Salvo sorpresa en las próximas semanas, España se aboca a nuevas elecciones, las cuartas desde 2015, en medio de una grave crisis institucional que sacude a la política y a la justicia en un momento clave, a las puertas de la sentencia del Supremo sobre el procés y mientras en Europa atruenan tambores de recesión.
Cuatro meses después de las elecciones generales, PSOE y Unidas Podemos eternizan su batalla por el famoso “relato” que escribe episodios nuevos cada semana mientras la gestión del día a día la asume un gobierno en funciones con los poderes limitados por la Constitución y Pedro Sánchez al frente, que ejecuta los presupuestos diseñados por Mariano Rajoy para el año 2018 (contra los que se posicionó el grupo socialista en el Congreso). En 42 años de democracia, los presupuestos solo se habían prorrogado cinco veces. Los agentes sociales, la patronal, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entretanto, claman por que haya gobierno para afrontar los retos que el país tiene por delante.
España sigue sumida desde 2015 en la mayor inestabilidad política de las últimas décadas y el país intenta acostumbrarse a esta especie de stand by, acunado por el crecimiento económico, que de momento no tiene parangón entre los grandes de la Eurozona pero que ahora se ve amenazado por el frenazo que anuncian las principales potencias económicas del continente.
Ese es el contexto mientras los dirigentes en la izquierda intercambian reproches a través de las tertulias de radio y televisión y retransmiten cada uno de los movimientos de su presunta negociación en Twitter. Tras el fracaso de la segunda investidura de Sánchez, las posturas se mantienen irreconciliables y la desconfianza mutua no ha dejado de crecer desde el 28 de abril entre los portavoces socialistas y los de Unidas Podemos. El PSOE, que llegó a ofrecer la víspera del Pleno en el Congreso tres ministerios (Política Social con Vivienda, Sanidad e Igualdad) y una vicepresidencia al grupo confederal recriminan a Iglesias haber frustrado por segunda vez un gobierno de Sánchez.
Desde Unidas Podemos acusan al PSOE de que su plan siempre ha sido la repetición electoral y de haber tratado de humillar a la coalición, tras vetar a Iglesias en un gobierno conjunto y negarle al grupo confederal las carteras, que según sus dirigentes pueden garantizar un giro a la izquierda.
“Nosotros no entregamos investiduras gratis, si quieren elecciones, que lo digan”, avisó el martes Iglesias en Antena 3. El tiempo de la coalición pasó, replicó la vicepresidenta Carmen Calvo la mañana siguiente desde la cadena Ser. Y así van pasando los días en una interminable pelea de declaraciones.
Entretanto, las derechas de PP y Ciudadanos que han librado una durísima pugna en las diferentes campañas por liderar ese espacio, corren a ponerse de acuerdo tan pronto como pasan las elecciones. Incluidos los ultras de Vox, que no solo han entrado en las instituciones sino que ya condicionan gobiernos en Madrid (Comunidad y Ayuntamiento), Andalucía, Murcia y un puñado de capitales.
Mientras todo eso sucede, ahí fuera una parte de la sociedad ha desconectado y la clase política es el segundo problema de los españoles -por detrás del paro-. La percepción que los ciudadanos tienen de sus representantes públicos sigue empeorando hasta alcanzar niveles de récord.
Casi el 40% de los españoles sitúa ya a los políticos entre los tres principales problemas del país y la desafección ha aumentado 10 puntos desde las últimas elecciones, las municipales y autonómicas de mayo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Un 38,1% de los encuestados citó a los políticos entre sus primeras preocupaciones entre el 1 y el 11 de julio cuando los encuestadores realizaron el trabajo de campo, en plena negociación de PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno, cuando ya había empezado la pugna de los dos partidos por ese concepto llamado relato (y que no es más que instalar la idea de que la responsabilidad del fracaso siempre es del otro), pero antes de la investidura fallida del 25 de julio.
José Juan Toharia es presidente de Metroscopia y maneja estudios parecidos. Concluye que la ciudadanía no cuestiona el sistema de representación ni siquiera las instituciones pero sí la actitud de los dirigentes políticos.
“Hemos publicado encuestas repetidamente preguntando a la gente si prefiere un sistema multipartidista como el de ahora, y los números no se mueven desde hace tres años: dos tercios prefieren el sistema multipartidista. En las respuestas ves que la gente defiende el sistema, no hay tanto una desafección a la política y a la democracia, sino a la incapacidad de los políticos para pactar. Una de las falacias más extendidas por los políticos es esa frase que dice que los votantes no lo van a entender. Pues al final lo entienden. Los dirigentes suelen apelar a las bases cuando les conviene. La gente quiere acuerdos: en nuestras encuestas sale que el 70% dice que pactar no es una renuncia a los principios sino un ejercicio de responsabilidad”.
En mayo, tras las elecciones generales, el porcentaje de personas que colocaban a los políticos entre sus tres primeras preocupaciones no llegaba al 28% en el barómetro del CIS. Hace una década, antes de que explotasen los grandes escándalos de corrupción vinculados al PP y la austeridad de Bruselas acelerase los recortes en los servicios públicos, menos del 10% de la sociedad situaba entre sus principales problemas a los políticos.
