Podemos ha denunciado ante el juez que investiga el caso Neurona que una de sus trabajadoras, testigo a lo largo de la instrucción, fue víctima de una suplantación de identidad por parte de alguien que tenía por objetivo acceder a información del partido. La formación que dirige Ione Belarra ha dirigido un escrito al magistrado Juan José Escalonilla denunciando que en diciembre de 2021 alguien consiguió un duplicado de la tarjeta SIM de la trabajadora encargada de la cuenta de Facebook del partido: la misma por la que había testificado unos meses antes y sobre la que la UDEF había realizado un informe lamentando no haber podido tener acceso a su contenido.
La última pieza abierta del caso Neurona es la relativa a los trabajos que esta empresa mexicana realizó para Podemos en la campaña electoral de 2019 y si, como sospecha el juez, existió algún tipo de sobreprecio pagado con fondos públicos. Algo que niegan desde Podemos, que han negado los trabajadores del partido y de la propia Neurona, y que está pendiente de un último informe pericial que, por el momento, nadie quiere realizar para el magistrado.
Esta trabajadora era la encargada de la cuenta de Facebook y fue uno de los testigos que pasaron por el juzgado 42 de la Plaza de Castilla de Madrid en mayo de 2021. Poco después, el juez Escalonilla encargaba a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía un informe sobre la actividad del partido en Facebook en 2019 y los materiales que utilizaron o dejaron de utilizar. Un punto de conflicto entre la UDEF y el partido de Ione Belarra: la Policía acusó a Podemos de no facilitarles el acceso a la cuenta y el partido acusó a la Policía de estar extralimitándose en sus funciones investigadoras.
El informe con la acusación policial de no poder acceder a la cuenta de Facebook de Podemos llegó en noviembre de 2021. Fue pocas semanas después cuando, según denuncia el partido, llegó la suplantación de identidad de su trabajadora con el objetivo de acceder a información de Podemos. Una persona desconocida entró en una tienda de Yoigo del centro comercial Gran Vía de Hortaleza en ese barrio de Madrid, se hizo pasar por ella y consiguió un duplicado de su tarjeta SIM. Después la aplicación Telegram, utilizada desde hace años por Podemos para su comunicación interna, detectó un nuevo acceso a su cuenta.
Estos hechos ya fueron denunciados por la trabajadora en la comisaría de Policía Nacional del distrito madrileño de Moratalaz, según el partido sin ninguna comunicación posterior de una posible investigación abierta. Existió una ampliación de denuncia en la que, afirma Podemos, la trabajadora pidió descubrir quién había suplantado su identidad pidiendo las imágenes de las cámaras del centro comercial, sin que tengan constancia de que se haya realizado. También apuntan a que la verdadera intención no era hacerse pasar por ella para, por ejemplo, estafar a gente o acceder a sus cuentas corrientes: “No nos consta se haya intentado con dicha operación realizar ningún tipo de operación de índole lucrativo, lo que a nuestro juicio es indicativo de que la operación de suplantación de identidad denunciada lo que buscaba era la obtención de información obrante en el teléfono móvil”, explica Podemos en su escrito dirigido a Escalonilla.
El caso Neurona y su última pieza abierta se encuentran en la recta final de la investigación, después de que el juez rechazara poner más diligencias en marcha y dejara todo en manos de un último informe pericial sobre los precios que pagó el partido a la consultora por su trabajo en la campaña electoral de 2019. Un informe que debería despejar las dudas sobre si existió o no un sobreprecio y si pudo haber algún tipo de delito electoral, pero que por el momento han rechazado hacer hasta 11 consultoras y empresas del sector.
Ha sido Podemos el que ha pedido el archivo del caso ante esta negativa en cadena a realizar el informe, aportando su propio análisis con contratos por trabajos similares firmados por distintas administraciones públicas. Concluye el partido que pagaron un precio, incluso, inferior a la medida de lo que pagaron ministerios o comunidades autónomas por campañas similares. El juez, por el momento, ha pedido a la UDEF que busque un perito para poder sacar adelante ese informe clave del que depende el archivo o el enjuiciamiento de esta última ramificación abierta del caso Neurona.
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