El Gobierno, el PP y Podemos están a punto de pactar la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los próximos cinco años sin atender al compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, de implantar un procedimiento con más transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía.
Delgado compareció en el Congreso el pasado 11 de julio para presentar sus planes de actuación y habló de la “necesidad de transparencia” en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
La ministra dejó claro que no iba a modificar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces para la designación directa por parte de los profesionales, una propuesta que, por otra parte, llevaba Podemos en su último programa electoral y el PP defendió hace apenas dos años fruto de la exigencia de Ciudadanos para apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
Dolores Delgado, aunque descartó ese cambio de sistema, sí identificó “la falta de transparencia en la designación de los vocales del CGPJ” como una de las circunstancias que “han mermado la confianza de los ciudadanos” en el sistema judicial y reconoció el “aviso” del grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) al respecto.
Por ello, sostuvo que era necesario cambiar de “inmediato” determinadas cuestiones y afirmó: “Es insoportable para una democracia ese mercadeo de segundo grado en el que se ponen en juego no los intereses del servicio público y de la sociedad, sino los intereses particulares y corporativos, que a veces son espurios”.
Abogó por reformar “con seriedad” el proceso de elección de los vocales del Consejo y de introducir elementos de proteccio´n, objetividad y transparencia.
Es decir, mecanismos de valoración efectiva de méritos, con la presentación de un proyecto público y accesible para la ciudadanía y comparecencia parlamentaria para defenderlo. De hecho, planteó que los ciudadanos pudieran preguntar en la comisión.
Pero ninguna de esas propuestas está vigente a día de hoy, cuando los tres principales partidos ultiman la nueva composición del Poder Judicial y dos de ellos (PP y PSOE) incluso han pactado el nombre del presidente, prerrogativa que la ley concede a los vocales que ni siquiera han sido aún elegidos.
Esta renovación coincide con la tramitación en el Parlamento de una reforma de la ley que rige el funcionamiento del poder judicial y hay acuerdo de todos los partidos salvo de Ciudadanos en cambiarlo, pero no se ha entrado ni en el sistema de elección de los vocales ni en el procedimiento.
El cambio que está a punto de ser aprobado plantea devolver competencias al pleno del CGPJ, limitar el “presidencialismo” en este órgano y dar mayor transparencia a los nombramientos de altos cargos judiciales.