La empresaria alemana Corinna Larsen, con la que Juan Carlos I mantuvo una relación extramatrimonial, denunciará ante la justicia británica al monarca emérito por el acoso que asegura sufre desde su ruptura en 2012 y que estaría destinado a evitar que revele los “secretos de Estado” que presuntamente tiene en su poder. Un portavoz ha trasladado este jueves a eldiario.es que Larsen emprenderá “acciones legales” que afectan a Juan Carlos I y otros presuntos implicados.
La decisión de la empresaria alemana supone un punto de inflexión en sus denuncias públicas de acoso. Larsen había señalado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y, concretamente, a su exdirector Félix Sanz Roldán por las presiones recibidas. Ahora extiende la responsabilidad de esa presunta campaña de acoso al que fuera jefe del Estado español hasta su abdicación en junio de 2014.
La adinerada empresaria ha contratado para su denuncia a James Lewis, un reputado abogado londinense experto en extradiciones y derecho internacional. Actualmente, Lewis representa los intereses de EEUU en el proceso de extradición contra Julian Assange abierto en Reino Unido. Lewis ha sido nombrado por la Fiscalía británica para llevar a cabo esta labor, un procedimiento ordinario en los casos de extradición en Reino Unido, según afirman fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es. Lewis también asesora a Huawei en el caso de extradición a EEUU abierto en Canadá contra la vicepresidenta de la empresa china, Meng Wanzhou.
Larsen explicó el pasado fin de semana a The Daily Mail que iba a acudir a la justicia, si bien no desveló que su denuncia afectaría al monarca emérito. “Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales”, declaró al rotativo londinense.
La campaña contra Corinna, según denuncia la empresaria, comenzó en 2012, a raíz del accidente del rey en Botswana y de que comenzara a airearse la relación que tuvo hasta entonces con el jefe del Estado español. Larsen asegura que entonces su piso en Mónaco fue ocupado por una empresa de seguridad con sede en el mismo país. Según cuenta, los servicios de inteligencia españoles le comunicaron que se trataba de un operativo para garantizar su seguridad.
Unos meses después, según denuncia la empresaria, el CNI la amenazó de muerte cuando estaba en su habitación en el Hotel Connaught de Londres. “Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”, declaró Larsen.
“Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba. De hecho, esta amenaza se llevó a cabo con éxito”, señaló la empresaria al periódico británico. En términos similares se explicaba Corinna Larsen en el audio que le grabó Villarejo sin su consentimiento en 2015 y cuyo contenido publicaron Okdiario y El Español.
100 millones del rey de Arabia Saudí para Juan Carlos I
La denuncia ante la Fiscalía británica supone la tercera amenaza judicial que se cierne sobre el rey emérito. Un fiscal suizo mantiene abierta una causa secreta desde 2018 en la que están imputados la propia Corinna y dos presuntos testaferros del rey. La causa fue abierta a raíz de la publicación en los medios de comunicación del audio grabado en 2015 por el comisario Villarejo a Corinna Larsen en Londres en la que esta denunciaba presuntas actividades ilegales del monarca e identificaba al gestor Arturo Fasana y al abogado Dante Canónica, residentes en Suiza, como sus testaferros.
Las pesquisas del fiscal especial Yves Bertossa avanzaron hasta identificar una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí a una fundación que el funcionario suizo identifica con Juan Carlos I y de ahí salieron, en 2012, 65 millones de euros transferidos a una cuenta bancaria de Corinna Larsen. El fiscal Bertossa sospecha que los 100 millones originales son la comisión que cobró Juan Carlos I por su participación en la adjudicaicón de la obra del AVE a La Meca a empresas españolas, entre ellas OHL, de su amigo Juan Miguel Villar Mir.
Aquella grabación del comisario, en prisión provisional por liderar una organización criminal y enfrentado a Sanz Roldán, implicó la apertura de una pieza separada del caso Villarejo que resultó archivada al poco tiempo. Los fiscales consideraban que no había incidicios suficientes de delito y, además, citaban la inviolabilidad de la que gozaba el jefe del Estado cuando se produjeron el presunto cohecho y el blanqueo de capitales, entre otros posibles delitos.
Pero Anticorrupción decidió seguir investigando un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales por las presuntas comisiones en el AVE a La Meca que, en principio, no afectaba a Juan Carlos I. El pasado mes de octubre, Bertossa viajó a España para interesarse por la investigación española. La Fiscalía suiza ha remitido una comisión rogatoria a España y Anticorrupción hizo lo propio posteriormente para conocer los avances de la investigación sobre los 100 millones de dólares del rey emérito, según adelantó eldiario.es este jueves.
En el caso de que la investigación contra Juan Carlos I avance en España, la Fiscalía deberá elevar exposición razonada a la Sala II del Tribunal Supremo, ante el que está aforado el monarca desde que abdicó en 2014. La inviolabilidad del monarca hace que Juan Carlos I solo pueda ser investigado en España por delitos posteriores a esa fecha.
Algo distinto ocurre en Reino Unido. Fuentes jurídicas han explicado a eldiario.es que la inmunidad y el aforamiento de Juan Carlos I no tienen ningún efecto en la legislación británica, por lo que la denuncia de Corinna por unos hechos presuntamente cometidos en Reino Unido seguiría adelante en el caso de reunir indicios sólidos.
Coincidiendo con las iniciativas legales de Larsen y sus declaraciones en los medios de comunicación británicos, el diario The Telegraph desveló el 15 de febrero que Álvaro de Orleans, primo del rey Juan Carlos, cobró 50 millones de francos suizos –47 millones de euros– por actuar de intermediario en la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank londinense en 2003, según documentos en su poder. Álvaro de Orleans también fue señalado por Corinna Larsen en los audios de Villarejo como testaferro del monarca emérito. El fiscal suizo Bertossa llegó a embargarle las cuentas en el marco de la investigación secreta que sigue por las revelaciones de la expareja del rey, pero en la actualidad no figura como investigado. De Orleans tiene una fundación en Liechtenstein que gestionan Fasana y Canonica, los supuestos testaferros del rey imputados por la Fiscalía de Ginebra.