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Hace dos años, un juzgado de Madrid ponía en marcha las diligencias 1182/2020. Una investigación llegada desde Martorell (Barcelona), donde un abogado llamado José Manuel Calvente había denunciado ante la Guardia Civil un ramillete de irregularidades supuestamente cometidas en el seno de Podemos, partido para el que había trabajado y del que había salido entre acusaciones no probadas de acoso sexual. Dos años después de la apertura del caso, solo una de las múltiples piezas separadas abiertas por el juez Juan José Escalonilla a raíz de esa declaración permanece abierta, a la espera de saber si llegará o no a juicio: los pagos de Podemos a la consultora Neurona por trabajos en la campaña electoral de 2019. Por el camino han naufragado investigaciones sobre una supuesta 'caja B' en el seno de la formación, sobresueldos inexistentes e, incluso, más de un año de diligencias para descubrir si varias colaboradoras de Irene Montero y del partido cometieron un delito al sujetar a su bebé en horario laboral.
La causa arrancó con la declaración de Calvente, abogado que había abandonado el departamento legal del partido en un cruce de acusaciones no probadas y de un enfrentamiento directo con Marta Flor, otra de las letradas que actúa en los tribunales en nombre de Podemos. Él acusó a Flor y al partido de intentar manipular a su favor procesos judiciales y tener un trato demasiado cercano con el fiscal del caso Tándem. Y el partido contestó acusando al abogado de haber acosado sexualmente a su compañera. Las acusaciones de Calvente se quedaron en los titulares y las del partido terminaron en absolución firme para el letrado.
En ese contexto de máxima conflictividad, José Manuel Calvente llegó al juzgado número 42 de Madrid y declaró durante tres horas. Se ratificó en su denuncia de contratos simulados en el partido para una campaña electoral, pero puntualizó: “Tampoco es que lo afirme categóricamente, porque no dejan de ser una serie de indicios”. Según explicó, le habían llegado de compañeros a los que no quería sacar del anonimato. “Son personas que temen por su trabajo, están verdaderamente asustados. Podemos, actualmente, es un partido autoritario. Está amenazando a personas. A mí me ha creado un círculo, un cordón sanitario”, lamentó ante el juez.
Ese día también apuntó al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por cobrar una comisión. “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto (...) se rumorea, se rumorea en el partido”, dijo Calvente. También denunció irregularidades en la 'caja de solidaridad', explicando que lo sabía a partir de “comentarios y rumorología a nivel de militancia”. Apuntó igualmente a la reforma de la sede del partido en la calle Francisco Villaespesa de Madrid. A sus declaraciones se sumaron las de otros antiguos trabajadores y miembros del partido: la abogada Mónica Carmona, la antigua escolta de Irene Montero y la exsenadora del partido Celia Cánovas. La primera mantuvo un litigio con el partido después de que redujeran su jornada a la mitad, la segunda había sido despedida en 2019 y la tercera había mantenido un enfrentamiento abierto con el partido un año antes y acusando, por ejemplo, a Irene Montero de “nepotismo”.
A estos testimonios se unieron las acusaciones populares del caso mientras la Fiscalía iba pidiendo el cierre progresivo de las piezas abiertas. En agosto de 2020 el juez aceptó a Vox como acusación popular del caso. Unos meses antes, el partido ultraderechista había fracasado al denunciar hechos similares en la Fiscalía Anticorrupción y usó esa denuncia fallida para solicitar su ingreso en el caso Neurona. También se sumó a la nómina de acusaciones populares del caso Pro Lege, una asociación autodenominada de '“juristas europeos” cuya única cara visible conocida es la abogada Carolina Mata que, según informó InfoLibre, se declaraba cercana al Partido Popular, y que ha impulsado la acusación en causas contra políticos, personalidades y partidos progresistas.
Cada una de esas afirmaciones de Calvente se transformó en una causa judicial con imputaciones a lo largo y ancho del organigrama de Podemos, liderado entonces por Pablo Iglesias y hoy por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Fueron implicados su responsable de finanzas Daniel de Frutos, su entonces director de comunicación Juan Manuel del Olmo e incluso Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido. Dos años después, solo una línea de investigación sobrevive a falta de que el juez reciba los últimos informes y decida si debe llevarse a juicio: lo que pagó el partido a la consultora Neurona por trabajos para la campaña electoral de 2019, si los trabajos se realizaron y si el dinero llegó donde tenía que llegar.
