La petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el BBVA sea investigada como entidad en la Audiencia Nacional hace intuir la magnitud de los movimientos telúricos que provocaron la detención del comisario José Manuel Villarejo y las primeras noticias sobre la incautación de su archivo secreto, allá por el otoño de 2017. La previsible imputación del segundo banco del país emerge en el tablero tridimensional del caso Villarejo disputando espacio a otros poderes del país, desde la judicatura a la clase política, pasando por el alto tejido empresarial o la monarquía. Al virus del comisario no le costó extenderse por unos estamentos que engordaron la cuenta corriente del policía a cambio de encargos inconfesables.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la persona jurídica del BBVA los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En una nota hecha pública este miércoles, Anticorrupción alude al artículo 31 bis del Código Penal por el que una persona jurídica debe responder de aquellos delitos por los que se haya beneficiado y que hayan sido cometidos por sus representantes legales. Entre ellos se incluyen inclumplimientos graves de las funciones de “supervisión, vigilancia y control” de su actividad. Ocho directivos están ya imputados en la causa, incluido su exconsejero delegado Ángel Cano.
La pieza 9 del caso Villarejo o Tándem, como se bautizó a la operación policial, está dedicada a investigar los posibles delitos que encierra la relación entre el comisario y el banco. Fue abierta en secreto en diciembre de 2018. Para entonces, la relación de Villarejo y el BBVA llevaba dos meses siendo ventilada en los medios. elindependiente.com había desvelado en octubre que el BBVA pagó más de cinco millones de euros (sin contar el IVA) entre 2012 y 2017 a Villarejo, por entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
Le siguieron una serie de informaciones que señalaban también a Iberdrola, Repsol, Banco de Santander y La Caixa como clientes del comisario mientras éste estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. La conclusión estaba servida: el establishment económico del país confiaba en el policía.
En una nota difundida el miércoles por la tarde, el BBVA, que se refiere a esta pieza del caso Villarejo como 'caso Cenyt', por el nombre de una de las empresas del comisario, recuerda que el escrito de Fiscalía no supone “la acusación formal por ningún delito” contra su persona y recuerda que colabora con la Audiencia Nacional desde antes incluso de que se abriera la pieza 9.
“Posteriormente ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic encargada hace seis meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC”, dice el comunicado. Anticorrupción rechaza en su escrito que el juez acepte al BBVA como perjudicado en la causa, según había solicitado el banco.
La investigación al BBVA reproduce el patrón de actuación de la banda de Villarejo: camuflaban actividades ilegales para el cliente tras contratos de supuesta asesoría en materia de seguridad, siempre a nombre de las sociedades que integran el grupo empresarial del policía. Ese conglomerado empresarial de Villarejo fue aparentemente investigado en tiempos de Jorge Fernández Díaz, empujado por revelaciones periodísticas, para concluir que era perfectamente compatible con el desempeño como funcionario público del comisario. Era la época de los espionajes políticos de la Operación Catalunya y a Luis Bárcenas, ambos encargados por el Ministerio del Interior y en los que Villarejo tuvo una participación destacada.
La relación del policía con el BBVA se explica en la figura de Julio Corrochano, comisario jubilado que fue jefe de seguridad del gigante bancario y que hizo de nexo para la contratación de Villarejo. Corrochano es uno de los ocho directivos y antiguos responsables del banco que están imputados. El policía ha tenido que pagar una fianza de 300.000 euros para evitar la cárcel y Anticorrupción considera que sacó tajada del vínculo entre su colega y el banco.
Como Villarejo, Corrochano ingresó en la Policía en los estertores del franquismo, concretamente un año después que su colega, en 1974. Y como Villarejo ocupó destinos sensibles, tanto en la lucha antiterrorista como en la Policía Judicial, especialidad de la que llegó a ser el máximo responsable del Cuerpo. De él dependían todas las investigaciones contra el crimen organizado, incluida la corrupción, cuando abandonó la Policía por la oferta del BBVA, en septiembre de 2002. Corrochano es exponente del flujo de mandos policiales hacia los bancos, las compañías telefónicas, las empresas de seguridad y otras firmas del IBEX después de haber mantenido contacto con ellas en su desempeño como funcionarios. Con todos ellos procuraba seguir teniendo trato su antiguo colega Villarejo.
