La clase política ya ha decidido que esto es un sálvese quien pueda

En esta crisis en la que cuanto más hablan los políticos, más se hunden en la miseria, Pedro Sánchez tiene un problema. No para de hablar. El presidencialismo de la política española, que no viene de ahora, tiene pocos precedentes fuera del país en otros sistemas parlamentarios, excepto quizá en Reino Unido. Así que Sánchez se cree en la necesidad de salir una y otra vez a la sala de ruedas de prensa de Moncloa ignorando que el capital político se va gastando poco a poco y que no se renueva periódicamente cuando los ciudadanos están al límite de su resistencia y han reducido su capacidad de escuchar malas noticias.

Sánchez salió a escena el domingo para vender la decisión de poner fin a eso que la portavoz del Gobierno llamó en su momento “una especie de hibernación” de la economía, la paralización de la industria y construcción, excepto unos pocos sectores esenciales. En este ciclo infernal de acontecimientos diarios, la gente puede haber olvidado que esa fue una medida temporal que era improbable que continuara durante más tiempo y que se tomó con furibundas críticas del PP, el PNV y los empresarios. Todo eso ocurrió hace dos semanas, que es como si dijéramos hace dos legislaturas.

Ese decreto fue criticado por Casado (“el Gobierno pretende hibernar la economía pero con sus medidas puede congelarla años”). Le acusó de dejar el peso del cierre sobre las empresas, obligadas a seguir pagando los sueldos a cambio de que se recuperen con horas extra en el futuro. Una semana después, le preguntaron si estaba a favor de levantar el cierre de actividades no esenciales: “Claro. La presión del PP ha dado resultado. Creo que en cuanto se pueda y hayamos acotado los contagios y evitado muertes, hay que ir reabriendo la economía de forma paulatina”.

Ahora el PP aprovecha que el Gobierno ordene a algunos sectores la vuelta al trabajo y recomiende que se haga con mascarillas difíciles de encontrar para cargar otra vez contra Sánchez por hacer lo mismo que le estaban pidiendo que hiciera.

Lo mismo ha hecho el PNV. La patronal vasca presionó a Iñigo Urkullu y este se opuso al parón industrial. Nunca antes Ajuria Enea se había mostrado tan crítica con Sánchez. Cuando al día siguiente el Gobierno introdujo algunas excepciones para las empresas exportadoras, el Gabinete vasco quedó más tranquilo. Ahora el lehendakari está aún más enfurecido por el asunto de las mascarillas cuando hasta el decreto de hace dos semanas no había mostrado mayor interés, porque había dejado que fueran las empresas las que pactaran con sus trabajadores las medidas de protección. Varias grandes empresas vascas estaban operando con o sin mascarillas y hasta ese momento el PNV no parecía escandalizado.

Feijóo estaba con Urkullu: “El botón de pausa puede convertirse en un botón de apagado para algunas empresas”, alertó tras citar el ejemplo de la empresa Alcoa de la que temía el “cierre definitivo”. No era sólo una cuestión política. Los presidentes autonómicos estaban aterrorizados con la idea de un apagón en cadena de las grandes empresas de su comunidad.

El Gobierno tomó la decisión del parón industrial, porque sabía lo que se le venía encima. Esta es la cifra de fallecimientos diarios en los cinco días posteriores al 30 de marzo: 849, 864, 950, 932, 809. Eran los números originados en contagios muy anteriores a la suspensión de actividad laboral, pero cogían al Gobierno en un momento en que ya había reforzado las medidas de confinamiento hasta un punto que no se puede superar. No había más ideas en la bolsa. Ahí se acaba todo lo que podía hacer.

Ahora se levanta este parón con la esperanza de que las cifras a partir de este lunes –desde los 619 muertos del domingo– arrojen un descenso progresivo. ¿Ocurrirá así? Nadie lo sabe. Es un riesgo calculado. Es cierto que las UCI no están tan sobrecargadas como hace una semana y lo mismo se puede decir del porcentaje de camas ocupadas en el hospital de Ifema. Hay que recordar que los titulares decían que el cierre de la industria se tomó para evitar el colapso del sistema sanitario.

