Costa Rica propuso hoy a la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tratar en conjunto los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, debido a las particularidades que asemejan a ambos crímenes.
La viceministra de la Presidencia de Costa Rica, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, dijo que “estamos frente a delitos sumamente complejos, especializados y de difícil comprobación, por eso es necesario que se atiendan de manera integral”.
“Para ello hay que contar con una articulación efectiva tanto entre las entidades estatales como del sector privado, para garantizar una protección a la ciudadanía, al empresariado y al sistema financiero en su conjunto”, dijo Zúñiga.
Zúñiga, en su condición de presidenta del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), fue la encargada de presentar a la reunión la “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo” de Costa Rica, como es preceptivo por el país que acoge la asamblea.
La estrategia costarricense contempla de forma primordial disminuir el uso de efectivo como medio de pago, fortalecer la regulación, supervisión y control del sector cambiario, y establecer un régimen jurídico para los medios de pago electrónico que incluya el surgimiento de nuevas tecnologías.
Además, definir las medidas preventivas para el conocimiento del cliente cuando se delegan estas acciones en un tercero, e intensificar las medidas preventivas en cuanto al conocimiento del cliente, cuando se trate de países de mayor riesgo, entre otras.
Sobre la financiación del terrorismo, la estrategia costarricense propone penalizar la financiación del terrorismo, y anuncia un mecanismo “para enfrentar la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Esta estrategia se desarrollaría con “más medios técnicos y personales” y estableciendo “mecanismos para cumplir los lineamientos internacionales para la supresión” de la financiación al terrorista, “dictados en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)”.
En este aspecto la principal propuesta es “fortalecer la implementación de resoluciones del CSNU, relacionadas con la aplicación de sanciones económicas a terroristas y organizaciones terroristas”.
Costa Rica, por medio de 31 proyectos que figuran en su informe, se compromete “a procurar los recursos para la implementación de la Estrategia, impulsar herramientas legales innovadoras y reforzar el trabajo conjunto y la coordinación interinstitucional para seguir avanzando en pro de la seguridad nacional”, dijo la vicepresidenta.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Gafilat, Esteban Fullin, dijo a los periodistas que agradecía los esfuerzos de Panamá y Cuba en la lucha contra estos delitos.
Señaló que este último país está haciendo un gran esfuerzo después de su apertura económica, mientras que Panamá lo hace por medio de una importante reforma legislativa.
Sobre Panamá, como país “sospechoso” para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Fullin dijo que espera que “antes de fin de año pueda estar fuera de la lista, ya que tiene un compromiso muy fuerte porque ha modificado varias leyes importantes en relación con el sistema financiero”.
Gafilat es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación.
Participan como observadores Alemania, Portugal, Canadá, España, Francia y Estados Unidos, así como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Estados Americanos (OEA), Interpol y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Gafilat evalúa periódicamente a los países miembros y en esta ocasión la auditoría le correspondió a Costa Rica y a Cuba, cuyos resultados se darán a conocer mañana en la clausura de la reunión.