ha desgranado Ordoñez, informaron a sus socios “de que aquellas víctimas que se encontraran en cualquiera de los dos supuestos ya explicados podían presentar sus solicitudes” para acogerse a las indemnizaciones pertinentes contempladas en dicha ley. Pero la sorpresa fue comprobar que “las familias que habían sufrido sus atentados en el País Vasco, el propio Comisionado de Víctimas les decían que ellas no entraban en la aplicación de la Ley, y les animaba a no presentar las solicitudes”.
La presidenta de Covite, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a algunos de los familiares de víctimas afectadas por esta situación, espera que esta “injusticia” se subsane de inmediato para no tener que llevar el caso al contencioso administrativo si no se aceptan los recursos que han presentado.
Rifirrafe en la Asamblea de Madrid
Posteriormente, Ordoñez ha comparecido en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar precisamente de la aplicación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo y la modificación de la misma que se realizó en 2022.
Allí, el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid José Virgilio Menéndez Medrano ha calificado sus críticas como “una falta de respeto”. Según Menéndez Medrano, Ordóñez “no tiene la verdad absoluta” sino su opinión personal: “Lecciones, ni una”. El diputado del PP de Madrid ha asegurado que las palabras de Ordóñez “no pueden ser más beligerantes ni desafortunadas” y que “no se puede ser más injusto, ni estar más equivocada, y su postura no puede ser más minoritaria entre las víctimas”. “Sabemos perfectamente lo que es ser víctima”, ha añadido Menéndez Medrano, quien ha recordado que tanto él como dos compañeros de su formación, así como uno de Vox, han sufrido el terrorismo.
El diputado del PP también ha hecho mención al propio Gregorio Ordóñez, hermano de la compareciente asesinado por ETA en 1995. “Usted lo último que ha tenido como referente es a mi hermano Gregorio”, ha respondido ella. “Los que faltan al respeto a las víctimas son ustedes”, ha insistido.
La presidenta de Covite ha manifestado posteriormente, a través de un mensaje en X, que nunca ha vivido “una comparecencia parlamentaria tan desagradable, en mi vida, con tanta inquina hacia todo lo que represento”, por parte del portavoz del PP en la sesión. Ordóñez sí ha dado las gracias al resto de representantes “por habernos tratado con respeto y empatía”.