Desde la lógica del adversario se podría decir que el problema de Ignacio Cosidó es que dice lo que piensa. Así que un repaso a la hemeroteca permite comprender la sintonía ideológica con Pablo Casado y por qué éste decidió que fuera su portavoz en el Senado, uno de los pocos puestos preciados que el recién nombrado presidente del PP podía reservar a sus fieles. El de líder en el Congreso estaba guardado para Dolors Montserrat, un peaje que le debía Casado a María Dolores de Cospedal por su apoyo en las primarias. El cargo de portavoz en el Senado esta vez no era poca cosa: no solo permite medirse al presidente del Gobierno en las sesiones de control, sino que supone estar al frente de la Cámara que el PP utiliza de ariete contra el Ejecutivo socialista, la única en la que conserva la mayoría absoluta.
Ninguna de esas declaraciones gruesas que caracterizan a Cosidó, como en las que alineaba a socialistas con terroristas en la década pasada, o ahora con “los golpistas”, han causado al político tanto perjuicio como las realizadas el pasado sábado en privado, si así se puede considerar a un chat con más de 150 compañeros de partido, sobre el acuerdo con el PSOE para la renovación del Poder Judicial.
Ignacio Cosidó (Salamanca, 1965) fue secretario general de Juventudes Liberales y su carrera en el Partido Popular ha estado siempre vinculada a su origen castellano y al ámbito de la seguridad. Con la victoria del PP en 1996 fue nombrado jefe de Gabinete del director de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso, el vallisoletano que dirigió el instituto armado durante todo el mandato de José María Aznar. Senador y diputado por Palencia, la provincia de origen de Pablo Casado, Cosidó fue recompensado por el actual presidente del PP por su discurso duro, el apoyo incondicional que le prestó en las primarias y el hecho de que no estuviera significado con ningún bando del PP.
Cosidó comenzó a ganar peso mediático como portavoz del partido en la comisión de Interior del Senado a partir de 2004. Traumatizado por la derrota electoral tras los atentados yihadistas del 11 de marzo, el Partido Popular optó por hacer de la lucha antiterrorista el principal ataque a José Luis Rodríguez Zapatero y de la acusación de “traición” a las víctimas de ETA, su mantra. Y allí estaba Cosidó, perteneciente a la corriente más reaccionaria del partido y sin ganas de contenerse. Ni ministro, ni alto cargo del partido, Cosidó ha sabido mantenerse con Aznar, Rajoy y Casado, siempre a la espera de que el entrenador le mandase calentar.
En la tarde del 15 de marzo de 2005, Ignacio Cosidó Gutiérrrez llamó a Gregorio Peces-Barba en el Senado “alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas”. Fue reprendido por el presidente de la comisión de Interior y, como hiciera el pasado lunes con su whatsapp sobre el acuerdo de renovación del CGPJ, pidió disculpas por lo que él consideraba un malentendido. El calificativo al catedrático Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, no había sido otra cosa, según él, que “una crítica política”. Acabaron las manifestaciones de la AVT, encabezadas por Mariano Rajoy, y Cosidó siguió asistiendo a las de la asociación minoritaria y ultra que había creado Francisco José Alcaraz.
Del Senado, Cosidó saltó al Congreso mientras el PP seguía golpeando al Gobierno con la política antiterrorista. Era la época del caso Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en los inicios del proceso de paz de 2006, y Cosidó apuntaba hacia el nuevo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
“A usted le nombró Zapatero para que gestionara la paz sucia de ETA y, según hemos sabido por unas escuchas, con la connivencia de ETA”, le decía. Y así hasta el final. El día que la banda terrorista anunció que dejaba para siempre la violencia sin contrapartidas, Cosidó detectó “una maniobra electoral a favor de Amaiur”.
El director general que no sabía nada
El pecado original de la policía política durante la primera legislatura de Rajoy está en el choque de intereses dentro del PP a la hora de nombrar a la cúpula de la Policía, con comisarios enfrentados entre sí. Al poco, el director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, se enemistó con el ministro, Jorge Fernández Díaz, quien receló el principio del protagonismo mediático del nuevo jefe político de la Policía, al tiempo que le afeaba su habilidad para quitarse de en medio cuando llegaban los problemas.
Sus colaboradores durante la etapa de director general de la Policía destacan la proximidad que se empeñó en trasladar a todos los policías, más allá del trato con los mandos. Si un agente anónimo protagonizaba una actuación destacada en cualquier punto de España, Cosidó se preocupaba en telefonearle. En el caso de que hubieran resultado heridos se plantaba en el hospital. Católico practicante, padre de tres hijos, tres de sus colaboradores en aquella época coinciden en alejarle de la imagen dura de sus declaraciones y le califican, ante todo, como “buena persona”.
El primer secretario de Estado que tuvo Fernández Díaz, Ignacio Ulloa, duró en el cargo apenas un año. Juez de profesión, dicen que huyó en cuanto comenzó a percatarse de lo que se fraguaba en ese Ministerio. Pero Cosidó no. Cosidó tenía una carrera política que mantener y, mientras su número dos, el comisario Eugenio Pino, dirigía la brigada política y despachaba con Fernández Díaz, el político salmantino no se enteraba o prefería no enterarse, entretenido en presentaciones mediáticas como el útlimo récord de seguidores de la Policía en Twitter.
Pero eso no le ha servido para aislarse de las consecuencias de aquella perversión en la actuación del Cuerpo. A Cosidó se le considera el valedor del comisario Marcelino Martín-Blas, otro cabecilla de la policía política desde su puesto de jefe de la Unidad de Asuntos Internos, convertido después en el gran enemigo de José Manuel Villarejo. El bando del comisario encarcelado no olvida de qué lado estaba el director general.
El 3 de enero de 2012, recién elegido para dirigir la Policía, Cosidó reunió a todos los mandos del Cuerpo, que abarrotaron el salón de actos de Canillas. Allí se dirigió a ellos solemnemente para anunciarles que la politización del Cuerpo que habían practicado los socialistas se había acabado. “La Policía es una institución al servicio de todos los ciudadanos y jamás debe ser instrumentalizada al servicio de ningún otro interés que no sea el interés general. Los policías saben hacer su trabajo y deben hacerlo sin interferencias políticas de ningún tipo”, dijo ante una concurrencia espectante por cuál iba a ser el futuro de cada cual.
Lo que vino después es la historia de la Operación Catalunya, del informe PISA sobre la falsa financiación irregular de Podemos y del pago con fondos reservados al chófer de Bárcenas para que robara al extesorero documentación comprometedora para el Partido Popular.