Hace ahora un año que el Defensor del Pueblo empezó a elaborar el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Desde entonces, solo unas “pocas” diócesis han contestado las solicitudes de información para delimitar hechos y dirimir responsabilidades, según ha indicado el defensor, Ángel Gabilondo, este lunes, tras presentar en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el informe anual de 2022 del trabajo de la institución. Gabilondo ha avisado de que la investigación, encomendada por el Congreso, se publicará antes de que concluya la legislatura y se dará cuenta de qué obispos no han colaborado. También ha señado que está cerrada la investigación respecto a las muertes en el salto de la valla de Melilla del pasado junio y que se mantienen las “diferencias de criterio” con el Ministerio del Interior respecto al rechazo en frontera.
La investigación de los abusos de la iglesia es, según Gabilondo, un trabajo “de muchos años” que no se agotará con la legislatura, pero el defensor quiere dar cuenta de los avances antes de las elecciones. “Daremos la información que tengamos y la que no tengamos”, ha advertido, en el sentido de señalar concretamente a aquellas diócesis de las 70 de España que no respondan a las solicitudes de información. “No tengo por qué dudar de que la Iglesia va a colaborar”, ha indicado. Ha recordado, asimismo, que se reunió el año pasado tanto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, como con el secretario general, César García Magán, y que ambos le transmitieron “claramente” que no participarían en la investigación directamente, pero sí colaborarían. “Es el momento de demostrar esa colaboración”, ha emplazado, aunque ha apuntado que, según la información que ha recibido, algunos obispos están más dispuestos que otros.
Respecto a los sucesos de Melilla, Gabilondo ha insistido en que no coincide con Interior en que esté garantizada que el rechazo en frontera de migrantes se haga de forma individualizada y de acuerdo con las normas de derecho internacional. “Yo no califico la actuación de otros órganos”, ha dicho, pero ha recalcado que las reclamaciones sobre el particular del Defensor del Pueblo no son algo “exótico”. “Ellos [por Interior] consideran que esto se hace así [conforme a la ley]”, ha añadido, aunque ha dicho que sabe que en el Ministerio “tienen la percepción de que tienen que mejorar”.
Reforzar la sanidad y los servicios públicos
Gabilondo ha indicado que el informe es un poco más breve que en ediciones anteriores, pero que se han tramitado más expedientes —31.452, 2.051 más que en 2021–. Entre las preocupaciones de los ciudadanos, de nuevo la sanidad, que requiere de forma urgente un “acuerdo estable” para limitar sus carencias, principalmente en la atención primaria. La seguridad social y el empleo, junto con la Administración de Justicia —señaladamente, por la aplicación de la nueva Ley de Registro Civil– suman entre las tres categorías más de una cuarta parte de los expedientes tramitados.
El informe recopila otras actuaciones suscitadas a lo largo del año pasado de las que ya se habían adelantado las conclusiones. En ese sentido, se reitera que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actuó “con respeto a lo dispuesto en la normativa vigente” en lo que se refiere a las “presuntas actuaciones de interceptación de comunicaciones”, si bien admite que la regulación puede estar desfasada; la ley es de 2002, mucho antes de que existiesen los teléfonos móviles inteligentes y sus aplicaciones de mensajería instantánea, por lo que cabe una “reflexión” sobre la “suficiencia o insuficiencia del control judicial existente”, que en la actualidad se limita a la intervención de un magistrado del Tribunal Supremo.