El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, atribuyó su última gran derrota electoral de hace solo cuatro meses, la de los comicios catalanes, exclusivamente a que la campaña de esa cita con las urnas estuvo marcada por el juicio sobre la caja B del PP, que se estaba celebrando en esos momentos en la Audiencia Nacional. Por eso tras perder un diputado, quedarse con solo tres escaños de 135 en el Parlament catalán y ser superado por primera vez en unas elecciones por Vox –que logró 11 representantes–, Casado tomó la determinación de escenificar una ruptura con el pasado más reciente de su partido, que se sigue investigando en los tribunales, y en el que sin embargo él también había tenido puestos de responsabilidad.
“Ese PP ya no existe”, llegó a decir durante la campaña, aludiendo a las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy en las que el propio Casado tuvo cargos orgánicos. Dos días después de la debacle catalana del 14 de febrero, el líder del PP anunció la marcha de la histórica sede de Génova 13 cuyas obras, presuntamente pagadas con dinero negro, estaban siendo enjuiciadas esos mismos días. La mudanza, cuatro meses después, sigue no obstante paralizada. Y aseguró que él y su dirección dejarían de hablar de los casos de corrupción que afectaban al PP, al considerarlas cosa del pasado: “Desde hoy esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. No nos lo podemos permitir más con el calendario judicial que se avecina”, aseguró, ante la plana mayor de su partido.
La estrategia pareció funcionarle al menos hasta este miércoles cuando, dentro de ese “calendario judicial” que él mismo vaticinaba, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó citar como investigados –la antigua imputación– a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas. Una vez más, la corrupción volvía a estallarle a Casado cuando creía haber pasado página y vislumbraba la recuperación del PP tras tres años de fracasos electorales.
Su gran valedora, la exministra que, tras verse eliminada en la primera fase del proceso a raíz de la votación de los militantes –en la que Soraya Sáenz de Santamaría resultó vencedora y el hoy líder del PP quedó segundo– puso a disposición del entonces candidato todo su poder orgánico para que Casado pudiera ganar las primarias y, por tanto, a la que le debe el puesto al frente del PP, era finalmente imputada. Y ese apoyo, sin el cual no estaría donde está, perseguirá a Casado durante los próximos meses, hasta que los tribunales decidan sobre la responsabilidad real de Cospedal en la conocida como operación Kitchen.
En plena recogida de firmas
En el PP temen que los logros de los últimos meses caigan en saco roto, de nuevo, por la corrupción. Después de que, tras las elecciones catalanas de febrero, Génova 13 dejara de responder a cualquier pregunta sobre ese pasado corrupto del partido, Casado se anotó su primer triunfo electoral en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. En realidad la arrolladora victoria fue de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección Isabel Díaz Ayuso, que pasó de 30 a 65 escaños, a solo cuatro de mayoría absoluta. Y ella mantiene un perfil propio respecto al líder de su partido.
Pero la dirección nacional del PP no ha parado de repetir en las últimas semanas que la de Ayuso es también la victoria de Casado, que fue quien la nombró candidata a dedo, en 2019, así como el primer paso para la futura llegada a la Moncloa del líder de los populares. Génova 13 presumió en las últimas semanas de algunas encuestas que apuntaron a que en el caso de celebrarse ahora unas elecciones generales –una opción descartada de plano por el Gobierno progresista, que quiere agotar la legislatura hasta finales de 2023– el PP podría quedar por encima del PSOE, con opciones de llegar al Ejecutivo, al absorber todo el voto de Ciudadanos, como sucedió en Madrid.
La imputación de Cospedal se conocía además menos de 24 horas después de que el PP iniciara su última gran campaña contra el Gobierno progresista, la recogida de firmas en contra de que Pedro Sánchez conceda los indultos a los presos independentistas. Se trata de una estrategia calcada a la que Mariano Rajoy puso en marcha en 2006 contra el Estatut catalán –puesta en cuestión después por numerosos dirigentes del PP–, y que también incluye movilizaciones en la calle como la del próximo 13 de junio, en la que Casado volverá a repetir la foto de Colón de febrero de 2019 concentrándose junto a Vox y Ciudadanos en esa misma plaza madrileña.
Este miércoles esa campaña se veía ensombrecida de nuevo por la corrupción. Casado se tuvo que escapar de los periodistas que le preguntaron por la imputación de Cospedal durante su visita a una feria gastronómica en Madrid. El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, y el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, se limitaron a defender la “presunción de inocencia” de la exsecretaria general. “Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente”, llegaba a asegurar el también alcalde de Madrid. Y varias diputadas del PP, entre ellas la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, acompañaron y se fotografiaron junto a la propia Cospedal que acudió a la Cámara Baja a declarar en la comisión sobre el espionaje a Bárcenas no dándose por enterada del aplazamiento de su intervención acordada por el Parlamento tras conocerse la imputación. “Aquí no hay democracia”, se quejaba la exdirigente en los pasillos del Congreso.
Los pagos por un apoyo imprescindible
Hasta que en noviembre de 2018 la exsecretaria general tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso, tras revelarse sus conversaciones con el excomisario Villarejo, Casado siempre trató de recompensar a Cospedal por su apoyo en las primarias. La incluyó en las listas de las generales, colocó en puestos estratégicos a los dirigentes más cercanos a la exministra –como Dolors Montserrat o Juan Ignacio Zoido– y, en septiembre de 2018, la dirección de Casado la eligió como representante del PP en el patronato del Instituto Elcano, en el que el pasado febrero fue nombrada vicepresidenta.
Tras la imputación, Cospedal mantiene el cargo en el citado organismo. De hecho, la exdirigente popular participaba este mismo miércoles en la reunión del Patronato del prestigioso instituto que tenía lugar en Madrid bajo la presidencia del rey. Su imputación se conocía apenas unos minutos antes de que comenzara dicho encuentro al que también asistieron la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Arancha González-Laya; la de Defensa, Margarita Robles, y el de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, así como los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y otros excargos de ejecutivos de PP y PSOE.
Según explicaron desde el citado instituto a elDiario.es la situación procesal de Cospedal no se abordó en la reunión y se desconoce, por el momento, cuál será el futuro de la exsecretaria general del PP en el Patronato. En el partido, siguiendo lo que dicen los estatutos, no tienen previsto suspender de militancia a la exministra hasta que, si prospera su imputación, se le abra juicio oral. En todo caso, sí debería abrirle un expediente informativo.
Lo que dicen los textos internos del PP es que “en el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo”, y “se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial (...) el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente”.
Precisamente este mismo miércoles el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal abría juicio oral a otro exdirigente del PP, Rodrigo Rato. Al que fuera vicepresidente económico y director del FMI se le atribuye presunta corrupción, blanqueo y fraude fiscal en el marco de la macrocausa abierta en 2015 sobre el origen de su enorme fortuna. El magistrado le exige el depósito de 65 millones de euros en concepto de fianza y advierte que si no consigna ese montante se procedería al “embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades”.