Los delitos que imputan a Cifuentes implican penas de cárcel y pérdida de su plaza de funcionaria
La jueza que investiga el caso Máster ha imputado a Cristina Cifuentes por los delitos de cohecho y falsedad en documento público. Estos dos delitos conllevan penas de cárcel que pueden llegar hasta los seis años en los supuestos más graves. Además, si la expresidenta madrileña resultase condenada en firme perdería su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que se ha reincorporado tras abandonar la política.
Según el Código Penal, el delito de cohecho puede manifestar de varias formas. La más grave es en la que una autoridad o funcionario “en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar”.
En este supuesto, las penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a doce años.
Además, también se puede acusar de este delito a quienes cometan acciones menos graves, pero igualmente reprochables penalmente. Por ejemplo, cuando la autoridad reciba una “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función”. En este caso el castigo es menor: pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.
Así, en caso de ser condenada en firme, Cifuentes podría perder su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, a la que ha regresado tras dejar su acta de diputada en la Asamblea de Madrid. Según la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario pierde su plaza si es condenado a pena de inhabilitación. El tiempo de esa sanción solo determina el periodo en el que no puede optar a otra plaza de cargo público o funcionario.
Cifuentes obtuvo “un beneficio directo”
Las asociaciones de estudiantes que presentaron la primera denuncia por este caso tienen claro que la responsabilidad de Cifuentes encaja con el delito de cohecho. Según apuntaron en su escrito a la Fiscalía, la expresidenta ostentaba un cargo público, el de delegada del Gobierno en Madrid, cuando ocurrieron los hechos. La modificación de las notas le reporta “un beneficio directo” y quienes acometen ese cambio pueden pretender la obtención de otro beneficio.
El escrito de la primera denuncia señala que el delito de cohecho lo comete quien procede a la acción material y quien se beneficia de ésta. “En última instancia, la propia beneficiaria de esta operación es la propia Cristina Cifuentes, siendo esta la única conclusión del relato lógico expuesto”, añaden.
En cuanto al de falsedad en documento público, del que también están acusados el resto de imputados, consiste en este caso en falsificar un título académico y los expedientes para justificarlo. Esta actuación entra dentro del tipo de falsedad documental que el Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel, inhabilitación de dos a seis años para los funcionarios responsables de la falsificación y multas económicas de 6 a 24 meses.
La principal investigada hasta hoy, la profesora Cecilia Rosado, relató este jueves a la magistrada que una asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid y amiga personal de Cifuentes, María Teresa Feito Higueruela, le amenazó cuando eldiario.es desveló el escándalo. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró.
Esa declaración atentaba contra la tesis de Cifuentes de que la presunta falsificación de su máster por la Rey Juan Carlos era un problema que debía aclarar la propia Universidad, y en la que ella no tenía absolutamente nada que ver.
