El contrato secreto para vender armas a Arabia Saudí que autorizó el Gobierno de Rajoy: 250 morteros y 175.000 proyectiles

La consultora Everis, presidida por Eduardo Serra -exministro de Defensa de José Maria Aznar- negoció en secreto en 2017 con el Gobierno de Arabia Saudí la venta de armamento por más de 108 millones de dólares (88,8 millones de euros), según una investigación de varios meses de elDiario.es. El negocio, partido en dos contratos distintos, fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (compañero de Serra en el Consejo de Ministros entre 1996 y 2000) a pesar de que Arabia Saudí ya estaba implicada en la guerra de Yemen y en un momento en que el Parlamento Europeo pedía que no se le vendiera armamento a aquel país ante el riesgo de que fuese utilizado en el conflicto, tal y como acabó ocurriendo.

Este periódico ha tenido acceso a numerosa documentación sobre los negocios de venta de armamento español al régimen de Riad, incluidas imágenes internas, documentación de carga de los puertos españoles y diversos contratos firmados por empresas nacionales con Muhammad bin Naif, el antiguo heredero saudí al trono y entonces ministro del Interior. Los contratos contaron con el beneplácito del Gobierno de Rajoy, que autorizó estas exportaciones a pesar de que contravienen la normativa nacional y europea de exportación de material militar. Según la ONU, la guerra de Yemen se ha cobrado ya más de 230.000 vidas.

Diversas resoluciones del Parlamento Europeo (en 2016, 2017, 2018 y 2021) vienen reclamando a los Estados miembro que cumplan con la normativa comunitaria y no vendan armas a Arabia Saudí debido a su implicación en la guerra de Yemen basándose en las “serias alegaciones” sobre “vulneraciones de las leyes internacionales humanitarias” acometidas por el régimen. También la ONU ha pedido lo mismo en más de una ocasión para evitar que lleguen más armas al conflicto. En su último informe, el panel de expertos de Naciones Unidas hace hincapié en denunciar el uso de morteros y las consecuencias que tienen para la población civil.

El Gobierno de Rajoy ignoró estas reclamaciones y concedió la autorización para que Everis y su filial firmaran sendos contratos con los saudíes: les vendieron 250 morteros, la tecnología para usarlos y 175.500 proyectiles explosivos a un país inmerso en una guerra. Entre otras cláusulas, esta empresa presidida por un exministro de Aznar se comprometió en el contrato a lograr la autorización pertinente de La Moncloa para exportar estas armas “asegurando” que “no habría ninguna objeción” por parte del Ejecutivo español. 

Everis, propiedad del gigante de telecomunicaciones japonés NTT, es una de las grandes consultoras a nivel mundial, especializada en tecnologías de la información. Su delegación en España, que emplea a más de 10.000 personas, abarca todo tipo de sectores y suele obtener contratos de administraciones y empresas públicas: desde la asistencia técnica para Renfe hasta el soporte informático para la Seguridad Social, entre otros contratos obtenidos recientemente.

A pesar de vender armas a dictaduras que vulneran los derechos humanos ignorando a relevantes instituciones internacionales, la compañía asegura en su reporte anual estar “alineada” con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas “como guía para construir una sociedad mejor” a través del “uso de la tecnología de manera responsable”. 

El armamento se utiliza en la guerra de Yemen

Poco tiempo después de la venta de estos morteros y proyectiles a Arabia Saudí, el armamento de Everis y su filial ya estaba siendo utilizado en la guerra yemení. Una investigación de este periódico junto a Greenpeace, publicada el pasado agosto, encontró y geolocalizó imágenes de la guardia fronteriza saudí disparando proyectiles en un área donde se registran habitualmente enfrentamientos con los rebeldes hutíes.

El riesgo de que se acabasen utilizando en el conflicto de Yemen constituye uno de los supuestos a tener en cuenta para haber denegado la exportación o haberla revocado en la actualidad, según la normativa española y europea de comercio de armas. 

El contrato con Riad fue negociado al más alto nivel e incluye todo tipo de cláusulas de confidencialidad. Lo firman el ministro de Interior saudí y Leon Bitar, vicepresidente de la sección de Defensa de Everis. Bitar es un viejo conocido de las autoridades saudíes y ha asesorado a diversos ministerios del régimen durante la última década. En el documento, se comprometió ante el ministro del Interior a ofrecerle el precio de los “mejores clientes” por los morteros.

En el momento de cerrar este artículo el martes por la tarde, la compañía no había respondido a las preguntas de elDiario.es.