El hartazgo de la ciudadanía ha ido a más en estos meses de inestabilidad tras el carrusel electoral. Y eso que el último barómetro se llevó a cabo antes de que embarrancasen las conversaciones del PSOE y Unidas Podemos que ha puesto en marcha el calendario para unas nuevas elecciones que se celebrarán el 10 de noviembre siempre que no haya mayoría para que el Congreso designe presidente antes del 23 de septiembre.
Xavier Coller, catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide y director de diferentes investigaciones sobre las élites políticas y los desafíos de las democracias, previene contra una paradoja que puede derivar en un aumento de la abstención en futuros comicios: “Los demócratas entendemos que el sistema se basa en la participación de los ciudadanos. Pero esta puede generar un cansancio, la convocatoria sucesiva de elecciones genera un hartazgo que erosiona la democracia. Queremos que la gente participe. Se está viendo, en un nivel más micro, en los partidos que han introducido primarias y procesos participativos, cada vez participa más gente. Y eso que en su ADN está implicar a la gente. El resultado de las sucesivas convocatorias de elecciones puede conducir a más abstención. Es un indicador de fatiga democrática, un efecto no esperado. Habría que buscar un equilibrio que no enfrente la participación con la democracia”.
La situación ha dado un vuelco en el último trimestre. La llamada a las urnas tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, una vez se conoció la sentencia de Gürtel, había contribuido a mejorar la percepción sobre la política que tienen los españoles. Entonces, un 70% de los encuestados decían que la situación en España era mala o muy mala. Tras las elecciones del 28 de abril que dieron el triunfo a Pedro Sánchez y mayoría al bloque que hizo caer al Gobierno del PP, el malestar se redujo sensiblemente y los que veían la política mal o muy mal bajaron al 52,8%. Pero desde mayo ese porcentaje ha subido dos puntos y según el CIS de julio solo el 4,4% de los españoles creen que la situación política es buena, frente a un 64,2% que la ve mala o muy mala.
Y no hay perspectiva de que mejore el próximo año: el 41,2% cree que todo seguirá igual y el porcentaje de los que confían en que todo mejore (16,5%) está por debajo de los que piensan que las cosas irán a peor (24,1%).
Ni uno solo de los líderes de los grandes partidos llegan al aprobado y la valoración de todos ellos ha caído en las últimas semanas. El mayor desplome se da en Ciudadanos, donde Rivera pasa del 3,8 al 3,4, y en el PP (Casado baja de 3,4 a 3,1). Abascal, el peor considerado por la sociedad española llega al 2,3.
Los candidatos de la izquierda también sufren: Sánchez se aleja del cinco (pasa del 4,8 de julio al 4,6 en solo un mes) e Iglesias se deja en ese mismo tiempo una décima hasta el 3,3.
Toharia, que lleva décadas haciendo estudios demoscópicos, sostiene que la sociedad espera de los políticos que se adapten a la nueva situación. “En las encuestas se ve una censura de la incompetencia, entendida como que los políticos no son capaces de gestionar la nueva situación”.
Coller, el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, coincide en el diagnóstico: “Conviene distinguir entre los políticos y las instituciones. El deterioro es mayor de la clase política, la gente sigue creyendo en la democracia, aunque quizás menos en su funcionamiento en España y desde luego culpa a los políticos. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de España. Ha habido una oleada de movilizaciones populares en todo el mundo, desde el 15M a Occupy Wall Street, a propósito de las recetas de austeridad que se han impuesto para combatir la crisis. En nuestro país los casos de corrupción han contribuido a crear ese cocktail explosivo”.
La letra pequeña del CIS arroja algunos titulares alarmantes: la mitad de los consultados (50,8%) considera “bastante bajo” o “muy bajo” el grado de independencia de los jueces.
El Supremo, que en las próximas semanas dictará una de las sentencias más importantes de las últimas décadas, la que juzgará a los dirigentes independentistas que impulsaron el procés, no levanta demasiado esa valoración. Un 44% de los encuestados sostiene que los magistrados del alto tribunal tampoco ejercen con independencia.
Toharia relativiza estos datos que también ha recogido Metroscopia. Asegura que la ciudadanía no está diciendo tanto que no cree en la justicia sino que ponen de manifiesto los intentos políticos por controlarla. “Cuando preguntas si los jueces ceden a las presiones, el 80% responde que no lo hacen. Supongo que por eso siguen acudiendo a los juzgados.
Lo que es indiscutible es que también la imagen de la Justicia ha sufrido también duros reveses en los últimos meses, tal vez el más ruidoso fue la crisis de las hipotecas en el Supremo, que primero falló contra los bancos para que asumiesen el impuesto de las hipotecas, y en una decisión sin precedentes corrigió después la sentencia para cargar esa tasa a los hipotecados.
El órgano de gobierno de los jueces ha agotado su mandato y el intento de renovarlo, que requiere de una mayoría reforzada en el Congreso, terminó en estrépito después de que se conociese un mensaje del exportavoz popular en el Senado a sus compañeros de escaño explicando que la maniobra de colocar a Manuel Marchena como presidente del Supremo permitiría “controlar desde atrás” la Sala Segunda que juzga a los políticos independentistas. Desde entonces, la reforma judicial pendiente está aplazada sine die. Como los presupuestos, la subida de las pensiones, la financiación autonómica y las principales políticas del país. A la espera de gobierno.