La empresaria alemana Corinna Larsen, con la que Juan Carlos I mantuvo una relación extramatrimonial, ha declarado ante la justicia suiza que el rey emérito le transfirió 64,8 millones en 2012 “por gratitud y por amor”, y “no para deshacerse del dinero”. Así lo recoge el texto de su declaración ante el fiscal Yves Bertossa al que ha tenido acceso El País y que reproduce las palabras de Larsen el 19 de diciembre de 2018 ante la sede de la Fiscalía de Ginebra.
“Era consciente de que había hecho mucho por él y que había estado muy presente cuando le anunciaron su enfermedad. Pienso también que se sentía un poco culpable por lo que me había pasado en Mónaco. En 2012 fui secuestrada por los servicios secretos españoles –a quienes Larsen ha señalado en repetidas ocasiones como ejecutores de una campaña de acoso en su contra–en mi apartamento”, dijo la empresaria ante el fiscal suizo Yves Bertossa, que lidera una investigación secreta por los fondos de Juan Carlos I en una cuenta del país a nombre de la Fundación Lucum.
En el marco de esa causa sobre los fondos del antiguo rey, Bertossa tomó declaración a Corinna Larsen el pasado diciembre en calidad de investigada, al igual que a los presuntos testaferros Arturo Fassana y Dante Canónica, que ejercía de responsable de la fundación cuyo primer beneficiario era el rey emérito y en la que el actual monarca figuraba como segundo beneficiario –sin su conocimiento, según Zarzuela–. Bertossa cree que los 65 millones de euros que fueron transferidos desde la cuenta de Lucum a otra de Larssen en 2012 proceden de los 100 millones que recibió Juan Carlos I de una comisión por la construcción del AVE a La Meca en 2008, según publicó el diario suizo Tribuna de Ginebra.
Según detalló la Tribuna de Ginebra, Juan Carlos estuvo durante unos años sacando dinero de esa cuenta hasta que en 2012 la cerró cuando Suiza endureció sus leyes antiblanqueo y repartió el dinero que quedaba en ella entre dos de su exparejas: 65 millones para Corinna Larsen y 2 millones para Marta Gayá.
Sobre una posible maniobra por parrte del antiguo monarca para ocultar esa cantidad a través de la empresaria alemana, la expareja de Juan Carlos I señaló al fiscal, según El País, que “en ningún momento [el rey emérito] dijo que quisiera deshacerse de ese dinero. Ignoro si había declarado estos activos al fisco español. Había oído hablar vagamente de una amnistía fiscal en España, pero como no vivo en ese país no conozco los detalles”. El presunto testaferro Dante Canónica corroboró esa versión de Larsen: “Me acuerdo de que Juan Carlos I quería transferirle sus activos de manera irrevocable. No creo haberle dicho a Corinna que el rey lo hacía para deshacerse de sus activos”.
Una “donación” de 100 millones convertida en “práctica corriente entre reyes”
En lo que respecta al origen de los millones, que la fiscalía suiza considera fruto de una comisión por la construcción del AVE a La Meca, Larsen dice que “se me explicó que venía de una donación del rey Abdalá en favor de Juan Carlos I. No me explicaron la razón de esa donación, pero se trata de una práctica corriente entre reyes, concretamente en Oriente Medio. Juan Carlos I no me había hablado de esto previamente. Era muy discreto con respecto al estado de sus finanzas”.
El interrogatorio de Bertossa también abordó la compra de una casa en Londres y de dos apartamentos en la estación suiza de Villars-sur-Ollo por parte de la empresaria alemana, así como las transferencias realizadas por Juan Carlos I a las suyas en el Mirabaud y en la entidad financiera británica HSBC.
Larsen señaló en sus respuestas, según recoge El País, que esas operaciones eran “préstamos” del rey emérito que dice haber devuelto y que creó la sociedad Riverhouse-Partners para comprar una casa en Eaton Square (Londres) por cinco millones de libras que además necesitaba una reforma de cuatro millones. “Es verdad que Juan Carlos I participó en la financiación para la compra de esta casa con 1,5 millones de libras. Se trataba de una donación de su parte a mi favor. Para comprar esta casa no fue necesaria la autorización de Juan Carlos I”.
La Fiscalía del Supremo investiga si Juan Carlos de Borbón cometió blanqueo y delito fiscal
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido una investigación contra el rey emérito por el supuesto cobro de la comisión para hacer de intermediario en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca en favor de un conglomerado de empresas españolas. Los fiscales investigan si Juan Carlos de Borbón cometió blanqueo de capitales y delito fiscal. El jefe del Estado español durante 40 años y figura clave de la Transición es hoy el sujeto de investigación de un equipo de fiscales del Alto Tribunal que comanda un especialista en delitos económicos.
Anticorrupción elevó el pasado mes de junio al Supremo la investigación contra el rey emérito “al resultar de la misma que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces Rey, hoy Rey Emérito”. Más de una década después de que se produjese la supuesta donación desde Arabia Saudí, la Fiscalía del Supremo va a determinar si hay hechos penalmente relevantes contra Juan Carlos. El caso lo llevará el fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, que estará asistido por un equipo conformado por otros tres fiscales “que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias”.
Lo que van a tratar esos fiscales es de aclarar si alguno de los posibles delitos se cometió después de junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo y perdió la inviolabilidad de la que gozaba hasta entonces. La comisión se pagó en 2008, pero los investigadores deben determinar si el rey cometió blanqueo de capitales en los movimientos de dinero o si cometió delito fiscal al no informar a Hacienda de sus rentas en el extranjero.