Alianza Cívica, un partido de ámbito nacional de reciente creación que se define como “Pragmático y Transversal”, ha presentado este jueves ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia contra los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de Vox y los responsables de tesorería “por los presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal, malversación de caudales públicos y organización criminal”.
El escrito de la denuncia –a la que ha tenido acceso elDiario.es–, está firmado por la presidenta de la formación, Herenia Trillo, y en él se relatan una serie de hechos supuestamente delictivos, conocidos en base a “diferentes fuentes”, y que a juicio de los demandantes podrían suponer “pruebas o indicios de diversos delitos en relación a las cuentas del partido político Vox”.
La primera supuesta irregularidad que relatan es referente a los alquileres de las dos sedes del partido, la primera en la madrileña calle de Nicasio Gallego número 9, en donde se instaló el partido a principios de 2019. Según explican en la denuncia, “el inmueble, de 387 metros cuadrados, es propiedad de la sociedad mercantil Coravest SL, cuyas últimas cuentas disponibles datan de 2017 y reflejan nula actividad al carecer de un solo euro de cifra de negocio y ningún empleado contratado”. “Sin embargo –añaden–, la empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el 12 de diciembre de 2018”. Coravest SL, siempre según los denunciantes, está directamente vinculada al vicepresidente primero de Vox en aquel momento Víctor González Coello de Portugal –que en la actualidad es vicepresidente del área económica de Vox–, que “de acuerdo al Registro Mercantil, ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado y que escrituró la compra del local objeto de arrendamiento el 27 de septiembre, menos de un mes antes de alquilarlo a la formación política”.
Los dirigentes de Vox explicaron en diversas declaraciones que “solo pagarían al principio 3.500 euros mensuales más IVA: es decir, 9,8 euros por metro cuadrado pese a que el portal inmobiliario idealista.com cifró en las mismas fechas el valor del metro cuadrado de alquiler de locales de oficinas en la misma zona en 17,6 euros de media”. Para explicar este bajo precio de alquiler de la sede, el gerente de Vox, Enrique Cabanas, declaró a algunos medios de comunicación que se debía “a que el partido había pactado con el propietario pagar menos al principio” porque el inmueble necesitaba “una reforma en profundidad muy costosa”. Pero, según Cabanas, “ese precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA (16,7 euros el metro cuadrado) tras seis años completos desde la firma del contrato de alquiler”.
Los demandantes afirman que “las cuentas de Vox del año 2019 no reflejan de forma concreta en ninguno de sus asientos dicha reforma, ni su precio, ni tampoco presenta facturas de la empresa que la acomete”. “Una vez que esta es finalizada, en agosto de ese mismo año, Vox se muda a su actual sede en la calle Bambú número 12 sin completar los supuestos 6 años de arrendamiento pactados”.
En la denuncia continúan explicando el “pelotazo” que a su juicio dieron con esta sede ya que “tan solo unos meses después, en enero de 2020, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), escuela de formación de líderes políticos gestionada por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la política francesa Marine Le Pen –líder de la formación hermana de Vox en Francia– abrió sus puertas en la recién reformada sede de Nicasio Gallego, 9”. “Con esta operación, Vox habría sufragado de forma encubierta la reforma del local propiedad de la sociedad administrada por su vicepresidente primero, asumiendo sus costes y revalorizando el inmueble además de facilitar su posterior e inmediato alquiler por una entidad afín, que además emplearía a cargos de Vox en su actividad”, concluye en su denuncia Alianza Cívica. “La premeditación de esta conducta se subraya no solo por el hecho del bajísimo alquiler pagado sino que no transcurren ni 12 meses hasta que la formación se muda de nuevo”, sostienen los demandantes.
El censo de las primarias y de las cuotas de militantes, “inflado”
Por otro lado, en la denuncia también se pone el foco en el desfase de ingresos que Vox declara por cuotas de afiliación y del censo que aseguró tener durante el proceso de primarias celebradas en septiembre de 2020. En aquella fecha, Vox convocó elecciones internas en todas aquellas provincias que, según sus estatutos, contaban con más de 500 afiliados. Los aspirantes necesitaban el aval de un 10% de la militancia de su provincia para poder presentar su candidatura y “para tal fin, el partido hizo públicas las cifras de afiliados en las 19 provincias que pasaban el corte, revelando una pérdida de militantes que en el mejor de los casos ascendía a más de 7.000 respecto a los declarados por el partido en 2019”, explican los demandantes. “Se totalizaron, según el censo, 28.790 afiliados. Incluso si las 33 demarcaciones restantes que no alcanzaron el corte tuvieran 499 afiliados cada una, la suma daría 16.467 militantes, por lo que, en total y en el mejor de los casos, Vox tendría 45.257 afiliados en el mes de septiembre, frente a los 52.407 que decía tener a finales del año 2019”, sostienen los dirigentes de Alianza Cívica.
