La ciudadana alemana Corinna Larsen atesora información comprometedora para la monarquía española. Esta afirmación, cuestionada hasta ahora por aquellos que veían en las declaraciones de la expareja del rey emérito únicamente una estrategia para blindarse ante posibles investigaciones judiciales, fue ratificada por la propia Casa Real el domingo por la tarde, a través del anuncio de que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba el sueldo de casi 200.000 euros anuales. El comunicado reconocía veladamente que el jefe del Estado español supo que era beneficiario de las fundaciones ‘offshore’ de Juan Carlos I porque así se lo trasladó hace un año Corinna Larsen.
“Mediante carta de fecha 5 de marzo de 2019, dirigida a la Casa de S.M. el Rey por el despacho de Abogados Kobre&Kim (U.K), Su Majestad el Rey tuvo conocimiento -sin ninguna justificación documental-, de su supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos”, recoge la nota enviada a los medios. Zarzuela evitaba así mencionar a la expareja sentimental del rey emérito al tiempo que especificaba el nombre del bufete que firmaba la carta, el mismo que tiene en nómina al abogado Robin Rathwell, uno de los letrados que trabaja para Corinna Larsen.
La expareja de Juan Carlos I había hecho público que la Casa Real era una de las instituciones a las que se había dirigido para denunciar la campaña de amenazas y desprestigio que sufría presuntamente por parte de miembros del servicio de Inteligencia español. Lo que no había dicho es que hace un año también demostró al jefe del Estado la magnitud de la información que guarda.
La Casa Real asegura que la misiva de los abogados británicos lleva fecha del 5 de marzo de 2019. Al mes siguiente, Corinna Larsen acudió a un notario para ratificar que las afirmaciones del comisario José Manuel Villarejo en el programa de Jordi Évole acerca de las amenazas y la campaña del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán contra la mujer se corresponden con lo que ella había vivido y trasladado en 2015 al policía, en prisión provisional por liderar una organización criminal. En esa acta notarial, a la que ha tenido acceso eldiario.es, Corinna Larsen afirma disponer de documentación comprometedora para la familia real española que cabe en “ocho cajas negras”.
“El 10 de mayo de 2012, [la empresa de seguridad] Algiz me mandó un correo electrónico para decirme que iban a transportar las 8 cajas negras y 16 cajas fuertes al apartamento. Se trataba de una referencia a las cajas en las que me dijeron que metiera los documentos que probaban asuntos personales y privados, así como correspondencia oficial, informes políticos confidenciales, y transacciones financieras y comerciales en las que se había involucrado al rey emérito y a otros miembros de la Casa Real”, dice Larsen en el punto 17 de la acta notarial.
Algiz, radicada en Mónaco, fue la empresa de seguridad contratada supuestamente por el Centro Nacional de Inteligencia para intimidar a la mujer e intentar robarle la documentación que afecta a miembros de la Casa Real española, siempre con la excusa de que querían protegerla de los medios de comunicación y otras amenazas tras su ruptura con Juan Carlos I y el episodio de la cacería en Botswana.
En la misma acta notarial, la mujer asegura que la operación fracasó. “Al final, la misión del General [Sanz Roldán] no pudo completarse. Pude salir de Mónaco con la mayoría de los documentos intactos. Sin embargo, el hecho de que siguiera conservando los documentos también significaba que las amenazas del General Roldán continuarían”, continúa. Finalmente, identifica a los depositarios del contenido de las 18 las cajas: “Dispuse que los documentos se trasladaran a Londres para que los custodiaran mis abogados posteriormente”.
Ante los tribunales británicos
Corinna Larsen ha anunciado que va a llevar esa campaña de acoso a los tribunales y el 4 de marzo un portavoz de la empresaria adelantó a eldiario.es que su demanda incluirá a Juan Carlos I. El fin de semana anterior, Larsen, que reside en Londres, había concedido una entrevista a The Daily Mail en la que afirmaba que se había dirigido a los servicios secretos británicos para ponerles en conocimiento del operativo contra ella, al Ministerio de Exteriores británico y a la Casa del Rey, y que incluso eso había motivado un viaje de Juan Carlos I a Londres para entrevistarse con ella. “Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales”, declaró al rotativo londinense.
El también diario británico The Telegraph viene haciendo en las últimas semanas revelaciones sobre la vinculación de Juan Carlos I a dos fundaciones ‘offshore’. La víspera del comunicado de Zarzuela, el rotativo soltaba por fin la bomba: el dinero de dudosa procedencia que guarda una de esas fundaciones, Lucum, está reservado a acabar en manos del actual jefe del Estado español, Felipe VI cuando su padre fallezca, según recogen los estatutos. A las 24 horas, la Zarzuela confirmaba la información. Era la primera comunicación de la Casa del Rey en plena crisis del coronavirus. Otra fundación, Zagatka, al frente de la que se encuentra Álvaro de Orléans, primo del rey, también tiene entre sus beneficiarios a Felipe VI y a sus hijas. A todo ello, según Zarzuela, ha renunciado el actual jefe del Estado comunicándoselo a su padre, sin que se conozca si eso ha tenido alguna consecuencia en la modificación de los citados estatutos.
El fiscal suizo Yves Bertossa lidera una investigación secreta por los fondos de Juan Carlos I en una cuenta del país a nombre de la Fundación Lucum. En el marco de esa causa tomó declaración a Corinna Larsen el pasado diciembre en calidad de investigada, al igual que a los presuntos testaferros Arturo Fassana y Dante Canónica. Bertossa cree que los 65 millones de euros que fueron transferidos desde la cuenta de Lucum a otra de Larssen en 2012 proceden de los 100 millones que recibió Juan Carlos I de una comisión por la construcción del AVE a La Meca en 2008, según publicó Tribuna de Ginebra.