Un macrocontrato dividido en dos empresas

Everis se valió de una estructura societaria para vender al mismo tiempo cientos de morteros, la tecnología necesaria para utilizarlos y decenas de miles de proyectiles explosivos a través de una segunda compañía participada, según la documentación obtenida por este periódico. La suma de ambos contratos, firmados con pocas semanas de diferencia, es de más de 108 millones de dólares (88 millones de euros).

En junio de 2017, Everis firmó un primer contrato de 29 millones de dólares (23,8 millones de euros) con el Gobierno saudí para vender sistemas de mortero (la tecnología necesaria para portarlos y poder dispararlos a un objetivo concreto). Pocas semanas después, la compañía dobló su participación en una empresa española, llamada NTGS, que se dedica a fabricar munición y morteros: se hizo con el 49,99% de esta compañía, que recientemente ha cambiado de nombre y ahora se llama Ventura Defense.

Una semana después de este movimiento empresarial, NTGS firmó un segundo contrato con el Ministerio de Interior saudí para vender los proyectiles y los propios morteros. Este segundo contrato, al que también ha tenido acceso elDiario.es, era todavía mayor que el firmado por Everis: superó los 79,7 millones de dólares (65,5 millones de euros).

La cantidad de explosivos que se acordó vender a Arabia Saudí –con la aquiescencia del Gobierno del PP– es muy alta: 75.000 proyectiles altamente explosivos de 120 mm, 25.000 proyectiles de alta explosión de 81 mm, 40.000 de 60 mm...

El vínculo entre ambas empresas es evidente: el vicepresidente de la sección de Defensa de Everis, el mencionado Leon Bitar, es también el Consejero Delegado de Ventura Defense (la antigua NTGS), según figura en su perfil de Linkedin.

Según fuentes de la empresa, Everis optó por dividir su negocio con Arabia Saudí en dos compañías para evitar que se vinculara a la consultora con la venta de armamento a una dictadura. “La intención es simular que no comercializamos armas sino sistemas electrónicos”, señala un antiguo trabajador. Everis vendía la tecnología de los morteros y su filial el material pesado, afirman las mismas fuentes.

A pesar de que Everis dividió en dos empresas y dos contratos sus negocios armamentístico con el régimen saudí, los manifiestos de carga de los buques de aquel país que transportan el material militar, también obtenidos por este diario, demuestran que todo formaba parte del mismo envío: los productos de Everis y de NTGS se cargaban el mismo día, en el mismo puerto, en el mismo barco y con el mismo destino: el Ministerio de Interior de Arabia Saudí. 

Opacidad en la autorización

A día de hoy es imposible saber qué argumentos empujaron al Ejecutivo de Rajoy a autorizar –desoyendo al Parlamento Europeo– la exportación de decenas de miles de bombas a un régimen que asesina y descuartiza periodistas y que en el momento de firmar el contrato con Everis ya estaba inmerso en una guerra desde hacía dos años. 

“Dado el uso final de los morteros españoles por parte de la guardia fronteriza saudí en el conflicto de Yemen, las autoridades españolas están incumpliendo su obligación según la legislación española [y en línea con las obligaciones del Tratado de Comercio de Armas y la Posición Común de la UE] de revisar y suspender las licencias que puedan contribuir a graves violaciones por parte de Arabia Saudí”, señala la doctora en Derecho Internacional Valentina Azarova, miembro del International Law Center de Manchester y de la Global Legal Action Network.

Quien decide en España a qué lugares se pueden exportar armas es un organismo llamado Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), integrada por representantes de varios ministerios. Las reuniones son a puerta cerrada y las actas son secretas e inaccesibles en virtud de la ley de secretos oficiales, aprobada durante el franquismo en 1968 y que el actual Ejecutivo asegura querer reformar. 

“Esta investigación confirma una vez más que el secretismo y la impunidad con la que opera la industria armamentística no tiene límites”, señala Sara del Río, responsable de la campaña a favor de la paz de Greenpeace. “Hemos iniciado acciones legales para acabar con la opacidad del comercio de armas porque es antidemocrática e impide el control a la industria y al Gobierno”, subraya.

Este año tanto EEUU como Italia han suspendido las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos para evitar que se acaben utilizando en Yemen. España, sin embargo, sigue exportando material militar a Riad. Solo en 2020, los barcos saudíes que cargan armas desde España visitaron al menos en seis ocasiones los puertos nacionales: venían a cargar munición y recambios de la filial de Everis.

Sara del Río y Conrado García (Greenpeace) han participado en esta investigación, iniciada en 2019 durante el proyecto #EUArms de Lighthouse Reports.