Las grabaciones de 2005
La investigación judicial ha permitido remontar la relación entre Villarejo y el banco a finales de 2004, hace quince años. En diciembre de ese año es contratado por la entidad bancaria para abortar la operación que pretendía arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El banco se comprometió a pagar un mínimo de 417.600 euros y un pago adicional de otros 120.000 si la misión se llevaba a cabo con éxito. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.
En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último.
Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco. El comisario quiso convencer a su cliente de que tenía pinchados los teléfonos del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados. En realidad había obtenido de compañías telefónicas el tráfico de llamadas, esto es, quién llama a quién, durante cuánto tiempo y en qué momento. Son los metadatos que las telefónicas tienen obligación de guardar durante un año.
En un informe para el banco, Villarejo reproduce una supuesta conversación entre Ignacio Rupérez (jefe del servicio de estudios del Santander) con Miguel Sebastián el 18 de enero de 2005. Ese día se había presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores contra el entonces presidente del BBVA, Francisco González, por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad a bolsa.
En el diálogo, Ignacio Rupérez afirma que esta denuncia acabará con la dimisión de González. Entonces, Sebastián pasa supuestamente el telefóno a María Teresa Fernández de la Vega. “Me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema...”, dice la vicepresidenta del Gobierno, según el informe de Villarejo que publicó elconfidencial.com. Se refiere a que la Justicia había abierto juicio oral contra Emilio Botín por las cesiones de crédito. “Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas [inaudible] aunque ya sabes cómo son en ese ministerio”, añade.
Los investigadores consideran que Villarejo obtuvo el tráfico de llamadas del teléfono de Rupérez para saber cuándo se produjo la conversación y cuánto duro, pero que el contenido de la misma se lo inventó o lo supo por aproximación del mismo porque alguien se lo contó. Un presunto colaborador de Villarejo, Enrique Maestre, resume la práctica de la banda de Villarejo con sus clientes en una grabación de otra pieza del caso: “Vamos a ver, aquí hay una parte real y una parte de show”.
Encargos contra Pineda y Ausbanc
La otra pata de la investigación en la Audiencia Nacional es el encargo del BBVA para que Villarejo investigara a Ausbanc. La Fiscalía describe la actividad de Pineda al frente de Ausbanc, consistente en amenazar a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que apenas nadie leía.
Una extensa documentación desvelada por eldiario.es en noviembre pasado revela que el comisario Villarejo llegó a rastrear la actuación de 172 jueces para incluirla en sus informes para el BBVA. Los dividió en tres apartados: los magistrados que acudían a las conferencias remuneradas de Ausbanc, aquellos que intervenían en demandas de la organización de consumidores a los principales bancos y otra para los togados que habían fallado a favor de la falsa asociación de consumidores. El comisario acumuló más de medio giga de información en cerca de 800 archivos informáticos, entre notas del registro mercantil, fotografías a las propiedades del presidente de Ausbanc o bases de datos de jueces.
El juez Santiago Pedraz dictó el pasado agosto auto de apertura de juicio oral contra Pineda y el resto de los acusados. Está previsto que la vista arranque en septiembre. Para el presidente de la asociación, la acusación pide 118 años de cárcel por liderar una organización criminal, 16 delitos continuados de extorsión, cuatro de extorsión, siete de extorsión en grado de tentativa, delito de estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La investigación judicial a Ausbanc arrancó un año después de que Villarejo elaborase su dossier para el BBVA. Ocurre el 2 de febrero de 2014 cuando la UDEF de la Policía recibió una “denuncia anónima” describiendo las actividades ilícitas de Pineda, según consta en el primer informe policial incorporado al sumario. Quince días después de la presentación de esa denuncia anónima, Villarejo ingresó la factura récord dentro de su relación con el BBVA, los 2.577.661,70 euros de la “prima de éxito” por el contrato firmado cuatro años antes. “Liquidación final”, recoge la factura.
El BBVA, entidad que había desempeñado un supuesto papel de resistencia frente al chantaje de Pineda, ha decidido retirar la acusación a pocas semanas para el inicio del juicio. Su decisión trascendió horas después de que se conociera que Luis Pineda ha presentado una querella contra el banco, Villarejo, Corrochano y otros en la que asegura que un testigo protegido podría suministrar información relevante de la relación entre el policía y la entidad.
Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso, niega que las entidades bancarias hayan sido extorsionadas. Su representación legal ve más bien un pago por “buena publicidad” en las publicaciones de Ausbanc. “Los bancos solo denunciaron cuando Pineda les comenzó a exigir más dinero”, dicen fuentes de la acusación popular.