Organizaciones sociales de la convulsa región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, denunciaron el asesinato de un joven campesino de 20 años por soldados del Ejército durante una movilización contra “las erradicaciones manuales, violentas y forzadas” de coca en la zona.
El hecho en el que fue asesinado Alejandro Carvajal, señalaron la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) en un comunicado, ocurrió a las 15.00 hora local (20.00 GMT) del jueves en la vereda (aldea) Santa Teresa, que hace parte del municipio de Sardinata.
Según las organizaciones, las comunidades de la zona denunciaron que los soldados amenazaron con “abrir fuego a las personas que se encuentran en los asentamientos campesinos y se oponen a las erradicaciones manuales forzadas que se desarrollan desde el pasado 11 de marzo”.
Al respecto, la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, que opera en el Catatumbo, señaló que “cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres se encontraban en desarrollo de operaciones de control territorial, en un incidente, al parecer por un integrante de la unidad militar, muere un habitante de la región”.
“Estos hechos ya son materia de investigación”, precisó el Ejército en un comunicado y agregó: “El hecho que se presentó en la vereda Santa Teresa (...) fue informado de manera inmediata a las autoridades competentes. Los actos urgentes son adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía”.
PETICIÓN DE ESCLARECIMIENTO
La Ascamcat y la Coccam pidieron a la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo y las autoridades de norte de Santander, donde está ubicada la región del Catatumbo, que esclarezcan “los hechos de la ejecución y se apliquen las sanciones penales, administrativas y disciplinarias correspondientes”.
El Catatumbo está conformado por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica.
La región 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos y en los que habitan más de 250.000 personas donde operan las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Ejército Popular de Liberación (EPL), esta última considerada por el Gobierno como banda criminal.
Ambos grupos traban una guerra para controlar los vastos cultivos de coca de la zona y las rutas del narcotráfico.
RECUERDO DEL CASO DE DIMAR TORRES
Este caso recuerda el del exguerrillero de las FARC Dimar Torres, al que un militar mató de un disparo en abril del año pasado en una zona rural de Convención, que forma parte del Catatumbo.
En un comienzo fue presentado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez, quien fue condenado el año pasado a 20 años de prisión por el asesinato del desmovilizado.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló en su informe anual sobre Colombia, presentado en febrero pasado, que en 2019 hubo 15 casos de “presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”.
Del total, 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”.