En su primera intervención como presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido ha tenido que explicitar cosas como que la unidad de España, para él, no es negociable. “La Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación”, dijo este miércoles frente a sus diez compañeros de pleno después de hacerse con la presidencia por un voto de diferencia. Una aclaración esperable, posiblemente, de un político independentista pero no de un miembro del máximo intérprete de la Constitución. Pero necesaria, según ha considerado Conde-Pumpido, tras un proceso de elección que se ha prolongado durante meses en la fase de pasillos y que ha transcurrido en paralelo a la renovación parcial más accidentada de la historia del tribunal de garantías. Todo en medio del estruendoso ruido propiciado por el PP, que al mismo tiempo que bloquea la renovación del Poder Judicial durante cuatro años acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de tratar de asaltarlo.
Los 11 magistrados y magistradas del pleno empezaban puntuales la reunión este jueves, pero con un grado alto de incertidumbre. Todos los ojos estaban puestos en una debutante, María Luisa Segoviano, de perfil progresista aunque propuesta en el último minuto por el sector conservador. El nombre que logró desbloquear un tribunal caducado durante cuatro meses por los vocales conservadores y la que tenía en su poder el voto decisivo. Tal y como estaban los equilibrios entre bloques, de ella dependía que saliera el ex fiscal general y preferido de Moncloa o a la catedrática María Luisa Balaguer, también de amplia trayectoria progresista pero que se mantuvo en las quinielas gracias al respaldo del sector conservador. El enfrentamiento hasta entonces velado entre los candidatos progresistas había abandonado las bambalinas y tramoyas del Constitucional para saltar al primer plano tras horas infructuosas de negociaciones: ninguno de los dos dio un paso atrás. Balaguer no aceptaba el premio de consolación de la vicepresidencia para retirar la candidatura ante Conde Pumpido.
El martes, el sector progresista se había reunido para dar la bienvenida a sus tres nuevos miembros en medio de una pugna explícita para presidir el tribunal de garantías. Balaguer rechazó cualquier tipo de votación previa para presentar uno o dos candidatos, lo que en la práctica hubiera supuesto su retirada forzosa de la carrera por la presidencia. Nada que fuentes de su entorno no hubieran anticipado a los cuatro vientos: la catedrática no iba a dar “ni un paso atrás” en su contienda para ser la segunda mujer presidenta del Constitucional.
Los siete integrantes del nuevo sector mayoritario escucharon también los programas de ambos candidatos, pero todos pendientes del elefante en la votación: la incógnita de a quién votaría Segoviano, que hasta ahora solo había puesto cara de póker. En ese momento ya el martes, según fuentes del organismo, se despejó la incógnita y ya se supo que seis apoyos iban a ir para Conde-Pumpido, pero Balaguer no desistió. Esto le fue comunicado al sector conservador, que rechazó quedarse con la vicepresidencia a cambio de propiciar la unanimidad: iban a votar a Balaguer.
Las matemáticas invitaban a pensar en un pleno corto. Salvo unas abstenciones o ausencias que nadie esperaba, uno de los dos candidatos progresistas recibiría seis votos y el otro perdería la presidencia con cinco apoyos. El triunfo en primera vuelta fue para Conde-Pumpido en un pleno de moderada tensión y mucha trastienda. Hace un año, Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol fueron nombrados presidente y vicepresidente por unanimidad. Esta vez el sector conservador, como había prometido, apoyaba a una de las candidatas progresistas y la vicepresidencia se quedaba también en ese sector.
Inmaculada Montalbán se convertía en la sorpresa y la segunda protagonista del día. Las renovaciones y votaciones marcadas por el acuerdo en los 44 años de historia del Tribunal Constitucional han derivado en un reparto de puestos en la cúpula del organismo: la presidencia para el sector mayoritario y la vicepresidencia para el minoritario. En la práctica el poder de manejo de la agenda del tribunal sigue en manos del sector mayoritario, pero se considera que un reparto facilita la interlocución posterior. En ausencia total de negociación, los dos puestos han ido a parar al sector progresista.
No es lo habitual, pero tampoco es la primera vez que pasa y este miércoles concurría una circunstancia especial: el sector conservador había jugado a intentar decidir la presidencia apoyando a Balaguer sin pactar nada con nadie, y habían rechazado una negociación para quedarse con la vicepresidencia. Una ausencia de negociación que llevó a los progresistas a la vía unilateral. Desde ese sector defienden, además, la necesidad de tener paridad en la presidencia en un momento en el que hay cinco mujeres en el pleno, casi la mitad y el mayor número en la historia del tribunal de garantías. El candidato conservador, Ricardo Enríquez, no hubiera propiciado esa paridad, aunque ha obtenido un voto progresista además de los cuatro conservadores.
