La defensa de Corinna Larsen ha argumentado este martes en el Tribunal Superior de Londres que Juan Carlos I no goza de inmunidad porque no es jefe de Estado, es financieramente independiente y vive separado del rey Felipe VI. Las declaraciones se dan después de que la defensa del rey emérito alegase este martes que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso presentada por Corinna.
Esta posición fue presentada ante la corte número 76 de la Queen's Bench Division del Tribunal Superior en la segunda jornada del caso relacionado con la demanda que ha interpuesto Corinna contra el emérito por haber sido víctima de presunto acoso desde 2012. Antes de que la demanda pueda seguir adelante, el juez a cargo del caso, Matthew Nicklin, tiene que determinar si el antiguo jefe del Estado español aún goza de inmunidad.
En la sesión del lunes, los abogados de Juan Carlos I argumentaron que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda y que el emérito goza de inmunidad en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y también de la ley británica que hace referencia a la inmunidad de extranjeros.
La inmunidad residiría en el rey Felipe VI, según el abogado de Corinna
En su demanda, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a “acoso” desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de “agentes” a su servicio. Esas acciones, según la demandante, “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos. En la sesión de este martes, el abogado de Corinna, James Lewis, ha subrayado que Juan Carlos I no es “un soberano” o “jefe de Estado” porque abdicó en junio de 2014, y dijo que la única persona con derecho a la inmunidad en relación al Reino de España es su hijo, el rey Felipe VI.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que el emérito no depende de su hijo y que en el caso relacionado con la demanda no se puede decir que exista inmunidad de Estado porque hay daños personales, que la defensa identifica como ansiedad y perjuicios psicológicos.
Felipe VI, ha añadido Lewis, es el único con los poderes exclusivos de jefe de Estado y Juan Carlos I “no tiene ninguno”, sino solo un título -el de emérito- que es de carácter “honorífico”. Para el letrado, el emérito no es parte de la Casa Real, algo que rechaza el abogado de Juan Carlos I, Daniel Bethlehem, quien ha defendido en la sesión de hoy que la Casa Real es una institución en España, de la que también forman parte funcionarios.
El juez, que no ha dado fecha para su dictamen, ha lamentado la falta de declaración explícita de España sobre si Juan Carlos I es aún miembro de la Casa Real, después de que la parte demandante recordase que el emérito vive en Abu Dhabi.
El magistrado ha afirmado que la abdicación de Juan Carlos I tiene un significado constitucional porque dejó de ser Jefe de Estado y, por lo tanto, ya no puede tener el estatus de soberano. Según ha argumentado la defensa de Corinna, ella y Juan Carlos I iniciaron una relación romántica en 2004 que terminó en 2009 después de que la examante se enterara de que el emérito le era infiel. Después, mantuvieron una relación de amistad, y en 2011, Juan Carlos I le hizo presuntamente una serie de regalos, siempre según la versión de la alemana. La demandante solicita daños y perjuicios por lesiones personales por el “gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia y pérdida de bienestar, humillación y el estima moral” que ha sufrido.
Asimismo, los abogados de Corinna alegan que el emérito ha perdido en España la prerrogativa de inviolabilidad y que el mismo rey Felipe VI se distanció públicamente de su padre y citó en concreto que en marzo de 2020 el jefe de Estado renunció públicamente a su herencia.
La donación de 65 millones de euros (76 millones de dólares) que Corinna afirma haber recibido del emérito es supuestamente parte de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
El pasado enero, Corinna declaró como testigo, a través de videoconferencia desde una corte inglesa, en un juicio celebrado en Madrid contra el excomisario español José Villarejo. En su intervención aseguró que recibió reiteradas amenazas del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. En este sentido, el juez ha dicho hoy que el Estado español ayudaría si aclarase si ese acto de Roldán era de Estado y si caía bajo la categoría de inmunidad soberana.