A comienzos de marzo de 2018, Cristina Cifuentes vivía su mejor momento en política. En la segunda parte de su legislatura como presidenta de la Comunidad y con el control del PP de Madrid, su nombre entraba en todas las quinielas para suceder a Mariano Rajoy. Entretanto, ella se presentaba como la gran regeneradora del partido, el “mirlo blanco” que estaba limpiando los restos corruptos del aguirrismo mientras esquivaba sin demasiados esfuerzos las informaciones que la vinculaban con la trama Púnica.
Durante las semanas previas al escándalo del máster, Cifuentes hizo gala de uno de sus rasgos más característicos: una enorme presencia mediática para pronunciarse sobre todos los temas de actualidad. Dijo que de cara al 8M iba a hacer una huelga “a la japonesa”, presumió de los datos económicos de Madrid frente a Catalunya y se revolvió contra los ataques de Francisco Granados, que trató de implicarla en la caja B del PP de Esperanza Aguirre con poco éxito. Logró que todo el partido se pusiese detrás de ella para defenderla. “Es la mejor candidata posible”, dijo esos días sobre ella Fernando Martínez Maíllo, por entonces número tres del partido.
Esa hiperactividad mediática se frenó de golpe el 21 de marzo. Ese día eldiario.es publicó que había obtenido su Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos con notas falsificadas. La presidenta guardó un silencio absoluto hasta que a última hora del día se grabó un vídeo exhibiendo una supuesta acta que acreditaba la presentación del Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Durante los días siguientes mantuvo el silencio mediático y evitó enfrentarse a una rueda de prensa, algo inusual en la manera de actuar de la expresidenta. Las informaciones sobre su máster se sucedían un día tras otro: se matriculó fuera de plazo, los profesores que la aprobaron tenían vínculos con el PP, los alumnos confirman que no la vieron por clase y el acta que exhibió era un documento falsificado.
Una huida hacia adelante
A medida que se sucedían las noticias, el respaldo público de su partido iba decayendo. Su socio de gobierno, Ciudadanos, se replanteó su apoyo a la presidenta regional. Ante el avance del escándalo pasó a pedir su dimisión. El partido de Albert Rivera elevó su presión pidiendo a Rajoy que interviniese. Las preguntas en las ruedas de prensa se fueron haciendo cada vez más incómodas para los líderes del PP. Cifuentes jugó una última baza estéril de su huida hacia delante el 17: una carta en la que “renuncia” al máster.
Acabó presentando su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid el 25 de abril, después de que se publicase un vídeo en el que aparecía robando unas cremas de un supermercado. Dos días más tarde, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, abrió una investigación por el máster e imputó a sus responsables. Ese mismo día, a última hora de la tarde, Cifuentes renunció a la presidencia del PP de Madrid.
La expresidenta madrileña tardó un mes en asumir que el escándalo de su máster falso había acabado con su prometedora carrera política. Ha tardado un año en desligarse totalmente del partido. Lo ha hecho tres días después de que la Fiscalía presentase su escrito de acusación en el que pide para ella una condena de tres años y tres meses de cárcel por falsedad en documento oficial.
Desde que la jueza de Madrid inició la investigación hasta esta semana el caso ha afrontado multitud de fases: ha pasado de tener decenas de imputados a solo cuatro. En algunos momentos, como cuando el Tribunal Supremo desechó las pesquisas contra Pablo Casado -que había obtenido su título en una situación muy similar a Cifuentes- pareció que la investigación podía cerrarse, quedando la expresidenta madrileña libre de toda sospecha con el camino despejado para preparar su vuelta a la vida pública.
Pero las maniobras que Cifuentes llevó a cabo para tratar de salvar su carrera política han acabado por enterrarla definitivamente. El caso ya solo se centra en el acta falsa que ella envió a los medios y enseñó en un vídeo. La jueza la procesó por ese motivo, a pesar de que su defensa alegó que no había nada que juzgar y que el caso “ha tenido como único resultado el deterioro personal, reputacional y profesional” de Cifuentes.
Ese deterioro es cierto, pero la Fiscalía acusa a la expresidenta de ser la única responsable. Según el escrito de acusación, Cifuentes indujo la falsificación del documento con el que se defendió en público “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”. La Fiscalía asegura que tras la primera noticia sobre el máster se puso en marcha una “maquinaria” con el objetivo de “salvaguardar su honorabilidad”.
De Instagram a la Asamblea de Madrid
Durante todo este tiempo, Cifuentes ha permanecido alejada de la prensa. Ni siquiera quienes esperaban a las puertas del juzgado el día de su declaración como imputada pudieron verla: entró por el garaje y no se permitió a los periodistas esperarla dentro del edificio.
Sus únicas apariciones públicas han sido a través de su cuenta de Instagram. Como cuando criticó en un vídeo la falta de limpieza de las calles de Madrid o cuando lanzó un bulo contra la exministra Carmen Montón. Este viernes ha subido una imagen acompañada de un pie de foto en el que anuncia su baja “temporal de militancia del Partido Popular”.
El próximo miércoles, Cifuentes tendrá que abandonar la comodidad de la red social de las fotografías. La Asamblea de Madrid, el parlamento en el que empezó a cimentar su poder para ascender dentro del partido, la ha llamado a comparecer en la comisión que investiga el máster. Acudirá a esa cita como una ciudadana más: fuera de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de la presidencia del PP regional y sin carnet ya del partido un año después de que estallase el escándalo.