La Coordinadora 25S, convocante de las protestas en los alrededores del Congreso, ha hecho un nuevo llamamiento para volver a rodear la Cámara Baja el próximo sábado 14 de diciembre, en esta ocasión, para rechazar la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno.
“El gobierno pone ahora en marcha un conjunto de medidas legislativo-represivas, cuya única finalidad es amordazar a la sociedad e intentar impedir la expresión del rechazo a su política”, señala el 25S en su llamamiento, en el que también convocan a los ciudadano a acudir este viernes a la sede del PP en la calle Génova para rechazar la previsible aprobación del borrador del anteproyecto en el Consejo de Ministros de esta semana.
De este modo, aunque su intención es llevar a cabo una protesta masiva el próximo 14 de diciembre en los alrededores del Congreso, han considerado oportuno salir también este viernes a las calles.
Su intención este viernes es concentrarse a partir de las 19.00 horas frente a la sede nacional del PP, para partir después en manifestación hasta Neptuno, pasando por Callo. No obstante, advierten de que la movilización “está supeditada al día que se lleve la Ley de Seguridad Ciudadana al Consejo de Ministros”.
Según denuncia el 25S, esta nueva norma, sumada al conjunto de “recortes y privatizaciones” puestos en marcha por el Gobierno, es una “auténtica declaración de guerra al pueblo”, y por ello, debe darse “una respuesta contundente”. “Si conseguimos que ese pueblo se movilice, no se saldrán con la suya”, aseguran.
“La nueva Ley de Seguridad Ciudadana instaura un Régimen de Dictadura Parlamentaria, que de llevarse adelante, impedirá que podamos ejercer las más elementales libertades”, advierten los convocantes en su escrito, en el que asimismo detallan algunos de los contenidos de la norma avanzados por el Ministerio del Interior.
Por ejemplo, denuncian que la futura ley, según las informaciones avanzadas, podría tipificar como infracción “muy grave” las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas, estableciendo una sanción de hasta 600.000 euros para quienes participen ellas o las convoquen, dirijan o presidan.
“Ante este ataque, la Coordinadora 25s considera que hay que impulsar una movilización lo más amplia y unitaria posible, que consiga de verdad frenar esta escalada de autoritarismo protofascista” aseveran, para pedir a continuación a “todas las fuerzas políticas que se planten sin concesiones” ante la norma, si no quieren ser “cómplices y culpables del Golpe de Estado a la población”.