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Podemos demanda desbloquear la Ley de Vivienda en el Congreso para 2023: Hace falta medidas “valientes”

EP

MADRID —

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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Podemos ha demandado este viernes el desbloqueo de la Ley de Vivienda, cuya tramitación parlamentaria lleva congelada meses, como una de las medidas “valientes” necesarias para 2023 de cara a frenar la tendencia inflacionista.

La ministra de Derechos Sociales y líder de la formación, Ione Belarra, ha demandado avanzar en la regulación de los precios del alquiler y ha compartido una información sobre la decisión de Países Bajos, que limitará a partir de 2024 el precio del alquiler de 300.000 viviendas.

“Mientras aquí en España la Ley de Vivienda que regularía los alquileres sigue bloqueada, desde Europa llegan más ejemplos, como este de Países Bajos, que demuestran que se puede poner freno a la especulación. Hay que avanzar en esa misma dirección”, ha señalado en redes sociales.

Desde su perfil oficial en Twitter, Podemos ha alertado de que el problema de la vivienda se agrava “cada día por la inflación” y que ante ello, se puede seguir el ejemplo de varios países europeos tendentes a la regulación del alquiler o “mirar para otro lado”.

Para la formación morada es “urgente” garantizar el derecho al acceso a la vivienda y aparte del desbloqueo de la ley, junto con la congelación de rentas de arrendamiento y de las cuotas de hipotecas variables para el año que viene, como han demandado incluir en la prórroga del decreto anticrisis.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asumió el pasado martes que la aprobación de la Ley de Vivienda no llegará antes de finalice el año, tal y como esperaba el Gobierno, y ha confiado en que se le dé 'luz verde' definitiva en las Cortes Generales a principios de 2023.

Podemos reivindica introducir mejoras al texto emanado del Consejo de Ministros para garantizar el apoyo de los socios de investidura a la normativa, como es la regulación de precios en zonas de mercado tensionados para todos los propietarios (tanto grandes como pequeños tenedores de vivienda), incorporar los pisos de la Sareb al parque público de vivienda y garantizar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional en familias vulnerables.

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