El camino hasta la mayoría progresista
El suspense se había mantenido hasta el final. Tan solo 48 horas antes del pleno, el Tribunal Constitucional acogía a decenas de invitados que acudían a ver la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados y el discurso del presidente saliente, Pedro González-Trevijano. Desde el ministro Félix Bolaños, cabeza de las negociaciones para renovar organismos constitucionales, hasta vocales del núcleo más duro del CGPJ que han contribuido a bloquearlas. En el ágape posterior, todas las conversaciones iban de lo mismo: sobre si Conde-Pumpido sería presidente, a quién votaría Segoviano, si Balaguer se retiraría a última hora del proceso. Las dos primeras incógnitas se mantenían en el aire. Sobre la tercera cuestión, la renuncia de Balaguer se veía imposible.
No habían sido semanas fáciles y no solo por los plenos a quemarropa en los que el sector conservador consiguió paralizar en una decisión inédita en democracia la votación de la reforma con la que el Gobierno pretendía desatascar, precisamente, esta renovación. Cada palabra de los integrantes del sector progresista en entrevistas o en resoluciones pasadas era utilizada por la derecha y sus altavoces para dar a entender que estarían dispuestos a aceptar prácticamente la independencia de Catalunya. Se llegó a airear que todo era un plan de Sánchez para desmantelar el Estado. Hasta tal punto llegó el ruido que Conde-Pumpido ha tenido que subrayar su respeto a la unidad territorial del país en su primera intervención como presidente.
Un vistazo a la hemeroteca más reciente devuelve el foco a octubre de 2021, cuando PSOE y PP anunciaron un acuerdo para renovar un tercio caducado del Constitucional. Dos nombres, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, pasaban a formar parte del tribunal de garantías. El primero profundamente ligado al partido que lideraba entonces Pablo Casado, y la segunda con un historial de recusaciones en causas relacionadas con el PP por haber sido nombrada vocal del Consejo a propuesta de la formación conservadora. La sentencia sobre la Ley del Aborto, de máxima importancia dentro y fuera del Constitucional, quedaba en manos de Arnaldo.
Fue el peaje que pagó el Gobierno para asegurar casi una década de mayoría progresista tras otra década de mayoría conservadora, aunque el proceso tendría que haber sido más corto. En octubre de 2021 se pactaron las renovaciones y la siguiente tanda estaba prevista para junio de 2022. Pero por el camino se cruzó la defenestración política de Pablo Casado y llegó una nueva dirección, la de Alberto Núñez-Feijóo, que obvió los acuerdos firmados por su propio partido y volvió a instalarse en el bloqueo. Habían llegado los refuerzos: los vocales conservadores del Poder Judicial dispuestos a taponar el proceso.
La elección de Conde-Pumpido evidencia el fracaso del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que trató de neutralizar su llegada a la presidencia del Constitucional. Los vocales elegidos a propuesta del PP trataron de disminuir sus opciones vetando al candidato oficial de los progresistas, José Manuel Bandrés, al que se le presupone cercanía con el ex fiscal general y que le habría otorgado su apoyo en la trascendental votación sobre la presidencia. También trataron de apartar de las votaciones a la vocal progresista Clara Martínez de Careaga, esposa de Conde-Pumpido, para que, de esa forma, se rebajara el quórum y pudieran ser nombrados para el Constitucional dos magistrados solo con los votos de los diez vocales conservadores. Esa maniobra fue frenada por los progresistas pero ni siquiera la habían apoyado cuatro consejeros propuestos por el PP.
Bandrés, al que los conservadores consideraban “el candidato del Gobierno”, nunca llegó al Constitucional. Pero en su lugar lo hizo la magistrada María Luisa Segoviano, propuesta también por los conservadores en otra maniobra con pocos precedentes pero que finalmente los progresistas acabaron respaldando de forma mayoritaria precisamente para acabar con el bloqueo y permitir un cambio de mayorías en el tribunal de garantías.
El bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por tanto, terminó teniendo efectos sobre el Tribunal Constitucional, solo resuelto por la decisión de los vocales progresistas de renunciar a su candidato Bandrés. Vocales conservadores propuestos por el PP con el mandato caducado desde hace cuatro años se negaban a nombrar a dos magistrados del Constitucional, impidiendo que el Gobierno hiciera lo mismo y prolongando otra mayoría conservadora en el tribunal de garantías. El resultado final es la llegada de Conde-Pumpido a la presidencia del Constitucional.