Pero abundan más y se remontan a la Asamblea General del partido de extrema derecha, celebrada en marzo de 2021, en la que revelaron sus cuentas anuales de 2020, que están publicadas en su web. “En dicho documento -recuerdan los denunciantes- se establece que el ejercicio 2020 concluye con 62.374 afiliados, y unos ingresos por cuotas de 4.652.521,54 euros”, “lo que supone una media de ingresos por afiliado de 6,215 euros al mes”. Con estos datos Alianza Cívica cree que “es difícil explicar cómo en un intervalo de 4 meses -de septiembre a enero- la militancia aumenta como mínimo en 17.117 afiliados, es decir, más de 4.000 al mes, que supondrían para la formación más de 1.276.585,86 euros en cuotas si los nuevos militantes hubieran abonado las 12 mensualidades del ejercicio completo”. “Él -continúan- reconoce en sus cuentas un aumento en este concepto por valor de 762.932,02 euros con respecto al 2019, que en ningún caso se corresponde a las pérdidas que cabría suponer de acuerdo a la fuga de afiliados que arrojan las cifras dadas en septiembre”.
Además, recuerdan que “el censo de afiliados, tal y como admitió el partido, fue auditado externamente durante las primarias de septiembre para garantizar el proceso electoral, del mismo modo que podía ser consultado por la militancia durante dicho periodo, por lo que no cabe error en esa cifra”. Todo ello les lleva a deducir que la formación de Abascal declaró “unas cifras de afiliación deliberadamente infladas”.
Para Alianza Cívica, “esta maniobra tiene importantes consecuencias contables y podría obedecer a una estrategia de encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados”, o “en todo caso, expone una contabilidad presuntamente falseada que no refleja la situación jurídica o económica real de la entidad”. Junto a esto añaden que, según los testimonios de diversos militantes de Vox, “al intentar darse de baja no han podido, porque el partido no se lo ha permitido y les ha ofrecido la opción de seguir activos como afiliados sin pagar cuota alguna”. Ello les lleva a pensar que “Vox estaría maquillando ingresos procedentes de otras vías”.
Irregularidades en la contabilidad de varias agrupaciones locales y engaño en la 'mercadotecnia'
Alianza Cívica ve también “razonables indicios de falseamiento” en “las contabilidades del partido que desglosan los ingresos de sus agrupaciones locales, computándolas anualmente en las provincias donde la formación tiene presencia” y que “podrían enmascarar ingresos procedentes de fuentes no declaradas o de origen indeterminado”. Y ponen de ejemplo casos como los de Alicante, Albacete o Barcelona.
El partido demandante describe que “el partido exige a los coordinadores locales la compra directa a la organización de Vox en Madrid del material de las mesas informativas, que deberán reembolsar a la formación como si de un crédito se tratase, mediante la devolución de los beneficios que se obtengan por la venta de merchandising, debidamente disfrazados de donaciones al partido a sabiendas de que se trata en realidad de una actividad mercantil habitual, expresamente prohibida en la ley de financiación de partidos políticos”.
“La venta encubierta de mercadotecnia para presuntamente eludir los controles que estipula la ley ha sido constatada por los más altos cargos del partido, como Carlos Aurelio Caldito, exvicepresidente de Vox en Badajoz o el señor D. Juan Luís Jara Delgado, quien ostentaba en el año 2016 el cargo de vicepresidente primero de Vox”, indican. Jara, aseguran los dirigentes de Alianza Cívica, “se pone a disposición de la Fiscalía para prestar testimonio y corroborar estos hechos”, y es el que puede corroborar “que esta fórmula fue diseñada y coordinada directamente por el señor Enrique Cabanas y conocida y aprobada por Santiago Abascal en calidad de presidente del partido”.
Este denuncia estaría avalada por mensajes de WhatsApp enviados por algunos coordinadores como los de Barcelona, en los que se pide a los afiliados que han colaborado en las carpas informativas del partido que entreguen las cantidades recaudadas “en sobres o en algo cerrado donde ponga el importe y el pueblo” donde han estado, “porque así nos lo pide la contabilidad de la central”, les indican.
En uno de los documentos aportados en la denuncia se acredita que Vox establece de forma taxativa que el máximo de ingresos en la hucha del partido no debe sobrepasar los 299 euros y siempre “en efectivo, no por transferencia” para no vulnerar la ley. “Además, la imposición de compra de materiales al partido no solo incluye la mercadotecnia, sino que abarca desde la propia mesa, pasando por el mantel que la cubre, las banderas de España que la decoran o el roll up publicitario de la formación”. “Hasta que se completa la total devolución del importe de estos materiales, el gasto se imputa a los coordinadores y a su equipo, a quienes se hace deudores de dichas cantidades a título particular llegando a reclamárselas por vía judicial”, explican más adelante. En definitiva, a juicio de Alianza Cívica, “se disfrazaría de donativos lo que en realidad es la venta habitual de merchandising y encubrimiento de donantes”. Son las denominadas “micro donaciones” que eran “realizadas en metálico y que se mantendrían de forma artificial siempre por debajo de las cantidades que por ley deben declararse o de la exigencia legal de identificar a los donantes”.
El partido que preside Herenia Trillo pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue este compendio de presuntas irregularidades dado que “podrían ser constitutivas de los delitos de administración desleal; malversación de caudales públicos; financiación ilegal de partidos políticos y pertenencia a organización criminal”.