El juez ya rechazó la petición de Vox y Pro Lege de prolongar la causa y tendrá que decidir en los próximos meses si envía el caso a juicio o si dicta un nuevo archivo. Por ahora cuenta con el testimonio de varios trabajadores de Neurona que han afirmado que todos los pagos se corresponden con trabajos efectivamente realizados. También con los de decenas de testigos que recuerdan haber trabajado con personal de Neurona en la campaña. Recientemente, la fiscal Lorena Álvarez ha dejado por escrito en un informe que no hay pruebas de “la existencia de un contrato simulado” y que solo queda aclarar “el valor de los trabajos realizados y si hay exceso en el pago”. Un escrito en el que, sin embargo, no cerraba la puerta a que el caso sea llevado a juicio.
Pleno de archivos
El resto de ramificaciones del caso Neurona abiertas por el juez –y, en ocasiones, reabiertas por la Audiencia Provincial de Madrid– han terminado en el archivo. El primer auto en ese sentido llegó en octubre de 2020, cuando el juez envió al cajón las acusaciones de Calvente contra los contratos de Podemos en 2019 con la consultora portuguesa ADB Europa que contaban incluso con el aval del Tribunal de Cuentas. “No cabe sino concluir en la inexistencia de indicios racionales acreditativos de que dichos contratos se traten de contratos simulados”, dijo el juez Escalonilla.
El segundo archivo llegó pocos meses después en la ramificación que indagó en posibles irregularidades en la reforma de la sede del barrio de Pueblo Nuevo de Madrid que Podemos acometió en 2019. Calvente llegó a afirmar que el presupuesto se había inflado ilegalmente y que la licitación había sido simulada. El juez, en enero de 2021, archivó la causa: no hubo “distracción de dinero” para “pagos u obras ajenas”.
Lo mismo sucedió con la pieza separada que investigaba el origen y destino de las donaciones que cargos públicos de Podemos hicieron al Proyecto Impulsa, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a lo largo de 2016. El partido presentó medio centenar de certificados de donación desde esa fundación a diversas asociaciones destinadas a distintas causas sociales y el juez optó por el archivo. La denuncia sobre los supuestos sobresueldos que cobraban los líderes del partido político también acabó en el archivo en marzo de 2021. Tanto Calvente como Carmona denunciaron que las nóminas de algunos altos cargos del partido tenían complementos salariales irregulares. El juez Juan José Escalonilla entendió que eran complementos aprobados por el Consejo de Coordinación del partido y que los gastos que pasaban a la formación política eran “aprobados en sus respectivas áreas”.
Una de las derivadas del caso que más titulares y más idas y venidas judiciales protagonizó fue la de la caja de solidaridad de Podemos, bautizada por las acusaciones como una 'caja B' que finalmente no existía. En enero de este año la Audiencia Provincial de Madrid certificó en firme que no existieron salidas opacas de dinero del Fondo Salarial del partido a una asociación llamada '404', tal y como denunciaba entre otros la exsenadora Celia Cánovas. “No consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos”, dijo, contundente, la Audiencia de Madrid.
Imputadas por cuidar un bebé
El último auto de archivo, todavía recurrible ante la Audiencia Provincial, tiene que ver con una acusación surgida de un informe de Mónica Carmona remitido a los tribunales. La abogada afirmaba que el matrimonio formado por Pablo Iglesias e Irene Montero había utilizado de forma irregular a un cargo público, Teresa Arévalo, como niñera de su hija pequeña. El juez ha mantenido esta línea de investigación abierta durante más de un año e incluso ha indagado en la posibilidad de que más colaboradoras de los políticos hubieran usado a una segunda trabajadora, Gara Santana, igualmente como niñera. Un juez incluso se dirigió por escrito a Irene Montero, ministra de Igualdad, a través de la Comisaría del Congreso para que tuviera constancia de la apertura del proceso penal.
Detrás de este procedimiento, que recientemente ha quedado archivado ante la ausencia de cualquier prueba estaba la alegación de Mónica Carmona de haber recibido una denuncia anónima destapando este uso irregular de una empleada del partido como niñera de su hija. Posteriormente la causa engordó cuando la antigua escolta de Montero, que pleiteó con la ministra tras su despido, también denunció que era usada como “recadera” y alegó haber sufrido un trato humillante. Ella fue quien, ante el juez, apuntó a Santana como otra niñera supuestamente irregular.
El juez fue claro en su auto: “De las diligencias de investigación practicadas no solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaba funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.