Tras estudiar durante meses la recalificación que el Ayuntamiento de Hoyo del Manzanares (Madrid) intentó llevar a cabo de una parcela propiedad de la universidad privada Antonio de Nebrija, el fiscal delegado de Medio Ambiente César Estirado no solo determinó que el alcalde, el popular Ramón Regueira (del PP) y otros ediles del consistorio prevaricaron al permitir la edificación en el solar. También llegó a la conclusión de que lo hicieron dos técnicos del Ayuntamiento y además un alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy: el director general del Ministerio de Justicia Javier Gómez Gálligo.
Así lo escribió el fiscal en el borrador de la denuncia que había decidido presentar antes del verano en un juzgado de Colmenar Viejo, después de que una pequeña agrupación de electores, Unidos por Hoyo, le presentara un escrito sobre un polémico expediente urbanístico el octubre anterior. Se trataba de una finca de la Universidad Antonio de Nebrija en la que se pretendía edificar sin cumplir con el planeamiento municipal. El proyecto de urbanización acabó siendo paralizado después de que el Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid concluyese que vulneraba las leyes urbanísticas.
El demoledor informe de la registradora
¿Qué pinta un alto cargo del ministro Rafael Catalá en un sumario de presunta corrupción local de un pequeño pueblo de Madrid? El asunto es farragoso. Ese verano, Javier Gómez Gálligo era ya el director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia. Y desde ese puesto fue también la persona que, según consta en las diligencias previas de la Fiscalía, corrigió la decisión de una registradora de la propiedad que se negaba a inscribir la parcela con el argumento de que incumplía la normativa urbanística municipal y también la ley del suelo autonómica.
La registradora de la propiedad, una técnica que pertenece al cuerpo de funcionarios del Estado, decidió denegar la inscripción con un demoledor informe que dejó por escrito. En su párrafo más contundente escribía: “Se aprecia claramente que el Ayuntamiento está autorizando una segregación que incumple el Planeamiento Municipal, admitiéndolo expresamente”.
Pero contra el acto administrativo de la registradora de la propiedad cabía recurso y los promotores del solar, la Universidad Antonio de Nebrija, acudieron entonces ante la Dirección General de Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, que decidió anular la decisión de la funcionaria e inscribir la parcela.
Ahí podría estar según el fiscal la prevaricación que se proponía investigar. Según el borrador de la querella que escribió el delegado de la Fiscalía de Medio Ambiente, Gómez Gálligo -como director general de ese organismo dentro del Ministerio de Justicia- “revocó la citada resolución, pese a ser conforme a Derecho, alegando de forma falaz que las operaciones de segregación y cesión no eran contrarias a la legalidad urbanística, pese a que como resultado de las mismas, quedaba la parcela fuera de ordenación”.
El director general del Ministerio desaparece de la querella original
El alto cargo del Ministerio era uno de los doce querellados contra los que dirigía la investigación el fiscal en esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Junto a él estaban el alcalde de Hoyo de Manzanares, nueve concejales que aprobaron el cambio de clasificación de la finca, un técnico municipal y el letrado asesor del Ayuntamiento y dos directivos de la universidad Antonio de Nebrija.
El fiscal delegado de Medio Ambiente escribía sobre ellos en su borrador de querella: “Todos los querellados se pusieron de acuerdo con la Universidad promotora para favorecer arbitrariamente sus intereses urbanísticos”.
Cuando vio la denuncia el Fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, este se negó a incluir entre los investigados al alto cargo de Justicia. Polo decidió firmar él mismo la querella que dirigió contra el resto de imputados que proponía el fiscal que había iniciado el caso. En el escrito que se presentó el pasado verano ante un juzgado de Colmenar Viejo ya no estaba el director general del Ministerio. El argumento de Polo es que ese punto del proceso no había elementos suficientes para investigar al alto cargo del ministerio. La querella fue admitida a trámite y todos los demás implicados han sido imputados.
El fiscal pide ser relevado del caso
Vistas las discrepancias entre el fiscal que inició la investigación, César Estirado, y su superior acerca del papel del alto cargo de Justicia, Estirado decidió acogerse al artículo 27 del Estatuto de la carrera que exige reunir a la junta de fiscales -los 211 de Madrid- para escuchar su opinión (que no será vinculante) antes de que el Fiscal jefe provincial adopte una decisión definitiva.
Esa reunión se celebró el pasado 30 de septiembre tomaron la palabra, además del fiscal del caso, el propio Estirado, otros 18 fiscales, de entre los 195 asistentes, según consta en un decreto de la Fiscalía General del Estado en poder de eldiario.es. Y según fuentes presentes en la cita, la mayoría de miembros de la carrera que intervinieron lo hicieron para ponerse del lado del jefe provincial, José Javier Polo. Pero antes de cerrarse la reunión uno de los fiscales pidió someterlo a votación. Polo no lo consideró apropiado y decidió poner fin al encuentro.
Visto que había sido corregido su criterio, el fiscal que había arrancado las pesquisas pidió ser relevado del caso. Su superior aceptó la renuncia pero la investigación no fue a parar a otro miembro del equipo especializado en medio ambiente y urbanismo sino que Polo puso el asunto en manos de la Fiscal Decana de Alcobendas, la sección territorial a la que pertenecen los juzgados de Colmenar Viejo.
Así estaban las cosas hasta el pasado martes en que se celebró una reunión del Consejo Fiscal, el órgano donde está representada toda la carrera, y en el que tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales plantearon al Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, que el jefe provincial de Madrid había vulnerado el Estatuto al impedir votar sobre el artículo 27 invocado por el fiscal César Estirado.
Sánchez Melgar, que había sido nombrado un mes antes en sustitución del fallecido José Manuel Maza, y que debutaba en esas reuniones, dio la razón a los vocales de la UPF. Y el Consejo Fiscal determinó por unanimidad que debía repetirse la junta de Fiscales de Madrid. La decisión implica una desautorización a Polo, uno de los pesos pesados de la Fiscalía en Madrid, que ya ha convocado otra reunión para el próximo 10 de enero en la que los 211 fiscales deberán votar acerca de la imputación o no del alto cargo de Justicia en el asunto de Hoyo de Manzanares.
La decisión que adopte la Junta no será vinculante para Polo, quien podrá imponer su criterio y decidir si el alto cargo del Gobierno de Rajoy debe ser imputado.
“No va a haber ningún problema”
El propio Polo ha restado importancia a la decisión del Fiscal General del Estado de corregir sus últimas decisiones en el asunto de Hoyo de Manzanares. Según ha manifestado al portal Confilegal, el fiscal jefe provincial se muestra seguro de que sus tesis serán ratificadas por la mayoría del cuerpo de fiscales de Madrid el próximo 10 de enero: “No va a haber ningún problema. Es más, la votación va a ser abrumadoramente mayoritaria a la tesis que he mantenido”.
En la querella original que nunca vio la luz, el fiscal del caso César Estirado no solo defendía que había que imputar al mando de Catalá, también pedía al juez citar como testigo a la registradora de la propiedad que decidió no inscribir la parcela en la que pretendía construir la Universidad Antonio de Nebrija y que fue desautorizada por el director general del Ministerio.