Aun así, es un riesgo que sólo puede asumir el Gobierno. Nadie más va a querer estar con él. Pero Sánchez y sus ministros no cesan de repetir que sus decisiones están avaladas por el comité de asesores científicos. Como mínimo, no de todos. El epidemiólogo Antoni Trilla dijo el jueves que no se les había consultado el fin del parón industrial y que como mucho quizá lo harían el sábado (cuando la decisión ya estaría tomada). Nos quedamos sin saber qué tenía que decir Sánchez a eso. Sorprendentemente, ningún periodista le preguntó por las declaraciones de Trilla en la rueda de prensa.

Los Pactos de La Moncloa en el País de las Maravillas

El presidente utilizó una buena parte de su comparecencia para pedir una reducción de la tensión política y de los ataques de la oposición. Si tantas ganas tiene de encontrar una coexistencia pacífica con el PP, al menos podía dirigir la mirada a Casado con más frecuencia cuando este habla en la tribuna del Congreso y no limitarse a tomar notas como si estuviera en una clase de la facultad. Y desde luego esa petición de “desescalada” de la crispación no tiene nada que ver con las palabras que dedicó al líder del PP la portavoz socialista, Adriana Lastra en el Congreso: “Usted lleva 15 días vomitando mentiras”. Será que con unos “nuevos pactos de la Moncloa” los políticos vomitarán sólo donde toca y de forma esporádica.

Ese pacto es imposible y hay que pensar que Sánchez mantiene la oferta por razones propagandísticas. Es preocupante que un presidente aparente estar tan lejos de la realidad. Sólo hay que escuchar a Casado. En una entrevista en ABC el domingo, afirmó que “en España está funcionando todo menos lo que depende de Sánchez”. Sostiene que el Gobierno “ocupaba su agenda con el 'Delcygate', el diálogo con Torra y el nombramiento de una exministra de Justicia como fiscal general del Estado” cuando debía estar tomando medidas frente al coronavirus.

El PP se pasó la mayor parte de febrero presionando en el Congreso y las ruedas de prensa a Sánchez y sus ministros por la reunión de Ábalos y la vicepresidenta venezolana en Barajas. Igual no fue Casado quien lo ordenó, sino su gemelo diabólico.

Es difícil pensar en un momento de distensión si Casado acusa a Sánchez de estar ocultando el número real de muertos por coronavirus. Resulta que los datos que maneja el Gobierno los recibe cada día de las comunidades autónomas, así que si hay alguien ocultando algo, ya sabe a qué puerta tocar. Podría ser a la de Feijóo, pero el presidente gallego también acusa a Sánchez de ocultar cifras. ¿De dónde salen las cifras de Galicia si no es de la Xunta?

Muchas de las críticas de los presidentes autonómicas son legítimas. La dirección de la gestión de la crisis corresponde al Gobierno, que se ocupa de comunicar a las autonomías lo que deben hacer. No negocia con ellos. Además, cada uno quiere su receta –algunos ya quieren salir del confinamiento antes que los demás– y cree que cada comunidad debería decidir sobre las restricciones a la actividad económica. Por lo demás, los gobiernos centrales no son muy dados a negociar con sus pares autonómicos. El PP de Casado hasta ha reclamado en el último año que devuelvan competencias que tienen hasta ahora en exclusiva.

En todo caso, para negociar y coordinar siempre hay que tener a alguien al otro lado de la mesa o de la videoconferencia. Este domingo, Díaz Ayuso prefirió ir al aeropuerto a hacerse fotos junto a un avión –obviamente, ella no se dedicaba a descargar los palés– mientras se celebraba la conferencia de presidentes. Apareció delante de la cámara una hora y 50 minutos después de que comenzara. Por la tarde, dijo que los policías locales –de los que hay 5.500 en la ciudad de Madrid– no podían dedicarse a repartir mascarillas porque están todos ocupándose de las residencias de ancianos. Es posible que todo eso esté ocurriendo dentro de la cabeza de Ayuso.

Esto es un sálvase quien pueda. Cómo va a pactar gente que tiene una relación tan tormentosa con la realidad.